Fiscalía de Venezuela confirma detención de la defensora de DD. HH. Rocío San Miguel
Luego de que no hubiera noticias de la abogada y experta en asuntos militares, el Ministerio Público confirmo su aprehensión. Para organizaciones de derechos humanos, se trata de una detención arbitraria en un contexto de creciente persecución contra la oposición y la sociedad civil en general.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este domingo la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, cuya desaparición forzada fue denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional luego de que de ella se perdiera el rastro desde el viernes pasado.
“El Ministerio Público #informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro [sic] y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Tachira) [sic] y otras entidades del país”, informó Saab a través de X.
Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes denunciaron el sábado que de San Miguel no había noticias desde el viernes en la noche y que había sido detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía por motivos desconocidos, sin que ninguna autoridad oficial diera razón de ella.
“Dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país: como siempre apegados a lo establecido en nuestra Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos”, agregó el jefe del Ministerio Público.
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Para Ligia Bolívar, coordinadora de la organización Alerta Venezuela, se trata claramente de una “detención arbitraria” de una persona que goza del altísimo reconocimiento y prestigio, no solo por su defensa de los derechos humanos, sino por su monitoreo a las acciones de las Fuerzas Armadas, a través de la organización Control Ciudadano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además, otorgó en 2012 medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, victimas de amenazas y hostigamientos a causa de la labor de San Miguel al frente de Control Ciudadano.
“Rocio San Miguel tiene medidas cautelares vigentes de la @CIDH, su detención nos ocupa y nos preocupa”, dijo este domingo Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión.
Para Bolívar, la detención arbitraria de San Miguel debe leerse en el contexto político actual, con un proceder por parte de las autoridades venezolanas que es un “guion ya conocido”.
Se refiere a las palabras que Nicolás Maduro pronunció hace una semana, en las que afirmaba que las elecciones las ganará “por las buenas o por las malas”. Dicho discurso se enmarca en un ambiente de creciente persecución contra la oposición, con varios de sus integrantes aún desaparecidos.
“Lo traigo a colación [las palabras de Maduro] porque ya en 2015, para las elecciones parlamentarias que perdieron, hubo una declaración similar, de que iban a ganar como fuera”, agrega Bolívar. En 2024, una vez más, el país se encuentra a puertas de una elección, esta vez presidencial, en el que “el gobierno una vez más saca el fantasma del magnicidio, como siempre lo hace”.
A finales de enero pasado, las autoridades venezolanas arrestaron a 32 personas, entre civiles y militares, acusados de “traición a la patria” por cinco presuntas “conspiraciones” para asesinar al presidente Nicolás Maduro con apoyo de Estados Unidos.
El entrevista con este diario el pasado 4 de febrero, Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales de Vente Venezuela, colectividad de la candidata opositora María Corina Machado (inhabilitada políticamente por el régimen), afirmó que no había información aún de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López. “Son jefes de campañas regionales. También está detenido Víctor Venegas, líder sindical en Barinas”.
Agregó: “Esto es muy preocupante, por lo que esperamos una reacción internacional. Hay mucho silencio en la región frente a estas desapariciones forzadas, a pesar de que algunos gobiernos abanderan la lucha histórica para que esto no ocurra”.
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Bolívar, por su parte, recuerda además lo “importante” que para el presidente Gustavo Petro son las decisiones tomadas en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, por lo que esperaría que “haga todo lo que esté a su alcance” para la liberación de San Miguel y todas las víctimas de detenciones arbitrarias, así como el cese de la persecución.
Además de las medidas de la CIDH, en 2018 San Miguel recibió a su favor una decisión de la Corte IDH por la violación de sus derechos en un caso que remonta a la época del referendo revocatorio contra Hugo Chávez, en 2004.
El 1.° de febrero pasado Control Ciudadano informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le “recordó, por cuarta vez, al Estado de Venezuela, que el 31 de mayo de 2019 venció el plazo, de un año, para presentar el informe sobre el cumplimiento de la Sentencia en el caso San Miguel Sosa y otros vs. Venezuela, requerido en el punto resolutivo décimo tercero de la misma, sin que haya sido recibido en la Secretaría de dicha Corte”.
