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El exmagistrado colombiano Iván Velásquez asumió este martes la jefatura de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para un mandato de dos años que, según anunció el presidente guatemalteco, Otto Pérez, será el último de la misión.
Velásquez inició sus labores reuniéndose en privado con Pérez, según informó la estatal Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).
"Le doy la bienvenida, estamos en la mejor disposición de apoyar a la Cicig en lo que sea necesario", afirmó el mandatario guatemalteco, según el despacho oficial.
El Comisionado dijo en declaraciones a la prensa que su primera tarea será evaluar los casos que están pendientes en tribunales y que luego se enfocará en elevar la capacitación del personal guatemalteco involucrado en la seguridad, acceso y aplicación de la justicia.
Velásquez, que por 12 años fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ha investigado a unos 60 congresistas de su país vinculados con paramilitares.
Además, coordinó las investigaciones de la "parapolítica", como se conoce en ese país a los vínculos entre políticos y paramilitares. También fue director de fiscales en Medellín, Colombia.
Velásquez fue designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para sustituir al exfiscal costarricense Francisco Dall'Anese, quien había asumido en agosto de 2010 y cuyo mandato concluyó el pasado 2 de setiembre.
La Cicig comenzó a funcionar en 2007 con el objetivo de ayudar al sistema judicial guatemalteco en el esfuerzo por sanear sus estructuras, infiltradas por la corrupción.
Aunque fue acordado por un periodo de dos años, por decisión conjunta del gobierno guatemalteco y la ONU el mandato de la Cicig se ha ampliado en tres ocasiones por periodos iguales y el de Velásquez, que concluye en 2015, será el último, según anunció el presidente Pérez.
Días antes de dejar el cargo, Dall'Anese presentó un informe de labores, en el que afirma que la impunidad en Guatemala bajó de 93% a 70% en los últimos seis años.
En la actualidad, la Cicig está compuesta por casi 200 funcionarios de 25 países, quienes trabajan directamente con la Fiscalía General, en una labor que no tiene precedentes en la ONU pues opera como un organismo independiente pero bajo las leyes guatemaltecas.