Estados Unidos pone las armas, México los muertos
Según el gobierno mexicano, el objetivo de la demanda interpuesta contra las empresas de armas de Estados Unidos tiene dos intenciones: por un lado, busca lograr un aumento de los controles dentro de territorio estadounidense, y, por otro, pretende obtener una compensación económica, cuyo monto todavía no se conoce.
Dardo Justino Rodríguez/Latinoamérica21
La violencia en México es grave y parte de esta situación es responsabilidad del tráfico ilegal de armas proveniente, en su totalidad, de Estados Unidos. Desde hace años, en parte como efecto de la lucha contra el narcotráfico, México suma miles de muertos a una sombría estadística que asombra, preocupa y genera pavor. Como dicen en el norte azteca, “los gringos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos”.
La demanda mexicana
El pasado 4 de agosto, el gobierno federal mexicano presentó una demanda civil por daños ante la Corte Federal de Massachusetts (Estados Unidos) contra once empresas fabricantes de armas por la venta irresponsable y negligente que habrían estado concretando en territorio mexicano, favoreciendo así al tráfico ilegal de armas, que ha provocando daños directos al país.
Tras la presentación de la demanda, el pasado 21 de agosto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, comunicó que la corte estadounidense aceptó a trámite la demanda presentada. “La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio (...). Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos”, publicó el canciller en sus redes sociales. La demanda se presentó en Boston porque es la ciudad sede de las empresas demandadas.
Le sugerimos: Lo que hay detrás de la demanda de México contra las empresas de armas de EE. UU.
Sin embargo, a pesar de esta aceptación judicial, hay que tener en cuenta que el proceso puede prolongarse por años, máxime teniendo en cuenta el poder político de dichos fabricantes, que tienen entre sus principales apoyos a la muy poderosa Asociación del Rifle, a la cual pertenecieron, entre otros famosos, los ya fallecidos John Wayne y Charlton Heston. Su lema: “las armas no matan, los hombres matan” es una falacia de cabo a rabo, que encuentra muchos adeptos en un pueblo históricamente acostumbrado al manejo de armas de fuego.
Según el gobierno mexicano, el objetivo de esta demanda es doble. Por un lado, busca lograr un aumento de los controles dentro de Estados Unidos, y, por otro, pretende obtener una compensación económica, cuyo monto todavía no se ha dado a conocer.
Las empresas demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Inc., Glock Ges.m.b.H. y Sturm y Ruger & Co. Asimismo, se demanda a Witmer Public Safety Group e Interstate Arms, al ser distribuidores y proveedores de las armas. Debe señalarse que Barrett fabrica el fusil de francotirador calibre 50, que es el preferido por los narcos mexicanos.
Cifras que estremecen
La presentación judicial del país azteca cita algunas cifras que estremecen: el tráfico ilegal supera el medio millón de armas de fuego anuales que colaboraron a causar, solo en el 2020, más de 36.000 víctimas, lo que representa una tasa de 29 homicidios por cada 100.000 personas. De acuerdo con una revisión de datos publicados por los medios de prensa mexicanos, la realidad no solo es grave, sino que va in crescendo. De 23.100 muertos en 2017, se pasó a 36.750 en 2020.
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Aunque no todas las fuentes coinciden en las cifras, estas sí concuerdan en que desde 2007 han sido asesinados más de 350.000 mexicanos, muchos de ellos totalmente ajenos al conflicto armado por causa del narcotráfico. Del total de muertos del año pasado, unos 5.000 eran jóvenes, en tanto unos 300 eran niños.
Demanda adelantada
Los abogados del gobierno mexicano vienen trabajando en la demanda desde comienzos de 2020, pero un suceso apuró la presentación ante la Corte. Se trata de la oferta de indemnización que presentó la Remington Arms a los familiares de las víctimas de la matanza en una escuela de Connecticut. En ese hecho, ocurrido en 2012, 26 niños y adultos fueron asesinados con armas de su fabricación.
Aunque algunas leyes federales aprobadas a inicios de este siglo amparan a los fabricantes ante una demanda civil, Remington, consciente de que la impunidad tiene límites, estableció negociaciones privadas para resarcir a las familias de los asesinados con 33 millones de dólares. Por ello, el gobierno mexicano estimó que este era el momento propicio para presentar su propia demanda.
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Y es que, de hecho, las empresas fabrican armas diseñadas especialmente para los narcos, con el objetivo de atraer mercado de los carteles. Aquellas incluyen diferentes arreglos estéticos y de funcionamiento pensados, expresamente, para los jefes y sicarios del narcotráfico: por ejemplo, la pistola Colt calibre 38, que lleva la imagen de Emiliano Zapata, todo un ícono mexicano, incluye el lema más famoso del revolucionario: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.
