Familias exigen identificación de 37 muertos en motín en cárcel de Venezuela
Un motín en calabozos policiales de Amazonas, apartada región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con al menos 37 muertos, informó la Fiscalía y 14 funcionarios heridos.
AFP
Un centenar de familiares de presos se concentraron este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, en el sur de Venezuela, para exigir que sean identificados los 37 muertos que dejó un motín en el centro de detención de la ciudad.
"Los cadáveres están apilados en la morgue" del hospital José Gregorio Hernández "y los familiares están esperando que el Ministerio de Interior y Justicia identifiquen a las víctimas y entreguen sus restos", dijo vía telefónica Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, cuya capital es Puerto Ayacucho.
Un motín en calabozos policiales de Amazonas, apartada región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con al menos 37 muertos, informó la Fiscalía -sin precisar si todos son reclusos-, y 14 funcionarios heridos.
Medios de comunicación locales publicaron en la mañana del jueves en redes sociales fotografías de los familiares frente al hospital, aguardando por la lista de víctimas mortales.
Guarulla denunció que ocurrió "una masacre" durante el ingreso de una unidad especial del ministerio de Interior al Centro de Judicial de Amazonas, que -sostiene- albergaba a 103 internos.
El gobernador, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, ratificó que 61 presos fueron trasladados a otros penales tras el hecho y que uno aprovechó la confusión para fugarse.
El ministro de Interior, general Néstor Reverol, responsabilizó a Guarulla por la reyerta, pues "es un retén policial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación de Amazonas". Ya las instalaciones fueron tomadas por el gobierno nacional, agregó.
Según las ONG defensoras de los derechos de los reos Una Ventana a la Libertad y Observatorio Venezolano de Prisiones, los 37 fallecidos son presos.
El motín reflotó la crisis penitenciaria de Venezuela, en medio de frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.
Un centenar de familiares de presos se concentraron este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, en el sur de Venezuela, para exigir que sean identificados los 37 muertos que dejó un motín en el centro de detención de la ciudad.
"Los cadáveres están apilados en la morgue" del hospital José Gregorio Hernández "y los familiares están esperando que el Ministerio de Interior y Justicia identifiquen a las víctimas y entreguen sus restos", dijo vía telefónica Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, cuya capital es Puerto Ayacucho.
Un motín en calabozos policiales de Amazonas, apartada región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con al menos 37 muertos, informó la Fiscalía -sin precisar si todos son reclusos-, y 14 funcionarios heridos.
Medios de comunicación locales publicaron en la mañana del jueves en redes sociales fotografías de los familiares frente al hospital, aguardando por la lista de víctimas mortales.
Guarulla denunció que ocurrió "una masacre" durante el ingreso de una unidad especial del ministerio de Interior al Centro de Judicial de Amazonas, que -sostiene- albergaba a 103 internos.
El gobernador, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, ratificó que 61 presos fueron trasladados a otros penales tras el hecho y que uno aprovechó la confusión para fugarse.
El ministro de Interior, general Néstor Reverol, responsabilizó a Guarulla por la reyerta, pues "es un retén policial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación de Amazonas". Ya las instalaciones fueron tomadas por el gobierno nacional, agregó.
Según las ONG defensoras de los derechos de los reos Una Ventana a la Libertad y Observatorio Venezolano de Prisiones, los 37 fallecidos son presos.
El motín reflotó la crisis penitenciaria de Venezuela, en medio de frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.