Fiscalía argentina investiga a Mauricio Macri por contrabando de armas a Bolivia
La denuncia por un supuesto envío de armas a Bolivia para reprimir las protestas en 2019 ha sacudido la política argentina. El expresidente Mauricio Macri dice que se trata de una “persecución en su contra”.
La fiscalía argentina abrió este viernes una causa judicial contra el expresidente Mauricio Macri, quien fue denunciado por contrabando de municiones a Bolivia en noviembre de 2020, cuando ese país se encontraba sacudido por manifestaciones por la reelección de Evo Morales.
El fiscal Carlos Navas Rial decidió impulsar la investigación contra Macri tras una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic.
La fiscalía también incluyó en la causa a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad.
El canciller boliviano Rogelio Mayta denunció hace una semana que el gobierno de centro-derecha de Macri (2015-2019) envió a las fuerzas armadas de ese país municiones antidisturbios y también gases lacrimógenos para reprimir las protestas de los seguidores de Morales.
Pocos días después, el gobierno argentino denunció a Macri y varios de sus ministros por contrabando agravado de las municiones, un delito que contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión.
Embajada en La Paz
Macri ha negado las acusaciones y sostuvo, en cambio, que su gobierno dio asilo en la embajada argentina de La Paz a funcionarios del gobierno de Morales.
“Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones”, dijo Macri en una carta pública.
Pero la ministra Frederic indicó que las municiones fueron enviadas “de forma encubierta” en un avión de la fuerza aérea argentina que llevó a Bolivia a 10 gendarmes que reforzaron la seguridad de la embajada.
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Para el ministro Soria, “el delito consiste en decir que las municiones van para la embajada y terminan en poder de la fuerza aérea boliviana y en depósito de la policía”, según dijo esta semana a un grupo de corresponsales extranjeros.
Un juez debe decidir próximamente si toma declaración indagatoria a los acusados en este caso.
A fines de 2019 se registró una fuerte convulsión en Bolivia, tras las elecciones de octubre, que en medio de acusaciones de fraude arrojaron la reelección del presidente de izquierda Evo Morales tras 14 años en el poder.
Una auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”.
La violencia social que estalló en el país derivó en la renuncia en noviembre de Morales, quien primero se exilió en México y luego en Argentina.
Le sucedió la derechista Jeanine Áñez, pero tuvo que enfrentar la resistencia de sindicatos y campesinos afines al exgobernante indígena. Ella ordenó a policías y militares salir a las calles para aplacar los desmanes sociales.
Le puede interesar: Evo Morales, expresidente de Bolivia, regresó a su país tras un año en el exilio
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis dejó 35 muertos, primero por choques entre simpatizantes de Morales y sus adversarios; y luego entre aquellos y militares y policías bajo el gobierno de Áñez.
La exmandataria, que dejó el poder tras la victoria de Arce, cumple prisión preventiva acusada de delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Bolivia también acusó el mes pasado a Ecuador de haber despachado gases lacrimógenos y munición para colaborar con el gobierno de Áñez.
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El fiscal Carlos Navas Rial decidió impulsar la investigación contra Macri tras una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic.
La fiscalía también incluyó en la causa a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad.
El canciller boliviano Rogelio Mayta denunció hace una semana que el gobierno de centro-derecha de Macri (2015-2019) envió a las fuerzas armadas de ese país municiones antidisturbios y también gases lacrimógenos para reprimir las protestas de los seguidores de Morales.
Pocos días después, el gobierno argentino denunció a Macri y varios de sus ministros por contrabando agravado de las municiones, un delito que contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión.
Embajada en La Paz
Macri ha negado las acusaciones y sostuvo, en cambio, que su gobierno dio asilo en la embajada argentina de La Paz a funcionarios del gobierno de Morales.
“Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones”, dijo Macri en una carta pública.
Pero la ministra Frederic indicó que las municiones fueron enviadas “de forma encubierta” en un avión de la fuerza aérea argentina que llevó a Bolivia a 10 gendarmes que reforzaron la seguridad de la embajada.
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Para el ministro Soria, “el delito consiste en decir que las municiones van para la embajada y terminan en poder de la fuerza aérea boliviana y en depósito de la policía”, según dijo esta semana a un grupo de corresponsales extranjeros.
Un juez debe decidir próximamente si toma declaración indagatoria a los acusados en este caso.
A fines de 2019 se registró una fuerte convulsión en Bolivia, tras las elecciones de octubre, que en medio de acusaciones de fraude arrojaron la reelección del presidente de izquierda Evo Morales tras 14 años en el poder.
Una auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”.
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Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis dejó 35 muertos, primero por choques entre simpatizantes de Morales y sus adversarios; y luego entre aquellos y militares y policías bajo el gobierno de Áñez.
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