Familiares de reclusos protestaron en Caracas, Venezuela, para respaldar la huelga de hambre emprendida desde el fin de semana en casi la mitad de las prisiones de Venezuela, en medio de denuncias de corrupción, retardo procesal, hacinamiento y acceso limitado a alimentos.
“¡Justicia!, ¡Justicia!, ¡Justicia!”. “Queremos respuesta”. “De aquí no nos vamos a mover, nadie se mueve”, gritaron unos 100 manifestantes concentrados a las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad capital.
“Queremos los derechos humanos para nuestros familiares”, dijo a la AFP María Alejandra Espinoza, cuyo hijo está preso en la cárcel Fénix, estado Lara (oeste del país): “La huelga de hambre está fuerte, fuerte. (Mi hijo está) desmayado porque allá es una (precariedad) horrible, que no es de ahorita. Allá mueren de mengua porque la visita es muy lejos”.
La mujer, que vive en Caracas, a unos 400 km de la cárcel donde fue trasladado su hijo, señaló que lleva tres años esperando su reubicación. “Tengo tres firmas (órdenes) de traslado”, pero ninguna se ha concretado, lamentó.
Defensores de derechos humanos denuncian que en estos centros de arresto preventivo mantienen a detenidos en condiciones de hacinamiento, incluso durante años, cuando por ley solo deberían permanecer pocos días. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que la huelga de hambre, que comenzó el domingo 9 de junio, se cumple en “19 cárceles y más de 30 calabozos policiales”.
Según una nota de prensa de la ONG, “el sistema penitenciario enfrenta una profunda crisis caracterizada por la violación de garantías judiciales y la desidia en la administración de justicia. Los presos, muchos de los cuales no tienen una sentencia definitivamente firme, libran una batalla constante en un entorno marcado por la violación sistemática de sus derechos humanos”.
“Protestamos por el retardo procesal (...), pero son muchas cosas más: es violan los derechos, pasan hambre”, denunció, por su parte, Sandy Rondón, de 43 años, cuyo hijo lleva cuatro años preso sin juicio: “No dejen que nuestros hijos, que nuestros esposos se nos mueran de hambre allá adentro por la necesidad y el maltrato que están pasando”.
Temerosa a denunciar, Aracelys Gómez, de 60 años, dijo que en ocasiones le han impedido ingresar alimentos a la prisión donde está su hijo. Sin embargo, “sí permiten la comida que ellos (funcionarios) les venden allá adentro”. Según informó la AFP, un funcionario del ministerio de Asuntos Penitenciarios se acercó a dialogar con los manifestantes y tomó nota de sus reclamos.
De acuerdo con lo que explicó la ONG, los detenidos exigen una “actualización oportuna de sus cómputos, otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen y el cese de los planes de abordaje impulsados por el Ministerio Penitenciario, que, a su parecer, no les han aportado ninguna solución a su situación jurídica”.
En redes sociales, circulan imágenes sin verificar de prisioneros en distintas cárceles portando pancartas con mensajes de “huelga pacífica” o exigiendo “justicia”. Otros cantan el himno nacional dentro de las celdas.
Sin mencionar la huelga de hambre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó el 11 de junio al diputado Julio García Zerpa como nuevo ministro de Servicios Penitenciarios para “acabar con la corrupción” dentro del sistema carcelario.
Él, quien sustituyó a Celsa Bautista en el cargo desde febrero de 2023, dijo que en el país hay 44 centros penitenciarios y “más de 400 centros preventivos o comisarías”. La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54.000 prisioneros, según cifras oficiales.
Varias de las cárceles en huelga fueron intervenidas en 2023 por el Gobierno, que desalojó a unos 9.000 reclusos de siete prisiones, trasladándolos en muchos casos a cientos de kilómetros de los tribunales que llevan sus causas.
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