Esto fue lo que Biden tuvo que entregar en el acuerdo sobre el techo de la deuda

El texto legislativo íntegro del acuerdo en principio del presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy con el presidente Joe Biden para suspender el tope de deuda de la nación reveló importantes nuevos detalles sobre el acuerdo, que se espera se someta a votación entre los legisladores de la Cámara Baja esta semana.

El texto legislativo íntegro del acuerdo en principio del presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy con el presidente Joe Biden para suspender el tope de deuda de la nación reveló importantes nuevos detalles sobre el acuerdo, que se espera se someta a votación entre los legisladores de la Cámara Baja esta semana.

La pieza central del acuerdo todavía es una suspensión de dos años al tope de la deuda, que establece un límite para la cantidad total de dinero que el gobierno puede pedir prestado. Suspender ese tope, que ahora se encuentra fijo en 31,4 billones de dólares, le permitiría al gobierno seguir pidiendo dinero prestado y pagar a tiempo sus obligaciones, siempre y cuando el Congreso apruebe el acuerdo antes del 5 de junio, fecha en que el Departamento del Tesoro calcula que Estados Unidos se quedará sin dinero.

A cambio de suspender el límite, los republicanos le exigieron a Biden varias concesiones de política pública. Una de las principales fue fijar límites al aumento del gasto federal discrecional en los siguientes dos años. Biden también aceptó algunos nuevos requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de vales de comida y el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por su sigla en inglés).

Ambas partes convinieron en tomar medidas moderadas con el propósito de acelerar los permisos de algunos proyectos de energía (y, en una acción sorpresiva, iniciar un proceso rápido para la construcción de un nuevo gasoducto de Virginia Occidental a Virginia que han promovido algunos legisladores republicanos y un demócrata de centro clave.

Estos serían los efectos de la legislación:

Suspensión temporal del límite de la deuda

El acuerdo deja suspendido el tope de 31,4 billones de dólares al endeudamiento de la nación hasta enero de 2025. Suspender el límite de la deuda por un periodo determinado es distinto a establecerlo en un nuevo punto fijo. En esencia, le da al Departamento del Tesoro la capacidad de tomar préstamos por la cantidad de dinero que necesite para cubrir las obligaciones del país en ese periodo, más unos cuantos meses después de llegar al límite, pues el departamento aplica maniobras contables para mantener al día sus pagos.

Es distinto del proyecto de ley aprobado por los republicanos de la Cámara de Representantes, que elevó el límite 1,5 billones de dólares o hasta marzo de 2024, lo que ocurriera primero.

Conforme a la nueva legislación, el tope de la deuda se fijará al nivel que haya alcanzado cuando concluya la suspensión. Por motivos políticos, los republicanos por lo general prefieren suspender el límite de la deuda a elevarlo, pues así pueden decir que, técnicamente, no aprobaron un límite de deuda más alto.

La suspensión trasladará la próxima pelea potencial por la carga de deuda de la nación a 2025, mucho después de las próximas elecciones presidenciales.

Topes y recortes al gasto

El proyecto de ley recorta gastos designados (categorizados como discrecionales no relacionados con la defensa, que incluyen la aplicación de leyes nacionales, la gestión forestal y la investigación científica, entre otros conceptos) para el ejercicio fiscal 2024. Pretende limitar todos los gastos discrecionales a un crecimiento del uno por ciento en 2025, lo que en realidad es un recorte al presupuesto, pues según los pronósticos, este ritmo de aumento será más lento que la tasa de inflación.

El texto legislativo y los funcionarios de la Casa Blanca dan información distinta sobre las dimensiones reales de estos recortes.

Algunas partes son claras. El presupuesto propuesto para el gasto militar indica un aumento a 886.000 millones de dólares el próximo año, lo que se encuentra en línea con lo que solicitó Biden en su propuesta de presupuesto para 2024, y un alza hasta 895.000 millones de dólares en 2025. El gasto destinado al cuidado de la salud de los veteranos, incluidas medidas de reciente aprobación con el propósito de ayudar a los veteranos expuestos a fosas de quemado tóxicas, también quedaría cubierto al nivel del presupuesto propuesto por Biden.

