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La Fiscalía de Guatemala anunció este jueves que pedirá a la Corte Suprema despojar de su inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, por daños en la ocupación de una universidad en 2022, lo que eleva la incertidumbre a menos de dos meses de que deba asumir el cargo.
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El fiscal Saúl Sánchez dijo en rueda de prensa que “el Ministerio Público presentará los antejuicios contra” Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio.
El anuncio provocó críticas de Estados Unidos, la ONU y la OEA.
Arévalo, sociólogo socialdemócrata de 65 años y actualmente diputado, denunció que hay un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el mando el 14 de enero, tras enfrentar una “persecución” de la Fiscalía desde que dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, el 25 de junio.
Los delitos que se le imputan a ambos, además de a otros seis legisladores opositores, son “depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias”, indicó Sánchez.
La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019.
“Cualquier diligencia de antejuicio contra el presidente [electo] Arévalo va a la Corte Suprema de Justicia y contra la vicepresidenta electa Karin Herrera también”, dijo a la AFP el consultor de asuntos legislativos Víctor Valverth.
EE. UU.: habrá “consecuencias”
Antes del anuncio de Sánchez, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, incluida una aliada de Arévalo, por la ocupación de una universidad pública en 2022.
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“Las redadas de hoy del Ministerio Público y otros esfuerzos en curso para socavar la democracia en Guatemala son inaceptables”, señaló el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, en la red social X (antes Twitter).
“Aquellos que intenten interferir con una transición pacífica hacia el presidente electo enfrentarán consecuencias”, advirtió.
Con el caso de la universidad, la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de emprender varias acciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que validó el triunfo del opositor en los comicios.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala expresó su “preocupación por acciones que parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de derecho”.
El secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó por su parte que las nuevas acciones de la Fiscalía son de “carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo”.
“Resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”, agregó.
El Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo del organismo, había denunciado el miércoles los intentos de “impedir una transición pacífica del poder” en Guatemala.
“Exigimos respeto”
Entre mayo y junio de 2022 la sede central de la Universidad de San Carlos, la única estatal, estuvo ocupada por docentes y estudiantes. Por este caso, al menos 27 personas tienen orden de captura, según medios locales, entre ellas líderes estudiantiles, académicos y activistas de otras organizaciones.
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La ocupación fue llevada adelante en rechazo a lo que denunciaban como fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei. En los operativos de este jueves fue detenida la estudiante y activista Marcela Blanco, excandidata a diputada por Semilla. La agrupación política fue inhabilitada por la justicia este mes, a pedido de la Fiscalía.
“Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos”, escribió Arévalo en X, antes del nuevo anuncio de la Fiscalía.
La Corte Suprema rechazó el miércoles un pedido de Arévalo para frenar las acciones de la Fiscalía contra el TSE y Semilla. El anuncio ocurrió casi en simultáneo a la polémica y sorpresiva elección en el Congreso de los nuevos miembros de la Corte Suprema.
Al cierre de la sesión por la noche, un grupo de manifestantes insultó y lanzó objetos a diputados que salieron del Parlamento provocando una trifulca con policías. Este jueves el edificio estaba resguardado por cerca de 2.000 uniformados.
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