Veintisiete organizaciones de prensa, nacionales e internacionales, se sumaron a la oposición al régimen de Daniel Ortega. Las entidades formularon un plan de acción dirigido al restablecimiento de la democracia en Nicaragua, con la intención de respaldar las libertad de expresión en el país centroamericano.
La Declaración sobre Nicaragua se dio a conocer durante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza del 19 al 21 de abril virtualmente. En ella se lee que, “ante la persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil en Nicaragua”, las organizaciones firmantes se comprometen a seguir la estrategia acordada. Estos son algunos de los puntos claves que resultaron de la reunión (por mencionar solo algunos):
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- Solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100 % Noticias, permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.
- Exigir que el gobierno de Nicaragua libere a los presos políticos, incluyendo a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como a los miembros del directorio de La Prensa, como Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
- Animar a los gobiernos receptores del éxodo de periodistas nicaragüenses a que lo sigan haciendo y exhortar a otros gobiernos a que los acojan y les ofrezcan cooperación humanitaria, tecnológica y económica para que puedan seguir informando desde el exilio.
- Impulsar un debate con agencias de noticias y medios de comunicación internacionales con el objetivo de que se mantenga una cobertura periodística profunda sobre Nicaragua, para que el tema permanezca en la agenda pública global.
- Apoyar campañas de información que exhorten a funcionarios del régimen a denunciar violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa, como lo hicieron el embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, y el asesor del gobierno ante la Corte Internacional de Nicaragua, Paul Reichler.
- Pedir a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abran espacios amplios de debate para definir acciones que permitan restaurar la democracia y la plena vigencia de los derechos ciudadanos y de las libertades fundamentales.
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En el marco del encuentro, las organizaciones de prensa recordaron que la represión a las manifestaciones del 2018 se convirtió en el clímax de la crisis institucional y social de Nicaragua, pues en medio de ello fueron asesinados más de 335 opositores en enfrentamientos con la Policía Nacional y grupos paramilitares. A esto se suman el encarcelamiento de opositores, la persecución a disidentes, el cierre de organizaciones de la sociedad civil, la expulsión de periodistas y los ataques contra las universidades y los medios de comunicación. Sin mencionar que Ortega fue reelegido en medio de una compaña en la que sus principales contendores fueron encarcelados.
El caso de La Prensa, que en agosto de 2021 sufrió una toma militar y el cierre de sus instalaciones, y el de Confidencial, que fue obligado a suspender sus operaciones y a trasladarse a Costa Rica, donde se exiliaron más de 120 periodistas en los últimos tres años, ejemplifican los ataques a los medios de comunicación en Nicaragua. Además, se calcula que hay cerca de 170 presos políticos.
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