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Rafael Ramírez, el exministro de Petróleo de Hugo Chávez, aseguró en una rueda de prensa que la persecución que padece por parte del gobierno de Nicolás Maduro no está relacionada con ningún tema jurídico, sino que se trata de una operación política en su contra. Su pronunciamiento se dio luego de que el Ministerio Público de Venezuela emitió una orden de detención en su contra, acusado de robar US$ 4.850 millones.
Ramírez señaló en un comunicado que tiene todos los documentos que avalan la legalidad de los procedimientos ejecutados en Pdvsa, los cuales, según explican en el documento, estuvieron apegados a la Constitución, las leyes de la República y los mecanismos de la empresa.
“Esta gente en su mentira está llena de contradicciones. Yo puedo demostrar que el dinero de nuestras operaciones financieras no solo ingresó a Pdvsa, sino que se utilizó en las empresas y está reflejado en los informes de KPMG (firma auditora internacional)”, sostuvo Ramírez desde Italia, en donde está exiliado. También, aseguró que el accionar del gobierno de Maduro responde a una conducta políticamente motivada.
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“Esto es una operación netamente política en mi contra, no tiene que ver con un tema jurídico, aunque tengo todos los elementos para demostrar que lo que dicen es falso”, destacó.
Sobre el caso, el fiscal en Venezuela indicó en una conferencia de prensa que también se solicitaron órdenes de aprehensión contra el exasesor jurídico Juan Andrés Wallis; los empresarios Luis Alberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi y Leopoldo Betancourt López; el exviceministro de energía Nervis Villalobos y el exdirectivo de Pdvsa Abraham Ortega. Asimismo, dijo que ya fue detenido e interrogado Víctor Aular, quien fue vicepresidente de Finanzas de la estatal petrolera Pdvsa.
El martes, el ministro de Petróleo del país, Tareck El Aissami, también acusó a Ramírez del robo de 4.850 millones de dólares tras firmar un contrato de financiamiento con la Administradora Atlantic en el primer trimestre de 2012, cuando lideraba la cartera energética y presidía Pdvsa, bajo el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
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Por su parte, Rafael Ramírez sostuvo que todos los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que lo acusan están sancionados internacionalmente, y comentó que “mis verdugos son personas que están muy involucradas con violaciones de Derechos Humanos”. En ese encuentro con los medios de comunicación, Ramírez reiteró sus aspiraciones presidenciales.
“Un país mejor es posible y yo le hago un llamado a todos los sectores: chavistas, bolivarianos, nacionales, pero más allá del chavismo, a todos los sectores que les duele este país, un llamado a unirnos, un llamado a dejar la violencia a un lado, la retaliación, dejar a un lado la intolerancia política, y buscar una plataforma, un programa que nos permita adelanta a reconquistar nuestro futuro y reconstruir nuestro país”, comentó.
Respecto a su seguridad y la de su círculo familiar, solicitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fuese garante de esta.
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