Fin del Título 42: confusión, incertidumbre y poca respuesta oficial de EE. UU.

La era del Título 42 llegó a su fin. A la medianoche del jueves, la medida instalada por el expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia, que permitió la expulsión acelerada de migrantes en la frontera sin procesar sus solicitudes de asilo, fue reemplazada por el Título 8. Esta vieja política migratoria de Estados Unidos sí permite procesar las solicitudes, pero castiga severamente a quienes intentan atravesar de manera irregular la frontera. Con este cambio, han surgido más preguntas que respuestas sobre la migración en el continente. ¿Qué puede pasar? El panorama para miles de migrantes está lleno de sombras, mucha incertidumbre y noticias negativas.

La era del Título 42 llegó a su fin. A la medianoche del jueves, la medida instalada por el expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia, que permitió la expulsión acelerada de migrantes en la frontera sin procesar sus solicitudes de asilo, fue reemplazada por el Título 8. Esta vieja política migratoria de Estados Unidos sí permite procesar las solicitudes, pero castiga severamente a quienes intentan atravesar de manera irregular la frontera. Con este cambio, han surgido más preguntas que respuestas sobre la migración en el continente. ¿Qué puede pasar? El panorama para miles de migrantes está lleno de sombras, mucha incertidumbre y noticias negativas.

En síntesis, el fin del Título 42 tiene una explicación sencilla: el 11 de mayo, el Gobierno federal declaró el fin de la emergencia de salud pública por covid-19. Esta medida era una política diseñada para proteger la salud pública de Estados Unidos, que Trump, hábilmente, usó como medida antiinmigración. Sin emergencia, el Título 42 no tenía razón de continuar. Además, como explicó Andrew Seele, presidente del Migration Policy Institute, la medida como política migratoria también resultaba ineficaz, pues no disuadía a las personas de cruzar las fronteras de manera irregular, pues no se les daba un castigo y, por ende, podían intentar ingresar de nuevo.

Con el Título 8, que sí es una política migratoria, sí hay un castigo para quienes busquen ingresar de manera irregular: cinco años sin poder solicitar asilo. Pero, aunque se vuelven a procesar las solicitudes de asilo, también lo harán con muchos más obstáculos que antes. Uno de ellos es que el solicitante deberá iniciar su proceso en un tercer país, a través de una aplicación digital. Miles de migrantes que huyen de sus países no tienen cómo acceder a comida, mucho menos a un celular ni a un plan de internet para estar pendientes de su proceso. Por eso, Estados Unidos presentó una “solución”: abrir Centros Regionales de Procesamiento Migratorio (RPC por sus siglas en inglés), para que los casos sean tratados lejos de sus fronteras.

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Poco se ha explicado sobre el funcionamiento de estos centros. Se sabe que los primeros se abrirán en Colombia y Guatemala. Sergio Morales, periodista de Prensa Libre, de Guatemala, explica que el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco (Minex) “mantiene el secretismo sobre el papel que jugará el país”. Lo único claro acá, y también en el caso colombiano, es la versión estadounidense, que dice que en estos centros podrían aplicar los migrantes de los países de la región y se recibirían hasta 6.000 casos mensuales.

El Minex parece contradecir la información, pues Morales indicó que estos centros solo recibirían a guatemaltecos. Aunque los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y los de Guatemala dicen mantener comunicaciones “muy cercanas”, la falta de detalles asombra. En el caso colombiano pasa lo mismo: se sabe que estos centros no serán refugios para migrantes y que, en esencia, atenderán las entrevistas con el fin de determinar si un solicitante cumple con las condiciones para el asilo. Ni siquiera se podrá iniciar el proceso en estos recintos. Todo es por la aplicación.

Una fuente de la Cancillería confirmó que “por el momento no es mucha la información que tenemos. Toca esperar unos días, cuando haya más claridad”. Es vital conocer los detalles de estos centros, sobre todo a sabiendas de que piensan abrir más. El medio Politico señaló que Washington también piensa abrir centros en Ecuador y Costa Rica. En total, el gobierno de Joe Biden pensaría en crear unos 100 RPC en la región.

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Pero no es la única medida: Kristina Rosales, vocera del Departamento de Estado de EE. UU., ha dicho que “los vuelos de deportación se duplicarán” con el fin de enviar a los migrantes que llegan a la frontera estadounidense e intentan cruzar de manera irregular. El miércoles, Colombia recibió el primer vuelo de familias deportadas, las cuales denunciaron malas condiciones y abusos por parte de las autoridades estadounidenses. Sobre el asunto de los abusos denunciados, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Washington, se ha limitado a decir que se están estudiando los casos, están hablando con EE. UU. sobre estos y crearán una mesa técnica para trabajar en que los procedimientos se lleven a cabo conforme a los derechos humanos.

Lo que es evidente es que los países de la región parecen estar aceptando las condiciones de Estados Unidos para abordar la situación migratoria sin que se cumpla con una comunicación plena sobre estas medidas. Los RPC, sobre los que no hay claridad, y los vuelos de deportación, sobre los que hay quejas, son el ejemplo más grande. Esta no es la primera vez que pasa. Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, recuerda que México aceptó admitir a 30.000 migrantes al mes, de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, deportados por Estados Unidos.

“Nunca debimos aceptar esa política de que otras personas fueran retornadas a México sin ningún plan ulterior o de desarrollo o apoyo a estas personas”, dijo Rendón.

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El Gobierno de México, en esta y la anterior administración, ha sido acusado por Amnistía Internacional y otras organizaciones de hacer el “trabajo sucio” de Estados Unidos, tanto por recibir deportados como deportar también gente que viaja desde Centroamérica. El lío con las deportaciones es que México no tiene la infraestructura necesaria ni las políticas para atender a estas personas, como han señalado expertos como Rodolfo Aguirre, coordinador de los programas de Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos de la Fundación Heinrich Böll en ese país. Los migrantes, explican los expertos, se atoran en el sistema y quedan mucho más vulnerables, pues deben vivir en la calle, sin dinero ni contactos.

Hay muchas más sombras que luces con el fin del Título 42. Si bien, como dice Adam Isacson, director de la Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), no hubo una catástrofe en la frontera tras las primeras horas sin el Título 42, sí hay un enorme drama humanitario que ha sido documentado. Estados Unidos debería ofrecer más detalles sobre sus planes para la migración a escala regional antes de que se ejecuten. La confusión llevó a que miles de migrantes creyeran que debían llegar a la frontera el 11 de mayo para intentar obtener asilo, han señalado medios en toda la región. También se necesitan políticas más integrales que no solo presenten condiciones en el exterior, sino también en el interior de Estados Unidos. La lentitud en las cortes de inmigración es un problema enorme que hace las solicitudes de asilo más difíciles. Sin embargo, hay pocos esfuerzos por aliviar el sistema. Por el contrario, la Cámara de Representantes aprobó el jueves un proyecto de ley que, entre otras cosas, planteaba la construcción de un muro y la separación de familias. El tono del Congreso de EE. UU. no es amable con los migrantes.

El proyecto “está muerto al llegar al Senado. Pero ni esto, ni el veto presidencial, importará. Aun así, esta es quizás la legislación más oscura, cruel y tribalista aprobada por una Cámara completa del Congreso de los EE. UU. en décadas. No puedo pensar en otro”, dijo Isacson.

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