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Una veintena de camiones bloquearon la ciudad de Iquique, al norte de Chile, en forma de protesta por el aumento de “la delincuencia y de la inseguridad social”, así como por la migración. Gremios, taxistas y trabajadores portuarios y del comercio salieron a las calles levantando pancartas que decían “No más violencia”, “Esto no da más”. Más de 4.000 personas se congregaron a lo largo y ancho de la ciudad, al tiempo que se escuchaban gritos xenófobos y se destruían los campamentos improvisados de inmigrantes. Aunque estas escenas tomaron lugar el 30 de enero de 2022, las imágenes de aquel día no son nuevas: en septiembre pasado, tras una marcha nacionalista, un campamento de migrantes venezolanos fue quemado. Juguetes, pañales, cobijas y colchones fueron algunas de las pertenencias que quedaron bajo fuego, en una jornada que quedó registrada en la prensa local e internacional, mientras que el gobierno de Sebastián Piñera realizaba desalojos en los espacios públicos e impulsaba los vuelos de deportación.
Desde 2014, 1,8 millones de personas han llegado a Chile, que tiene 19 millones de habitantes. Solo en los últimos dos años, según estimaciones del gobierno, 20.000 personas han ingresado al país de manera irregular, bajo los dictámenes de la Ley Migratoria de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, con la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería, que tomó lugar el año pasado, Chile va a poner en práctica un nuevo marco jurídico, al tiempo que el gobierno de Gabriel Boric toma posesión y la Convención Constitucional sigue en marcha.
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Si Piñera llegó al poder con el lema “Poner en orden la casa”, Boric asume la presidencia bajo la consigna de “Chile tiene que recuperar el control de sus fronteras”, afirmaciones que, según Sebastián Umpiérrez de Reguero, investigador asociado del Instituto Europeo Universitario y de la Universidad Diego Portales, no tienen mucha diferencia. Y es que, de acuerdo con el informe “Claves Ipsos” de febrero de 2022, los ciudadanos creen que las tres prioridades en materia de política pública para el nuevo presidente chileno son el combate de la delincuencia (51 %), el control del proceso migratorio (47 %) y la mejora del sistema de salud pública (35 %).
Por lo menos, simbólicamente, Boric parece tener una postura a favor de la migración: su ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, vivió en el exilio en Cuba tras el golpe de Estado de 1973, “por lo que habla como cubana y no como chilena”, puntualiza Umpiérrez, y Lucía Dammert, su jefa de asesores del gabinete, tiene ciudadanías peruana y chilena.
Así, el mandatario parece tener un discurso migratorio alineado con la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, y teniendo de contexto la más reciente administración, en la que se tomaron posiciones contradictorias entre sí, como la militarización de las fronteras, los vuelos de deportación y la aprobación de la nueva ley, que busca “regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, bajo la promoción, el respeto y la garantía de los derechos”, esta postura puede cambiar con el paso del tiempo.
“Si hablamos de si hay apuestas por la integración de los migrantes en Chile, en el discurso vemos que el gobierno de Piñera, por ejemplo, tuvo un interés por mostrarse como una administración amigable, que aceptaba la migración ordenada, pero se dio una disonancia y se establecieron dos discursos diferentes: uno de tipo más publicitario y otro de tipo legal e institucional”, dice Germán Campos-Herrera, investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSO), de la Universidad Diego Portales. Por su parte, Umpiérrez, quien es coautor del estudio “Lenguaje inclusivo para políticas exclusivas: gobernanza migratoria restrictiva de Chile, 2018″, dice que “el lenguaje se usó para ‘quedar bien’ con la comunidad internacional, pero en la práctica se estableció una visión estratégica y restrictiva de la migración”.
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Según comenta el investigador, durante el último gobierno, los migrantes fueron vistos como posibles votantes para la derecha chilena, dado que, después de cinco años, los inmigrantes pueden votar en todo tipo de elecciones. “Como salen del régimen autoritario de Nicolás Maduro, de izquierda radical, algunos políticos han pensado en capitalizar esto para la derecha, para atraer votos, aunque todavía no hemos visto que aquello ocurra”. Ahora bien, no hay que olvidar que Piñera llegó a la Casa de la Moneda con la promesa de regular la migración, la cual, sobre todo ante los ojos de los chilenos del norte, no se cumplió.
