El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), candidato a la reelección y condenando a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, se encuentra en la embajada de Nicaragua en Panamá tras recibir asilo, afirmó su portavoz Luis Eduardo Camacho.
"Está en la Embajada", declaró Camacho a los periodistas frente a la sede diplomática de Nicaragua, cuyo Gobierno ya concedió el asilo al expresidente panameño y solicitó a la Cancillería panameña que le dé el salvoconducto de salida.
Martinelli, de 71 años, pidió asilo a Nicaragua “en razón de que su vida corre peligro, ese fue el fundamento, que es un perseguido político y su vida corre peligro”, afirmó Camacho, al responsabilizar al Gobierno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, de esta situación.
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Camacho, como ya lo ha dicho antes Martinelli, acusó al Ejecutivo de Cortizo de manipular al Supremo panameño para que rechazara, como ocurrió el jueves pasado, un recurso de casación, la última vía legal para anular la sentencia dictada en julio de 2023 contra Martinelli por blanqueo, con lo que la misma quedó en firme.
Esta sentencia inapelable inhabilita constitucionalmente a Martinelli para ejercer un cargo público por elección popular, como reza el artículo 180 de la Constitución. Analistas y abogados panameños aseguran que solo falta que se cumplan trámites administrativos tanto para encarcelar al expresidente como para que no aparezca en la papeleta el próximo 5 de mayo.
El rechazo del recurso de casación conduce a la reclusión de Martinelli “para volver a intentar matarlo” en la cárcel, agregó el portavoz del expresidente.
“El Gobierno de Nicaragua decidió otorgar el asilo político, con lo cual, si alguien tenía alguna duda de que Ricardo Martinelli era un perseguido político, ya no tiene porqué tenerla”, y lo que hay que ver ahora es si el Gobierno de Cortizo (...) otorga el salvoconducto de salida (...) o si su sed, su deseo de matar a Ricardo Martinelli son más importantes”, declaró Camacho.
Panamá “no puede otorgar” el salvoconducto a Martinelli
La exfiscal general de Panamá Ana Matilde Gómez dijo a EFE que Martinelli “es un delincuente condenado en firme por un delito penal común y no político, por lo que el Gobierno panameño no puede otorgarle” el salvoconducto por esa causa.
“Por lo tanto, deberá permanecer en la Embajada de Nicaragua sin realizar declaración políticas, porque si lo hace perdería su condición de refugiado en dicha embajada”, agregó la catedrática y exdiputada independiente, que señaló a Martinelli de ser “valiente para violar la ley pero cobarde para acatarla”.
En ello coincidió el analista panameño José Eugenio Stoute, que opinó que esta es una situación “delicada para el Gobierno de Panamá, no así para el de Nicaragua, porque si Cortizo “concede la salida” del país a Martinelli “esto va a ser un escándalo tremebundo”.
“Entre delincuentes se entienden, el otro (el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega) es un violador de derechos humanos y otras cosas que no sabemos, pero este (Martinelli), sabemos que es un lavador de dinero, declarado (...) y reconocido así por la Corte Suprema de Justicia”, añadió la ex fiscal general.
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Martinelli, tercer expresidente centroamericano en pedir asilo en la Nicaragua de Ortega
El expresidente de Panamá se convirtió este miércoles en el tercer ex jefe de Estado en solicitar asilo en la Nicaragua gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007.
Martinelli se une a los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos considerados prófugos de la Justicia salvadoreña y a quienes, tras concedérseles el asilo, les fue otorgada la nacionalidad nicaragüense.
A diferencia de Martinelli, Funes y Sánchez Cerén solicitaron el asilo en territorio nicaragüense. El primero lo hizo el 1 de septiembre de 2016 y, un día después, Nicaragua le brindó una respuesta positiva.
El asilo político también fue extendido a la compañera de Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y a sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de acuerdo con la información oficial nicaragüense.
Tres años después, el Gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente Funes, quien es acusado en su país por supuesta malversación de más de 351 millones de dólares.
Expresidentes requeridos por corrupción
De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, Funes formó en la Presidencia una red con la que desvió fondos a ocho cuentas bancarias particulares y de las que se sacaron más de 292 millones en efectivo.
También es procesado por el supuesto pago de sobornos al exfiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una presa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos.
El 30 de julio de 2021, Nicaragua otorgó también la nacionalidad nicaragüense al expresidente Salvador Sánchez Cerén, el segundo ex jefe de Estado salvadoreño requerido por delitos de corrupción acogido por Ortega, y con lo que no podrá ser extraditado para responder por el caso de corrupción en su país.
Sánchez Cerén recibió la nacionalidad nicaragüense junto a su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta, y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez, también relacionado a un caso de corrupción.
Tanto Sánchez Cerén como Funes gobernaron El Salvador en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), partido aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.
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Los exfuncionarios de Juan Orlando Hernández
El Gobierno de Nicaragua también otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos excolaboradores del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de narcotráfico en Estados Unidos y extraditado a ese país.
Se trata de los ciudadanos hondureños Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la Administración de Hernández, quien fue extraditado a EE.UU., donde enfrenta un juicio por narcotráfico.
La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 43 que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
Sobre Martinelli, el Gobierno de Nicaragua solicitó al de Panamá brindar las seguridades para la “pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua”.