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La Fiscalía peruana informó que investigará al presidente de Perú, Pedro Castillo, cuando concluya su mandato por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal.
“La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, abrió una investigación preliminar al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública de tráfico de influencias agravado, como autor, y colusión, como partícipe”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía.
Estas investigaciones quedarán suspendidas hasta que Castillo culmine su mandato de cinco años, en 2026, puesto que el presidente cuenta con “inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal” en el Perú, de acuerdo con la fiscal.
Dichas investigaciones se centrarán en tres casos: en el primero, Castillo es acusado de presuntamente haber “intervenido –indebida e indirectamente–” en un proceso de licitación pública para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región de San Martín, al norte de Perú.
En el segundo caso, la fiscalía lo investigará por presuntamente haber intervenido en un proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período de enero-abril 2022, “con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, adquiriera un contrato por la suma de 74 millones de dólares”.
El tercero, se refiere a una supuesta presión indebida de parte del mandatario para ascender a oficiales militares afines a su gobierno de izquierda. Por lo que la fiscalía podría imputarle “los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal”. El presidente Castillo fue interrogado hace una semana por la Fiscalía por estas supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea.
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Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que fueron destituidos por Castillo tras negarse a ascender a militares allegados al presidente, como se les demandaba desde el Palacio de Gobierno.
En ese caso está investigado el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía le incautó 20.000 dólares escondidos en su oficina, y quien habría sido la persona que presionó a los militares para que cumplieran con ese pedido.
Hasta el momento, el presidente peruano no ha dado una explicación válida a la denuncia, según la Fiscalía, por presunta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas.
El fiscal adjunto supremo, que interrogó a Castillo el pasado 28 de diciembre, explicó a RPP Noticias que el mandatario atribuyó su comunicación con el general del Ejército, José Vizcarra, a un incidente en helicóptero cuando fue trasladado a su región natal de Cajamarca.
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De acuerdo con el fiscal Ramiro González: “Es cierto, hasta donde tenemos conocimiento, que hubo un percance sobre uno de los helicópteros, sobre este hecho estamos recabando información, pero la declaración de Vizcarra, y los otros hechos recogidos hacen ver que, la versión del presidente, no sería una explicación válida”.
El presidente, por su parte, le había dicho al fiscal que su intención, al comunicarse con Vizcarra, no era promover un ascenso de un allegado, sino advertir sobre la negligencia de un oficial en un viaje en helicóptero a la localidad de Puña, en Cajamarca, en el que él estuvo presente.
Investigación Suspendida
El fiscal González defendió la decisión de la fiscal Ávalos de suspender la investigación hasta el término del gobierno de Castillo en 2026 porque “tiene un trabajo tan arduo, y ve situaciones de diferente nivel y se está procesando a una persona que tiene que dar la seguridad a la comunidad internacional”, indicó.
Esta es la segunda vez en la historia del Ministerio Público que se le abre una investigación preliminar a un presidente durante el ejercicio de sus funciones.
El anterior precedente se remonta a octubre de 2020, cuando la Fiscalía también abrió un expediente contra el entonces presidente Martín Vizcarra, por presunta corrupción, que derivó posteriormente en una denuncia constitucional, una vez que el mandatario fue destituido.
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