Extienden la presidencia interina de Guaidó, pero le quitan más poder: ¿qué cambia?
El líder opositor, Juan Guaidó, se enfrenta a un mayor control político en medio de crecientes denuncias de corrupción en su gobierno interino.
Luego de más de 10 horas de retraso debido a grandes desacuerdos entre los diputados, la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015 aprobó la ampliación de la presidencia interina encabezada por Juan Guaidó. Sin embargo, la ratificación del interinato, que se da por doce meses a partir del 4 de enero de 2022, no ocultó las marcadas fracturas entre la oposición venezolana y dejó manifiesto el descontento que hay con el líder opositor.
A pesar de asegurarse la continuidad del gobierno interino, Guaidó pierde poder tras la aprobación de una reforma que pretende redimensionar las estructuras de la presidencia interina para eliminar burocracias. El Centro de Gobierno, equivalente a un gabinete de ministros que estaba encabezado por Leopoldo López, queda eliminado.
Las acciones que se coordinaban en el Centro de Gobierno recaerán ahora en la Comisión Delegada de la Asamblea, un grupo de 33 diputados que tendrá también mayor control sobre el manejo de recursos y la designación de los representantes diplomáticos. Aunque Guaidó tendrá mayor peso en la política exterior, la Comisión Delegada se encargará de los nombramientos para asuntos de derechos humanos, seguridad, crisis humanitaria y migración.
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Para Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia, esto busca un control reforzado para proteger los activos del Estado. Guaidó podrá designar a un procurador especial con quien coordinará la defensa de los activos y deberá rendir cuentas ante la Comisión Delegada cada mes.
“(Es) una reforma que representa, en este momento, poder no solamente rendir cuentas de manera más transparente al país, sino ser más ágiles”, dijo Guaidó, que sortea de este modo divisiones entre los principales partidos opositores en torno a su estatuto.
La reforma fue presentada por Guanipa como alternativa a la infructuosa campaña para suprimir el interinato que llevaron a cabo varios líderes opositores, como el exanciller de Guaidó, Julio Borges, y Henrique Capriles. Otra voz clave es la de María Corina Machado, quien representa un sector radical de la oposición. La coordinadora de Vente Venezuela se abstuvo de votar el lunes argumentando que recibió tarde la propuesta final.
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Las denuncias de corrupción y los malos manejos de los recursos han saltado en los últimos meses, lo que ha profundizado las fracturas entre distintos sectores de la oposición. Pero el objetivo de quitarle la presidencia a Guaidó no fue compartido por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional que optan por la continuidad del proyecto de Guaidó, respaldado todavía por actores clave como Estados Unidos y otros 50 países.
“Es el momento para la reunificación de todos los factores que queremos un cambio en torno a la lucha por condiciones para elecciones libres y justas. Venezuela debe estar por encima de cualquier interés individual, lo que nos une a todos es salir de la dictadura”, sentenció Guaidó.
El resultado del lunes, a pesar de las circunstancias, representa un respiro para Guaidó, quien habría perdido el poder a partir del 5 de enero si la Asamblea no hubiera votado a favor de su continuidad.
La votación contó con la participación de un centenar de parlamentarios, lo que para Delsa Solórzano, diputada y dirigente de Encuentro Ciudadano, es una muestra de que la Asamblea Nacional “no se rinde”. En la sesión también se aprobó la reforma parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela, la cual busca autorizar la disposición de los gastos indispensables para cumplir con los objetivos y fines del Estatuto que rige la Transición a la democracia.
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A pesar de asegurarse la continuidad del gobierno interino, Guaidó pierde poder tras la aprobación de una reforma que pretende redimensionar las estructuras de la presidencia interina para eliminar burocracias. El Centro de Gobierno, equivalente a un gabinete de ministros que estaba encabezado por Leopoldo López, queda eliminado.
Las acciones que se coordinaban en el Centro de Gobierno recaerán ahora en la Comisión Delegada de la Asamblea, un grupo de 33 diputados que tendrá también mayor control sobre el manejo de recursos y la designación de los representantes diplomáticos. Aunque Guaidó tendrá mayor peso en la política exterior, la Comisión Delegada se encargará de los nombramientos para asuntos de derechos humanos, seguridad, crisis humanitaria y migración.
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“(Es) una reforma que representa, en este momento, poder no solamente rendir cuentas de manera más transparente al país, sino ser más ágiles”, dijo Guaidó, que sortea de este modo divisiones entre los principales partidos opositores en torno a su estatuto.
La reforma fue presentada por Guanipa como alternativa a la infructuosa campaña para suprimir el interinato que llevaron a cabo varios líderes opositores, como el exanciller de Guaidó, Julio Borges, y Henrique Capriles. Otra voz clave es la de María Corina Machado, quien representa un sector radical de la oposición. La coordinadora de Vente Venezuela se abstuvo de votar el lunes argumentando que recibió tarde la propuesta final.
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“Es el momento para la reunificación de todos los factores que queremos un cambio en torno a la lucha por condiciones para elecciones libres y justas. Venezuela debe estar por encima de cualquier interés individual, lo que nos une a todos es salir de la dictadura”, sentenció Guaidó.
El resultado del lunes, a pesar de las circunstancias, representa un respiro para Guaidó, quien habría perdido el poder a partir del 5 de enero si la Asamblea no hubiera votado a favor de su continuidad.
La votación contó con la participación de un centenar de parlamentarios, lo que para Delsa Solórzano, diputada y dirigente de Encuentro Ciudadano, es una muestra de que la Asamblea Nacional “no se rinde”. En la sesión también se aprobó la reforma parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela, la cual busca autorizar la disposición de los gastos indispensables para cumplir con los objetivos y fines del Estatuto que rige la Transición a la democracia.
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