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El pasado 22 de abril se emitió un fallo histórico en Estados Unidos: por primera vez un tribunal condenó a una petrolera a indemnizar una familia por los problemas de salud ocasionados por el fracking, esa controversial técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales que cada vez toma más fuerza en el mundo. El monto que deberá pagar la compañía es de US $2,9 millones.
Aunque la decisión puede apelarse, para los medios de EE.UU. el veredicto constituye un caso sin precedentes no solo por la cantidad que deberá pagar la empresa Aruba Petroleum, sino por el hecho de que la demanda haya llegado a un tribunal.
Por lo general, quienes enfrentan problemas de salud relacionados con el procedimiento arreglan acuerdos extrajudiciales e indemnizaciones económicas que no son conocidas públicamente. Sin embargo, éste podría convertirse en un precedente jurídico para más afectados.
“Estamos convencidos de que la empresa tiene que pagar por su responsabilidad y, a pesar de que un juicio puede resultar muy caro, siempre creímos que los Parr (familia denunciante) tenían razón y que no había otra opción más que acudir a los tribunales”, le dijo David Matthews, uno de los abogados de la familia a El País de España.
Los motivos por los que la familia Parr decidió entablar una lucha jurídica tienen que ver con los efectos adversos padecidos desde 2008. Migrañas, vómitos, extraños salpullidos, hemorragias y fiebres eran algunos de los efectos.
Luego de ir al hospital en varias ocasiones, exámenes de toxicología revelaron que en su sangre había una veintena de químicos asociados con el fracking, mecanismo en el que, palabras más palabras menos, se inyecta agua mezclada con arena y varios químicos en el subsuelo para liberar el hidrocarburo atrapado en una roca.
Desde hace varios años la polémica en torno a esta nueva técnica que le ha permitido alcanzar cierta independencia energética a EE.UU. ha crecido con más frecuencia. No son pocos los estudios que han advertido sobre los riesgos que representa: desde afectaciones a los recursos hídricos y generación de sismos, hasta complicaciones de salud, especialmente para quienes viven cerca.
De hecho, según The Wall Street Journal, más de 15 millones de estadounidenses viven a una distancia inferior a un kilómetro y medio de un pozo de extracción.