El texto legislativo da a entender que el gasto discrecional no relacionado con la defensa, fuera de los programas para los veteranos, se reducirá en 2024 aproximadamente al nivel de gasto del ejercicio anterior. Pero funcionarios de la Casa Blanca han dicho que una serie de acuerdos independientes con los republicanos, incluido uno sobre financiamiento para el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés), permitirán que la financiación real sea más cercana a los niveles de este año.

Aunque los republicanos en un principio habían solicitado 10 años de topes al gasto, esta legislación incluye solo dos años de topes y luego cambia a objetivos de gasto que no son obligatorios conforme al derecho (en esencia, solo son sugerencias).

La Casa Blanca calcula que el acuerdo producirá un ahorro de 1 billón de dólares en el transcurso de una década gracias a la reducción del gasto discrecional.

Un análisis de la propuesta realizado por The New York Times (a partir de estimaciones de la Casa Blanca sobre el financiamiento real previsto en el acuerdo, no solo el nivel contenido en el texto legislativo) sugiere que el gasto federal se reduciría alrededor de 55.000 millones de dólares el año próximo, en comparación con las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y otros 81.000 millones de dólares en 2025. Si entonces el gasto volviera a tener un crecimiento como el que predice la oficina del presupuesto, el ahorro total en una década sería de alrededor de 860.000 millones de dólares.

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Recupera financiamiento del IRS

La legislación ataca una de las mayores prioridades de Biden: apoyar al IRS para identificar a los evasores fiscales y verificar que las empresas y las personas físicas con muchos recursos paguen lo que deben.

Los demócratas incluyeron 80.000 millones de dólares para ayudar al IRS a contratar a miles de empleados más y actualizar su tecnología anticuada en la Ley de Reducción de la Inflación del año pasado. El acuerdo sobre el límite de la deuda rescindiría de inmediato 1380 millones de dólares del IRS y, a fin de cuentas, canalizaría de manera distinta otros 20.000 millones de dólares de los 80.000 millones que recibió a través de la Ley de Reducción de la Inflación.

Funcionarios del gobierno señalaron el 28 de mayo que habían convenido en reprogramar 10.000 millones de dólares de dinero adicional del IRS en los ejercicios de 2024 y 2025 para mantener el financiamiento de algunos programas discrecionales no relacionados con la defensa.

Esta acción afectará las medidas que ha tomado la agencia de recaudación de impuestos para identificar a los ricos evasores fiscales. También representa una victoria política para los republicanos, que han estado encolerizados ante la posibilidad de un IRS reforzado y una legislación aprobada en la Cámara de Representantes para rescindir los 80.000 millones de dólares en su totalidad.

De cualquier forma, debido al margen de maniobra que tiene el IRS para determinar cómo y cuándo gasta dinero, es posible que la recuperación no afecte los planes de la agencia en los próximos años. Algunos funcionarios indicaron en una llamada con periodistas que no esperan ninguna interrupción debido a la pérdida de ese dinero en el corto plazo.

Es probable, ya que los 80.000 millones de la ley de 2022 se incautaron en un solo movimiento, pero la agencia planeaba gastarlo en un plazo de ocho años. Algunos funcionarios propusieron que el IRS sencillamente utilizara más pronto parte del dinero asignado para años posteriores y después volviera al Congreso para pedirle más dinero.

Nuevos requisitos de trabajo para las prestaciones de gobierno

La legislación impondría nuevos requisitos de trabajo a los estadounidenses de mayor edad que reciben vales de comida a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y ayuda del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.

El proyecto establece nuevos requisitos de trabajo para recibir vales de alimentos para adultos de entre 50 y 54 años que no tienen hijos en casa. De conformidad con la legislación actual, esos requisitos de trabajo solo se aplican a las personas de 18 a 49 años. El límite de edad se incorporará en un plazo de tres años a partir del ejercicio fiscal 2023. Además, incluye un cambio técnico a la fórmula de financiamiento del TANF que podría provocar que algunos estados desvíen dinero del programa.

El proyecto de ley también considera una exención para los veteranos, los indigentes y las personas que en su infancia estuvieron en el servicio de acogida temporal de los requisitos de trabajo para recibir vales de alimentos, una medida que, en opinión de los funcionarios de la Casa Blanca, compensará los nuevos requisitos del programa y dejará aproximadamente el mismo número de estadounidenses con derecho a asistencia nutricional en el futuro.

