Fin del Título 42: el Congreso de EE. UU., la otra pesadilla para los migrantes
El panorama para los migrantes en EE. UU. no es positivo. Mientras la Casa Blanca toma medidas que harán más difícil las solicitudes de asilo, el Congreso busca aprobar leyes más duras contra la migración.
Camilo Gómez Forero
Las palabras del último debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump resuenan hoy: “Este (Trump) es el primer presidente en la historia de EE. UU. que hace que cualquiera que busque asilo lo tenga que hacer en otro país”, dijo Biden, resaltando las políticas que endurecieron las condiciones para los solicitantes de asilo y acusando a su oponente de romper abruptamente con los principios de Estados Unidos.
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Las palabras del último debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump resuenan hoy: “Este (Trump) es el primer presidente en la historia de EE. UU. que hace que cualquiera que busque asilo lo tenga que hacer en otro país”, dijo Biden, resaltando las políticas que endurecieron las condiciones para los solicitantes de asilo y acusando a su oponente de romper abruptamente con los principios de Estados Unidos.
Con esto se pensaba que el demócrata iba a tejer una red de políticas más humanas para la población migrante si ganaba las elecciones, y que rompería de tajo con lo que hizo Trump. Pero, si bien ha dado algunos pasos, las nuevas directrices del presidente se parecen mucho a las de su antecesor.
Luego de esta noche, cuando se ponga fin al Título 42 que activó Trump, el gobierno estadounidense empezará a ejecutar una nueva estrategia migratoria que implica que los solicitantes de asilo deban tramitar su solicitud en un tercer país. Justo lo que Biden criticó en campaña.
“Estas políticas son diseñadas para dificultar o imposibilitar que las personas que necesitan seguridad la obtengan, e incluso castigarlas por intentarlo”, dijo Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, a The New York Times.
El Título 42, que acabará este jueves a las 11:59 p. m., es una política diseñada para la salud pública que Trump utilizó desde que empezó la pandemia para expulsar migrantes sin tener que procesar sus solicitudes de asilo, con el pretexto de cuidarse de los contagios de COVID. Esta política reemplazó al Título 8, la cual sí está diseñada como la política migratoria del país y permite a las personas solicitar asilo, siempre que la persona pueda convencer a las autoridades de que será perseguida o torturada si vuelve a su país.
La gran diferencia entre una y otra es que con el Título 42 no había un castigo: los migrantes eran expulsados, sí, pero podían volver a tratar de ingresar por la frontera de manera irregular una y otra vez. Esta es una razón por la que Andrew Seele, presidente del Migration Policy Institute, sugiere que debía terminarse, pues a largo plazo resultaba “ineficaz” como medida migratoria y de protección.
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Para 2019, sin el Título 42, cerca del 20 % de los migrantes que fueron arrestados habían sido expulsados con anterioridad. Bajo el Título 42, esta cifra saltó a la mitad, según un estudio del Instituto Cato. Es decir, facilitó los intentos repetidos de cruces. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) coincide: “el Título 42 no disuadió la migración. Apenas tuvo un efecto modesto en disuadir la migración de nacionalidades sujetas a expulsión a México, como migrantes de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela”.
El Título 8, por otro lado, sí plantea un castigo: quienes sean expulsados no podrán volver a presentarse para conseguir asilo durante cinco años. La política que volverá a regir desde el viernes resulta así más abierta a las solicitudes de asilo, pero mucho más dura a la vez en términos de castigo para quien no cumpla con las condiciones .
Aunque, según los expertos, era hora de que el Título 42 tuviera su fin, el restablecimiento del Título 8 tiene serios problemas. En la frontera estadounidense empiezan a aglomerarse miles de migrantes que consideran que el cambio de política será favorable para ellos. Ciudades tejanas como El Paso, Brownsville y Laredo ya han declarado el estado de emergencia y lidian con cientos de personas, la mayoría de América Latina, pero también de China, Rusia y Turquía. Se habla de un estimado de 150.000 personas que se dirigen a Estados Unidos desde México. Hay desesperación y confusión en la frontera.
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Incluso el propio Biden reconoció que la situación será “caótica” durante un tiempo. Hay mucha gente que llega creyendo que con el Título 8 tiene más posibilidades de asilo, aunque Washington advierte lo contrario. Pensando en el desbordamiento del sistema en la frontera, el gobierno cambió las reglas del proceso. Ahora, quienes busquen asilo deberán empezar su proceso en un tercer país y por una aplicación digital, razón por la que Washington abrió centros de procsamiento en Colombia y Guatemala. Quienes no lo hagan así y lleguen a la frontera serán deportados. Para quienes no tienen un dispositivo electrónico o conexión a internet, se crea otra barrera.
Pero el asunto no es solo la cantidad de gente que se espera que llegue a la frontera en los próximos días o las nuevas condiciones que dificultan mucho más sus solicitudes. Por un lado, está el uso político de esta emergencia. Personalidades de derecha como Steve Bannon han replicado imágenes, videos y cifras falsas o sacadas de contexto para hacer que crezca el descontento con el gobierno y sugieren que un millón de personas se dirige a la frontera.
Otros, como el youtuber conservador Drew Hernández, han aprovechado el momento para alimentar teorías conspirativas como la del “gran reemplazo” del francés Renaud Camus, la cual sugiere, sin pruebas, que una élite busca reemplazar la demografía de un país para hacer colapsar la soberanía nacional. Estos datos falsos solo buscan avivar el descontento contra el gobierno y el miedo hacia los migrantes, quienes, cabe destacar, han sufrido dos graves ataques de odio esta semana en Texas.
Por otro lado también está la dirección política en el Congreso, que ha fracasado por años en sus intentos de alcanzar una legislación bipartidista que aborde las necesidades de la migración de manera integral.
El último intento fue un proyecto de ley de los congresistas Krysten Sinema y Thom Tills, que buscaba proteger a los 2 millones de “soñadores” (como se les llama a las personas que llegaron al país de niños de manera irregular), darles un camino rápido hacia la ciudadanía y mejorar el sistema de asilo. El proyecto no ha avanzado. La inacción parece haber terminado, aunque con noticias no tan positivas para los migrantes. Este mismo jueves, la Cámara votará sobre el proyecto de Ley de Asegurar la Frontera 2023, el cual, según Adam Isacson, director para la Veeduría de Defensa de Wola, “lastimaría a mucha gente”.
Isacson explica que el proyecto mencionado incluye, entre otras cosas, el reinicio de la detención de familias y la construcción del muro fronterizo, la prohibición de fondos y cooperación para ONG que asistan a migrantes y hacer que las víctimas de delincuencia organizada sean inelegibles para el asilo. “Cualquier persona con conciencia debería votar no”, remata el experto. Se necesita que cuatro republicanos voten en contra del proyecto, y de momento solo dos han mostrado oposición. Aunque la Casa Blanca ha amenazado con vetar la ley, lo que esta escena dice es que la pesadilla para los migrantes está lejos de terminar.
Este proyecto, además, se suma a otras iniciativas antiinmigración, como la ley aprobada en Florida esta semana que dificulta el establecimiento de migrantes en situación irregular, como dejar de reconocer las licencias de conducción, documento de identificación de muchos, emitidas por otros estados. El panorama legal para los migrantes en EE. UU. no es positivo.
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