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El pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles acusar constitucionalmente a la ex primera ministra Betssy Chávez por su presunta participación en el autogolpe de Estado que intentó dar el pasado 7 de diciembre el entonces presidente Pedro Castillo.
La denuncia constitucional, presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras una denuncia de la Fiscalía de la Nación, recibió 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones.
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De inmediato, el Congreso también votó y aprobó suspender a Chávez en el ejercicio de sus funciones legislativas, ya que integra la bancada de Perú Democrático, en tanto dure el proceso penal en su contra, por 66 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.
Antes del debate parlamentario, la ex primera ministra pidió al pleno que apruebe la acusación para afrontar una investigación fiscal por la presunta comisión, como coautora, del delito de rebelión y, alternativamente, de conspiración.
“Me allano”, dijo Chávez, quien fue electa diputada por el partido marxista Perú Libre, que llevó a Castillo al poder en 2021. De inmediato, manifestó su “profundo compromiso democrático” y dijo que “se requiere reconciliar a este país y para eso es prioritario que el pacto social sea producto del diálogo”.
“Es mi voluntad solicitar a este pleno: líbrenme de este cáliz; paz, justicia y libertad”, indicó antes de decir que “la libertad no nos la regala nadie”. Chávez aseguró que “desde el día uno” se ha “sometido a la investigación del Ministerio Público”, incluso a algunas que consideró “arbitrarias”.
“No es mi voluntad ir a ningún lugar que me aleje de mi patria, elijo permanecer en la tierra que me vio nacer y morir en ella también”, sostuvo.
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Durante la sesión de la semana pasada de la Comisión Permanente, los abogados de la política ya presentaron una carta en la que la ex primera ministra pidió al Parlamento que apruebe la acusación para poder acreditar su “absoluta inocencia” ante la Fiscalía.
El pleno Congreso de Perú debatió este miércoles la propuesta de acusación constitucional, que además de a Chávez, incluyó a los exministros del Interior Willy Huerta y Comercio Roberto Sánchez por su presunta participación en el intento de autogolpe de Estado de Castillo.
El debate se prolongó durante cinco horas, ya que en él participaron los acusados y sus defensores, los integrantes de las diferentes bancadas, y luego se pasó a una votación final por separado en cada caso.
El debate de la acusación presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue aprobado el pasado 14 de marzo por la Comisión Permanente del Congreso.
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