De cualquier manera, la inclusión de nuevos requisitos de trabajo ha enfurecido a algunos defensores de los programas de la red de seguridad social, quienes indican que castiga a los adultos vulnerables que necesitan alimentos.

Permitir la reforma

El acuerdo incluye nuevas medidas para lograr que se aprueben proyectos energéticos con más rapidez gracias a la creación de una oficina encargada de supervisar las revisiones y requiere que se completen en un plazo de uno a dos años.

La legislación también incluye una victoria para el senador Joe Manchin de Virginia Occidental, un centrista democrático, pues aprueba el otorgamiento de permisos para el oleoducto de Mountain Valley, proyecto de gas natural en Virginia Occidental. El plan es que el proyecto de 6600 millones de dólares traslade gas a unos 480 kilómetros de los campos de la Formación Marcellus en Virginia Occidental por casi 1000 arroyos y humedales antes de llegar a Virginia.

Ambientalistas, activistas de derechos civiles y muchos legisladores estatales demócratas se han opuesto al proyecto desde hace años.

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Préstamos estudiantiles y dinero para COVID que no se ha gastado

El proyecto determina la conclusión oficial del periodo de congelamiento para el pago de préstamos estudiantiles establecido por Biden a finales de agosto y restringe su capacidad de volver a aplicar ese tipo de moratoria.

No estipula ningún avance para la medida que los republicanos de la Cámara de Representantes querían incluir con el propósito de ponerle un alto a la política de Biden de condonar entre 10.000 y 20.000 dólares de deuda en préstamos estudiantiles para la mayoría de los acreditados. En este momento, la Corte Suprema revisa esa iniciativa, que el gobierno de Biden lanzó el año pasado, y podría terminar bloqueada.

El proyecto de ley también recupera alrededor de 30.000 millones de dólares en fondos que no se gastaron como parte de un proyecto anterior de ayuda durante la pandemia firmado por Biden, que fue una de las principales prioridades de los republicanos al iniciar las negociaciones. Parte de ese dinero se canalizará a otros sectores para fortalecer el gasto discrecional no relacionado con la defensa.

Según un funcionario del gobierno, el acuerdo deja intacta la financiación de dos programas clave relacionados con el COVID: Project NextGen, que busca desarrollar la nueva generación de vacunas y tratamientos para el coronavirus, y una iniciativa para ofrecer vacunas contra el coronavirus gratis a quienes no tienen seguro.

Evitar el cierre del gobierno

El acuerdo tan solo fija parámetros para los siguientes dos años de gasto. El Congreso debe llenarlos con la aprobación de varios proyectos de gasto más adelante este año. Se esperan grandes batallas por los detalles de esos proyectos, por lo que es posible que los legisladores no lleguen a ningún acuerdo en cuanto a los planes de gasto a tiempo y que el gobierno cierre.

El propósito del acuerdo entre Biden y McCarthy es incitar al Congreso a aprobar todos sus proyectos de gasto y evitar el cierre, ante la amenaza de reducir gastos que les importan a ambos partidos. Si los legisladores no han aprobado los 12 proyectos de financiamiento regulares para fin de año, el acuerdo refuerza sus topes al gasto. El gasto discrecional que no es para defensa se fijaría en un uno por ciento por debajo de los niveles actuales, y es posible que el IRS no vea sus 10.000 millones de financiamiento para el siguiente año reasignados a otros programas.

Los mismos niveles se aplicarían al gasto de defensa y para los veteranos (que sería, de hecho, un recorte significativo a esos programas en comparación con los topes convenidos). Los demócratas ven los inminentes recortes militares como un incentivo especialmente fuerte para que los republicanos lleguen a un acuerdo para aprobar los proyectos de asignaciones para finales del año.

Lo que no aparece en el proyecto

El acuerdo definitivo incluye una reducción mucho menor en la deuda a futuro que la propuesta por ambos lados.

Los republicanos querían recortes al gasto mucho más marcados y requisitos para el trabajo más estrictos. También querían dar marcha atrás a cientos de miles de millones de dólares en incentivos fiscales suscritos por Biden para acelerar la transición a fuentes energéticas con menos emisiones y combatir el cambio climático. Biden quería aumentarles los impuestos a las empresas y las personas con grandes ingresos, además de tomar nuevas medidas para reducir el gasto de Medicare en medicamentos con receta. Ninguna de estas ideas se integró en el acuerdo.

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