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Dardo Justino Rodríguez es analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.
La violencia en México es grave y parte de esta situación es responsabilidad del tráfico ilegal de armas proveniente, en su totalidad, de Estados Unidos. Desde hace años, en parte como efecto de la lucha contra el narcotráfico, México suma miles de muertos a una sombría estadística que asombra, preocupa y genera pavor. Como dicen en el norte azteca, “los gringos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos”.
La demanda mexicana
El pasado 4 de agosto, el gobierno federal mexicano presentó una demanda civil por daños ante la Corte Federal de Massachusetts (Estados Unidos) contra once empresas fabricantes de armas por la venta irresponsable y negligente que habrían estado concretando en territorio mexicano, favoreciendo así al tráfico ilegal de armas, que ha provocando daños directos al país.
Tras la presentación de la demanda, el pasado 21 de agosto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, comunicó que la corte estadounidense aceptó a trámite la demanda presentada. “La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio (...). Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos”, publicó el canciller en sus redes sociales. La demanda se presentó en Boston porque es la ciudad sede de las empresas demandadas.
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Sin embargo, a pesar de esta aceptación judicial, hay que tener en cuenta que el proceso puede prolongarse por años, máxime teniendo en cuenta el poder político de dichos fabricantes, que tienen entre sus principales apoyos a la muy poderosa Asociación del Rifle, a la cual pertenecieron, entre otros famosos, los ya fallecidos John Wayne y Charlton Heston. Su lema: “las armas no matan, los hombres matan” es una falacia de cabo a rabo, que encuentra muchos adeptos en un pueblo históricamente acostumbrado al manejo de armas de fuego.
Según el gobierno mexicano, el objetivo de esta demanda es doble. Por un lado, busca lograr un aumento de los controles dentro de Estados Unidos, y, por otro, pretende obtener una compensación económica, cuyo monto todavía no se ha dado a conocer.
Las empresas demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Inc., Glock Ges.m.b.H. y Sturm y Ruger & Co. Asimismo, se demanda a Witmer Public Safety Group e Interstate Arms, al ser distribuidores y proveedores de las armas. Debe señalarse que Barrett fabrica el fusil de francotirador calibre 50, que es el preferido por los narcos mexicanos.
Cifras que estremecen
La presentación judicial del país azteca cita algunas cifras que estremecen: el tráfico ilegal supera el medio millón de armas de fuego anuales que colaboraron a causar, solo en el 2020, más de 36.000 víctimas, lo que representa una tasa de 29 homicidios por cada 100.000 personas. De acuerdo con una revisión de datos publicados por los medios de prensa mexicanos, la realidad no solo es grave, sino que va in crescendo. De 23.100 muertos en 2017, se pasó a 36.750 en 2020.
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Aunque no todas las fuentes coinciden en las cifras, estas sí concuerdan en que desde 2007 han sido asesinados más de 350.000 mexicanos, muchos de ellos totalmente ajenos al conflicto armado por causa del narcotráfico. Del total de muertos del año pasado, unos 5.000 eran jóvenes, en tanto unos 300 eran niños.
Demanda adelantada
Los abogados del gobierno mexicano vienen trabajando en la demanda desde comienzos de 2020, pero un suceso apuró la presentación ante la Corte. Se trata de la oferta de indemnización que presentó la Remington Arms a los familiares de las víctimas de la matanza en una escuela de Connecticut. En ese hecho, ocurrido en 2012, 26 niños y adultos fueron asesinados con armas de su fabricación.
Aunque algunas leyes federales aprobadas a inicios de este siglo amparan a los fabricantes ante una demanda civil, Remington, consciente de que la impunidad tiene límites, estableció negociaciones privadas para resarcir a las familias de los asesinados con 33 millones de dólares. Por ello, el gobierno mexicano estimó que este era el momento propicio para presentar su propia demanda.
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Y es que, de hecho, las empresas fabrican armas diseñadas especialmente para los narcos, con el objetivo de atraer mercado de los carteles. Aquellas incluyen diferentes arreglos estéticos y de funcionamiento pensados, expresamente, para los jefes y sicarios del narcotráfico: por ejemplo, la pistola Colt calibre 38, que lleva la imagen de Emiliano Zapata, todo un ícono mexicano, incluye el lema más famoso del revolucionario: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.
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Dardo Justino Rodríguez es analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.