Feminicidios en México: colombianas, asesinadas y revictimizadas

Alejandra Pulido, Sara Ramírez, Andrea Martín Prieto, Laura Cristina Ovalle, Daniela Patiño, Mile Virginia Marín… Ellas podrían ser sus hijas, hermanas, novias y amigas; eran estudiosas, trabajadoras y llenas de valores, ilusiones y sueños que ahora solo pueden ser relatados por sus familiares. También eran colombianas. Y todas ellas compartieron un destino fatal: fueron víctimas de feminicidio en México, a donde partieron por una amplia variedad de razones en la última década.

Alejandra Pulido, Sara Ramírez, Andrea Martín Prieto, Laura Cristina Ovalle, Daniela Patiño, Mile Virginia Marín… Ellas podrían ser sus hijas, hermanas, novias y amigas; eran estudiosas, trabajadoras y llenas de valores, ilusiones y sueños que ahora solo pueden ser relatados por sus familiares. También eran colombianas. Y todas ellas compartieron un destino fatal: fueron víctimas de feminicidio en México, a donde partieron por una amplia variedad de razones en la última década.

A la historia de estas mujeres se unió la joven Ana María Serrano, de tan solo 18 años, quien fue asesinada el pasado 12 de septiembre, presuntamente por su expareja, Allan Gil Romero (quien ya fue capturado), en su casa. Según su familia, ella había sido acosada y amenazada. Ella estudiaba medicina y quería ser cardióloga.

El caso de Serrano revive la masacre silenciosa de connacionales en el extranjero. Sin embargo, que eso exista no es la única preocupación. Mientras la lista de víctimas se agranda, el enfoque para abordar las investigaciones continúa siendo deficiente y hace que la justicia y la reparación para los familiares de las víctimas se dilaten eternamente.

Margarita Solano, periodista colombiana radicada en México y reportera del sitio Cuestione, dice que se ha creado una revictimización estatal por parte de las autoridades, tanto mexicanas como colombianas, sobre estos casos. Las investigaciones no se profundizan, según ella, porque las autoridades se quedan con hipótesis iniciales que pueden no ser las correctas, conducidas por elementos basados en la estigmatización de las víctimas.

“Hay tres casos emblemáticos: el de Alejandra Pulido, en 2012; Mile Virginia Marín, en 2015, y Stephanie Magón, en 2016. Sobre estos no ha quedado claro el modus operandi de sus muertes, pero las autoridades mexicanas han salido con gran inmediatez a decirle a la opinión pública que se trata de suicidio y no de feminicidio”, dice Solano.

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Sobre el caso de Magón, por ejemplo, las autoridades dicen que ella había salido a bailar a una fiesta, que había ingerido drogas y que cuando llegó a su casa se aventó del balcón. Sin embargo, el área en la que se encontró el cuerpo apuntaba a que la mujer pudo ser empujada y que no se había lanzado por su cuenta.

“Si se asume que es un suicidio, la investigación se cierra. Pero cuando hablamos de feminicidios en uno de los países donde más casos se cometen hacia connacionales, pues imagínense el nivel de impunidad es altísimo. ¿Qué les queda a las extranjeras, a las colombianas, en este tipo de delitos?”, agrega Solano.

El caso de Serrano precisamente ilustra esto. Su presunto asesino habría construido una escena para que la muerte de Ana María pareciera un suicidio y no un asesinato, según las investigaciones iniciales. Aunque la familia de la víctima ha dicho que las autoridades han abordado el caso con diligencia, hay otros en los que se corre a cerrar el expediente y se quedan elementos por fuera de la investigación.

“La impunidad es alta, las familias de las víctimas viven un calvario para alcanzar la justicia, por ello considero que el llamado de la mamá de Ana María (a que haya justicia) es por el temor y la desconfianza en la integración de la carpeta de investigación: por la cadena de custodia, la ausencia de peritos forenses calificados y la revictimización permanente”, señala la doctora en derecho Araceli García Ruco, experta en género y derechos humanos.

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En esa revictimización también entran los medios de comunicación, que retoman los elementos que ofrecen las autoridades y construyen narrativas que llevan a la opinión pública a decir que por eso se presentó la muerte: sacan detalles de su vida nocturna, su vida amorosa o sus actividades para afirmar que fueron estas las que llevaron a su fallecimiento. Y estos elementos, además, suelen ser filtrados por policías o agentes de la fiscalía a los medios. Hay un muy mal manejo de las investigaciones que se extiende no solo a las extranjeras, sino que es evidente en el caso de las mexicanas, según Solano.

“La revictimización es algo que afecta a todas las mujeres, sean colombianas o mexicanas… No obstante, algo que me parece muy importante es que en el caso de las extranjeras es más complicado. Sus familiares se ven en un viacrucis para acceder a las investigaciones de las autoridades y les llega la desinformación y las palabras revictimizantes sobre ellas. Y al ver que su red de apoyo no está cerca para poder ejercer presión, catalogan muchas muertes como suicidio. La realidad es que ni la más puta ni la más delincuente merece morir. Hay que cuestionar si estos calificativos ahondan en los estereotipos y esconden por detrás xenofobia, racismo y discriminación”, dice Solano.

García Rico, por su parte, recuerda que de acuerdo al Índice Global de Impunidad 2020 (IGI), México está el top 10 de los países con los niveles más altos de impunidad sobre estos casos: está en el puesto 60 de 69 con un índice de 49.67 %. Hay muchos componentes que influyen en esto. La estigmatización en las investigaciones es una, por supuesto. Pero también está la corrupción en las entidades estatales -el fiscal del estado mexicano de Morelos, Uriel Carmona, fue capturado en septiembre acusado de proteger a los presuntos responsables del asesinato de una mujer de Ciudad de México, o la falta de fondos para realizar una investigación adecuada

Por eso, García Rico asegura que “se debe dotar de mayor capacitación para que atiendan y busquen con perspectiva de género, para que a las instancias de las mujeres en el país se les dote de más recursos. Instaurar el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (Paimef) con recursos permanentes que se puedan ejercer de enero a diciembre de cada año y no que baje el recurso a mediados de año, cuando son un imperativo categórico la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas”.

También hay que tomar medidas fuera de los entes investigadores. El Congreso mexicano busca penalizar la difusión de imágenes y datos de crímenes, especialmente de mujeres asesinadas, para que no sean usados de manera negativa por medios de comunicación y la población en general.

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