Exmilitares peruanos, condenados por abusos sexuales durante conflicto armado
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en las dos décadas de violencia armada que vivió Perú, hubo cientos de casos de violaciones sexuales, esclavitud sexual, desnudos, prostitución, uniones y abortos forzados.
La justicia de Perú condenó a 10 militares retirados a penas de entre 6 y 12 años de prisión por violar sistemáticamente a nueve campesinas entre 1984 y 1985, durante el conflicto armado interno contra la guerrilla Sendero Luminoso. De acuerdo con las investigaciones, algunas de las víctimas eran menores de edad cuando fueron abusadas. Cinco de ellas resultaron embarazadas.
La sentencia, que consideró los delitos como de lesa humanidad, pone fin a cinco años de audiencias de un caso emblemático en el país suramericano por ser el primero en abordar los abusos de uniformados contra mujeres y niñas en ese periodo de violencia armada (1980-2000).
“Se condena a los acusados por los delitos contra la libertad y el honor sexual, considerados de lesa humanidad”, precisó el juez René Eduardo Martínez, de la Corte Superior Nacional, al leer el fallo contra los 10 exmilitares, que no acudieron a la audiencia.
El caso se remonta a 1984 cuando el ejército instaló una base cerca de las localidades andinas de Manta y Vilca, en el departamento de Huancavelica, una de las regiones más pobres del centro-oeste de Perú.
“Son 40 largos años de esta dura lucha, ojalá sea una respuesta positiva para nosotros y estos criminales lleguen a pisar la cárcel”, dijo María, una de las víctimas cuyo apellido se mantiene en reserva por disposición judicial, en un audio enviado por su abogada a la AFP.
La mujer, de 54 años, tiene dos hijos producto de las violaciones, que se perpetraron cuando tenía 15.
Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas hicieron una manifestación pacífica afuera del tribunal.
“A nivel de Sudamérica, el caso Manta sería el primero que condena por violaciones múltiples masivas a militares”, consideró a la AFP Cynthia Silva de la organización feminista Demus, que litiga en defensa de los derechos de las mujeres.
Este juicio es el segundo del caso, luego de que en 2018 la justicia anulara un primer proceso alegando “falta de imparcialidad de los magistrados”.
La fiscalía había pedido entre 6 a 20 años de cárcel para los militares.
Las violaciones contra campesinas fueron expuestas en 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que recogió 35 denuncias por hechos que ocurrieron desde 1984 y hasta 1995, durante la época más cruenta de la guerra entre el grupo maoísta Sendero Luminoso y las fuerzas militares.
Según la CVR en las dos décadas de violencia armada que vivió Perú, hubo cientos de casos de violaciones sexuales, esclavitud sexual, desnudos, prostitución, uniones y abortos forzados.
El estatal Registro Único de Víctimas del conflicto cifró en mayo de este año en 5.882 los casos de violaciones sexuales durante ese periodo de violencia.
El conflicto interno peruano dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos, según la CVR, y hubo casos de abusos de ambas partes.
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La justicia de Perú condenó a 10 militares retirados a penas de entre 6 y 12 años de prisión por violar sistemáticamente a nueve campesinas entre 1984 y 1985, durante el conflicto armado interno contra la guerrilla Sendero Luminoso. De acuerdo con las investigaciones, algunas de las víctimas eran menores de edad cuando fueron abusadas. Cinco de ellas resultaron embarazadas.
La sentencia, que consideró los delitos como de lesa humanidad, pone fin a cinco años de audiencias de un caso emblemático en el país suramericano por ser el primero en abordar los abusos de uniformados contra mujeres y niñas en ese periodo de violencia armada (1980-2000).
“Se condena a los acusados por los delitos contra la libertad y el honor sexual, considerados de lesa humanidad”, precisó el juez René Eduardo Martínez, de la Corte Superior Nacional, al leer el fallo contra los 10 exmilitares, que no acudieron a la audiencia.
El caso se remonta a 1984 cuando el ejército instaló una base cerca de las localidades andinas de Manta y Vilca, en el departamento de Huancavelica, una de las regiones más pobres del centro-oeste de Perú.
“Son 40 largos años de esta dura lucha, ojalá sea una respuesta positiva para nosotros y estos criminales lleguen a pisar la cárcel”, dijo María, una de las víctimas cuyo apellido se mantiene en reserva por disposición judicial, en un audio enviado por su abogada a la AFP.
La mujer, de 54 años, tiene dos hijos producto de las violaciones, que se perpetraron cuando tenía 15.
Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas hicieron una manifestación pacífica afuera del tribunal.
“A nivel de Sudamérica, el caso Manta sería el primero que condena por violaciones múltiples masivas a militares”, consideró a la AFP Cynthia Silva de la organización feminista Demus, que litiga en defensa de los derechos de las mujeres.
Este juicio es el segundo del caso, luego de que en 2018 la justicia anulara un primer proceso alegando “falta de imparcialidad de los magistrados”.
La fiscalía había pedido entre 6 a 20 años de cárcel para los militares.
Las violaciones contra campesinas fueron expuestas en 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que recogió 35 denuncias por hechos que ocurrieron desde 1984 y hasta 1995, durante la época más cruenta de la guerra entre el grupo maoísta Sendero Luminoso y las fuerzas militares.
Según la CVR en las dos décadas de violencia armada que vivió Perú, hubo cientos de casos de violaciones sexuales, esclavitud sexual, desnudos, prostitución, uniones y abortos forzados.
El estatal Registro Único de Víctimas del conflicto cifró en mayo de este año en 5.882 los casos de violaciones sexuales durante ese periodo de violencia.
El conflicto interno peruano dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos, según la CVR, y hubo casos de abusos de ambas partes.
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