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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este domingo la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, cuya desaparición forzada fue denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional luego de que de ella se perdiera el rastro desde el viernes pasado.
“El Ministerio Público #informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro [sic] y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Tachira) [sic] y otras entidades del país”, informó Saab a través de X.
Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes denunciaron el sábado que de San Miguel no había noticias desde el viernes en la noche y que había sido detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía por motivos desconocidos, sin que ninguna autoridad oficial diera razón de ella.
“Dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país: como siempre apegados a lo establecido en nuestra Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos”, agregó el jefe del Ministerio Público.
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Para Ligia Bolívar, coordinadora de la organización Alerta Venezuela, se trata claramente de una “detención arbitraria” de una persona que goza del altísimo reconocimiento y prestigio, no solo por su defensa de los derechos humanos, sino por su monitoreo a las acciones de las Fuerzas Armadas, a través de la organización Control Ciudadano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además, otorgó en 2012 medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, victimas de amenazas y hostigamientos a causa de la labor de San Miguel al frente de Control Ciudadano.
“Rocio San Miguel tiene medidas cautelares vigentes de la @CIDH, su detención nos ocupa y nos preocupa”, dijo este domingo Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión.
Para Bolívar, la detención arbitraria de San Miguel debe leerse en el contexto político actual, con un proceder por parte de las autoridades venezolanas que es un “guion ya conocido”.
Se refiere a las palabras que Nicolás Maduro pronunció hace una semana, en las que afirmaba que las elecciones las ganará “por las buenas o por las malas”. Dicho discurso se enmarca en un ambiente de creciente persecución contra la oposición, con varios de sus integrantes aún desaparecidos.
“Lo traigo a colación [las palabras de Maduro] porque ya en 2015, para las elecciones parlamentarias que perdieron, hubo una declaración similar, de que iban a ganar como fuera”, agrega Bolívar. En 2024, una vez más, el país se encuentra a puertas de una elección, esta vez presidencial, en el que “el gobierno una vez más saca el fantasma del magnicidio, como siempre lo hace”.
A finales de enero pasado, las autoridades venezolanas arrestaron a 32 personas, entre civiles y militares, acusados de “traición a la patria” por cinco presuntas “conspiraciones” para asesinar al presidente Nicolás Maduro con apoyo de Estados Unidos.
El entrevista con este diario el pasado 4 de febrero, Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales de Vente Venezuela, colectividad de la candidata opositora María Corina Machado (inhabilitada políticamente por el régimen), afirmó que no había información aún de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López. “Son jefes de campañas regionales. También está detenido Víctor Venegas, líder sindical en Barinas”.
Agregó: “Esto es muy preocupante, por lo que esperamos una reacción internacional. Hay mucho silencio en la región frente a estas desapariciones forzadas, a pesar de que algunos gobiernos abanderan la lucha histórica para que esto no ocurra”.
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Bolívar, por su parte, recuerda además lo “importante” que para el presidente Gustavo Petro son las decisiones tomadas en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, por lo que esperaría que “haga todo lo que esté a su alcance” para la liberación de San Miguel y todas las víctimas de detenciones arbitrarias, así como el cese de la persecución.
Además de las medidas de la CIDH, en 2018 San Miguel recibió a su favor una decisión de la Corte IDH por la violación de sus derechos en un caso que remonta a la época del referendo revocatorio contra Hugo Chávez, en 2004.
El 1.° de febrero pasado Control Ciudadano informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le “recordó, por cuarta vez, al Estado de Venezuela, que el 31 de mayo de 2019 venció el plazo, de un año, para presentar el informe sobre el cumplimiento de la Sentencia en el caso San Miguel Sosa y otros vs. Venezuela, requerido en el punto resolutivo décimo tercero de la misma, sin que haya sido recibido en la Secretaría de dicha Corte”.
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