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El pasado 15 de agosto el fiscal supremo de Perú, Pablo Sánchez, recibió un informe de la fiscal provincial, Sandra Castro, cuyo contenido revelaría la existencia del grupo bautizado como “Los cuellos blancos del puerto”, en el que estarían involucrados jueces del país, fiscales supremos y exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Uno de los nombres que figura dentro de la lista es el de Pedro Chávarry, actual fiscal de la Nación.
Junto a Chávarry, el documento involucra a los jueces de la Corte Suprema César Hinostroza, Duberlí Rodríguez, Aldo Figueroa, Martín Hurtado y Ángel Romero. También están los ex miembros del CNM Orlando Velásquez, Guido Aguila, Iván Noguera, Herbert Cubas y Julio Gutiérrez Pebes.
Como cabecilla de la organización estaría el suspendido juez supremo César Hinestroza. Junto a él estaría el expresidente de la Corte Suprema de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien cumple prisión preventiva.
(Ver más: En Perú tienen su propio "Cartel de la Toga")
Según El Comercio de Perú, el objetivo de la organización era “lograr copar las entidades públicas, como el Poder Judicial y el Ministerio Público”, ostentando cargos de poder. Uno de los testimonios citados por el medio aseguró: “Quieren evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ante ello, el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarry”.
Además, la fuente agregó: “Para esto organizan encuentros con periodistas acudiendo a Antonio Camayo para que realice una reunión con los periodistas para que realicen entrevistas de apoyo dirigidas, y por eso que los integrantes del organigrama tenían en mente que el Ministerio Público se encontraba manejado y controlado por ellos […]”.
A mediados del pasado julio cinco jueces y tres funcionarios del grupo fueron suspendidos luego de que la prensa difundiera unas grabaciones en las que se les escucha negociando los sobornos a cambio de favores judiciales. El escándalo llevó al presidente Martín Vizcarra a nombrar una comisión para tratar el tema.