Evo Morales descartó declarar ante fiscal por el caso de “trata de personas”

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), no asistirá a la citación de la Fiscalía por el caso en el que es investigado por “trata de personas” y “estupro”, informaron este jueves organizaciones sociales afines al exmandatario.

“Él no asistirá porque todo esto es un chantaje”, afirmó Pedro Llanque, dirigente del llamado Pacto de Unidad de los seguidores de Morales, quien fue convocado para declarar en la región de Tarija, al sur del país andino.

“Desde ayer (el presidente) Luis Arce ha movilizado a todos los efectivos policiales de cada departamento, hay más de 600 policías con el fin de detener a nuestro hermano Evo Morales”, añadió el líder campesino.

Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo; la víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado “Generación Evo”.

Para el bloque del Pacto de Unidad afín al exmandatario, el caso es “inventado” por lo que desde esta jornada todos los miembros de estas organizaciones sociales se declararon “en estado de emergencia permanente”.

“Si se emitiera una orden de aprehensión, hemos instruido que haya un bloqueo nacional de caminos y esta vez va a ser hasta que Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca) se vayan”, aseveró Llanque.

El expresidente boliviano manifestó que se defenderá de esa “batalla jurídica” que para él no es más que una acusación “política” y anunció que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo “gratuitamente”.

Esta semana Morales participó en diferentes actividades en el Trópico de la región central de Cochabamba, su bastión político y sindical.

La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija tres días después de que, tras una marcha de 187 kilómetros, Morales y miles de sus seguidores dieran un ultimátum al Gobierno del actual presidente, Luis Arce, con quien mantiene una pelea por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales alega que las denuncias son una “persecución política” en su contra para evitar que se presente como candidato a la Presidencia en las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra el líder del MAS.

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“Él no asistirá porque todo esto es un chantaje”, afirmó Pedro Llanque, dirigente del llamado Pacto de Unidad de los seguidores de Morales, quien fue convocado para declarar en la región de Tarija, al sur del país andino.

“Desde ayer (el presidente) Luis Arce ha movilizado a todos los efectivos policiales de cada departamento, hay más de 600 policías con el fin de detener a nuestro hermano Evo Morales”, añadió el líder campesino.

Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo; la víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado “Generación Evo”.

Para el bloque del Pacto de Unidad afín al exmandatario, el caso es “inventado” por lo que desde esta jornada todos los miembros de estas organizaciones sociales se declararon “en estado de emergencia permanente”.

“Si se emitiera una orden de aprehensión, hemos instruido que haya un bloqueo nacional de caminos y esta vez va a ser hasta que Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca) se vayan”, aseveró Llanque.

El expresidente boliviano manifestó que se defenderá de esa “batalla jurídica” que para él no es más que una acusación “política” y anunció que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo “gratuitamente”.

Esta semana Morales participó en diferentes actividades en el Trópico de la región central de Cochabamba, su bastión político y sindical.

La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija tres días después de que, tras una marcha de 187 kilómetros, Morales y miles de sus seguidores dieran un ultimátum al Gobierno del actual presidente, Luis Arce, con quien mantiene una pelea por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales alega que las denuncias son una “persecución política” en su contra para evitar que se presente como candidato a la Presidencia en las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra el líder del MAS.

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