“Fue un crimen de Estado”: un año del informe sobre la verdad del caso Ayotzinapa
El informe de la Comisión para la Verdad sobre Ayotzinapa permitió que se desmintieran versiones de gobiernos anteriores sobre lo ocurrido en el 2014. Sin embargo, las investigaciones para conocer el paradero de los jóvenes continúan.
En 2014, 43 estudiantes de una escuela de Ayotzinapa desaparecieron. En el 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que inició la investigación en 2019, determinó que había sido un crimen de Estado. Un año después de la publicación del informe de la Comisión, las Fuerzas Armadas de México todavía reciben acusaciones de obstruir el acceso a la información sobre violaciones a derechos humanos.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, afirmó Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos.
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Los estudiantes de la Normal fueron detenidos por la Policía Municipal cuando iban a iniciar un viaje hacia Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco. El crimen fue perpetrado entre agentes estatales de pueblos vecinos, quienes actuaron como cómplices de Guerreros Unidos en los hechos.
Encinas añadió que “autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” y se les ha acusado de “alterar hechos y circunstancias”. Sus omisiones, aseguró, “permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.
Las declaraciones de gobiernos anteriores fueron desmentidas con el informe, que negó que todos los estudiantes hayan sido asesinados en un basurero y sus restos esparcidos en un río cercano. Todavía no hay claridad sobre lo que pasó realmente con algunos de ellos, ni dónde están sus cuerpos.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó el mes pasado a las Fuerzas Armadas de obstruir el acceso a la información con respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El GIEI anunció su retiro de México, pues su labor para determinar el paradero de las víctimas había llegado a su fin.
“Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en la Secretaría de Defensa Nacional sobre lo que pasó, o sobre los documentos que tuvieron sobre el posible destino de los normalistas o qué se hizo con eso. No hay un cumplimiento de las órdenes. Vinimos a este país con el compromiso de que íbamos a tener acceso a toda la información disponible y eso es lo que hemos pedido hasta ahora”, dijo Carlos Beristain, integrante del GIEI.
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La investigación sobre la “Guerra sucia” en México
Las Fuerzas Armadas mexicanas también fueron señaladas por los activistas del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) por obstaculizar la investigación sobre la “Guerra sucia”, un periodo de represión por parte del Estado mexicano entre 1960 y 1980.
En ese tiempo, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emprendió una persecución contra opositores políticos, estudiantes y líderes sociales, lo que resultó en cientos de personas reportadas como desaparecidas.
Andrés Manuel López Obrador afirmó que toda la información del Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas fue entregada. Pero el MEH ha dicho que han enfrentado “serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de las policías”.
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En 2014, 43 estudiantes de una escuela de Ayotzinapa desaparecieron. En el 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que inició la investigación en 2019, determinó que había sido un crimen de Estado. Un año después de la publicación del informe de la Comisión, las Fuerzas Armadas de México todavía reciben acusaciones de obstruir el acceso a la información sobre violaciones a derechos humanos.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, afirmó Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos.
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Encinas añadió que “autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” y se les ha acusado de “alterar hechos y circunstancias”. Sus omisiones, aseguró, “permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.
Las declaraciones de gobiernos anteriores fueron desmentidas con el informe, que negó que todos los estudiantes hayan sido asesinados en un basurero y sus restos esparcidos en un río cercano. Todavía no hay claridad sobre lo que pasó realmente con algunos de ellos, ni dónde están sus cuerpos.
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“Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en la Secretaría de Defensa Nacional sobre lo que pasó, o sobre los documentos que tuvieron sobre el posible destino de los normalistas o qué se hizo con eso. No hay un cumplimiento de las órdenes. Vinimos a este país con el compromiso de que íbamos a tener acceso a toda la información disponible y eso es lo que hemos pedido hasta ahora”, dijo Carlos Beristain, integrante del GIEI.
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Andrés Manuel López Obrador afirmó que toda la información del Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas fue entregada. Pero el MEH ha dicho que han enfrentado “serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de las policías”.
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