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Estados Unidos anunció que ha prohibido la entrada al país al excomandante del Ejército colombiano, Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados “falsos positivos”, por “graves violaciones” a los derechos humanos.
“Existen pruebas creíbles de que, durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.
La Administración de Joe Biden decidió sancionar al excomandante por participar en “graves violaciones de los derechos humanos” y, como resultado de esta decisión, Montoya Uribe y sus familiares directos “no tienen derecho a entrar a Estados Unidos”.
Blinken afirmó que Estados Unidos seguirá respaldando “una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los supervivientes”. Esta sería una muestra de que “Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016″, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Asimismo, encomió la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para “poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto”.
¿Cómo va el caso de Montoya en la JEP?
El año pasado, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
A Montoya se le acusa de ser el autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.
El excomandante de la IV Brigada del Ejército Nacional no acepta los cargos y pidió la nulidad en el caso en su contra por “falsos positivos” cometidos en Antioquia. Sin embargo, en mayo, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de nulidad que interpuso Montoya.
La defensa del general en retiro alegaba vulneración al debido proceso por presuntas fallas en la recolección de pruebas documentales y testimoniales; y, por tanto, aseguró que la imputación de cargos era improcedente.
Sin embargo, la Sala de Reconocimiento aseguró que: “(...) trasladó todos los informes y menciones que a la fecha del llamamiento del señor Montoya Uribe tenía en su conocimiento y contaba con su digitalización y, por otra, se le garantizó las condiciones necesarias a él y a su abogado para que pudieran revisar el expediente digital y así hacer un correcto ejercicio de su derecho a la defensa”.
Así las cosas, la etapa procesal que sigue es la de juicio, donde el imputado tiene derecho a apelar.
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