Lo cierto es que la migración es un tema de debate público en Chile y Gabriel Boric, independientemente de la postura que adopte en el ejercicio de sus funciones, se enfrenta a su manejo. El aumento del 162 % de migrantes venezolanos en 2020 es prueba de ello. La Encuesta Casen de ese año muestra que 490.000 venezolanos viven en territorio chileno, cuando en 2017 eran 187.000 los que residían en el país suramericano, representando al 24,3 % de la población inmigrante. ¿Tienen la intención de quedarse?
La Encuesta Voces Migrantes 2021, realizada por el Servicio Jesuita a Migrantes, y la consultora Ekhos, muestra que, aunque el 49 % de inmigrantes reconoce tener diferencias con los chilenos, y el 30,8 % se ha sentido discriminado, más de la mitad de los encuestados (de los 1.020 que fueron tomados en cuenta en el estudio) tienen la idea de “quedarse para siempre”.
Los haitianos, venezolanos y colombianos son los que sienten más rechazo. La nacionalidad (31,3 %), el acento (20,4 %), el color de piel (17,2 %), la apariencia física (12,2 %) y la condición económica (12,3 %) están entre las razones de la discriminación. “Lo que vemos, al igual que en 2019, es que la discriminación se relaciona con los que tienen más rasgos afrodescendientes. En Chile hemos ido construyendo nuestra identidad desde lo blanco y eso ha generado algunos conflictos con estas poblaciones”, afirmó Pablo Roessler, jefe de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, al diario chileno La Tercera.
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Algo similar asegura Umpiérrez de Reguero a El Espectador: “Hay cierto tipo de migración que los chilenos no quieren. Hay estudios que hablan de la racialización de la migración y por ellos sabemos que un migrante rubio y de ojos azules va a ser mejor visto que un afrodescendiente, y eso se ve en el caso de la migración haitiana”.
“Necesito escapar de Chile, eso es lo único que me importa”, dijo a la BBC Pierre Cenatus, quien llegó en 2014 al país y que en 2021 buscaba salir de allí. Él fue parte de los 110.166 haitianos que para 2017 vivían en el país suramericano, según las cifras recopiladas por el Servicio Jesuita a Migrantes con información de la Policía de Investigaciones. Aunque en un principio la tendencia era tener más migrantes de entrada que de salida, en 2019 se empezó a ver un comportamiento contrario: 10.478 querían salir y 7.515 aspiraban entrar. Así, para septiembre de 2021, cerca de 3.500 haitianos dejaron tierra chilena, aunque la cifra puede ser mayor, dado que no se tiene registro del flujo migratorio por pasos irregulares.
Quienes ingresaron antes del 18 de marzo de 2020, fecha en la que Chile cerró por primera vez sus fronteras por la pandemia, tuvieron la posibilidad de regularizar su estado migratorio a lo largo de 180 días, tiempo que venció el 17 de octubre de 2021. Sin embargo, el plazo no fue lo único que jugó en su contra: hay unos requisitos, como la presentación del certificado de antecedentes, que son difíciles de cumplir. “No tengo cómo conseguir el certificado porque no estoy en Haití. Llevo siete años acá y no entiendo por qué me piden esos papeles si no he vuelto a mi país. No hay una voluntad de ayudarnos”, afirmó Cenatus a la BBC.
Ahora bien, Campos-Herrera reconoce que aún es muy prematuro hablar sobre qué esperar de la nueva ley. Aunque fue aprobada el 21 de abril de 2021, entró en vigor el 12 de febrero de 2022 y, como tal, “es muy nueva, todavía hay muchos vacíos de interpretación y falta ver a quién le corresponde hacerlo”. Por el momento, se conoce que, según se lee en el Servicio Jesuita a Migrantes, “a los nacionales de Haití, Cuba, República Dominicana y Venezuela se les exigirá una autorización previa para su ingreso a Chile”.
También se sabe que la ley prohíbe “el ingreso al país de los extranjeros que intenten ingresar o egresar, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona en los cinco años anteriores”. Sin embargo, se lee que “la migración irregular no es constitutiva de delito”, es decir, no es objeto de criminalización.
Lo más probable, según Campos-Herrera, es que Gabriel Boric permita que la institucionalidad prospere por sí misma, en momentos en los que Chile no solo se enfrenta a los retos de la migración, sino también a los que trae la Convención Constitucional.
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