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Tras la enérgica condena de países como Chile, cuyo presidente Gabriel Boric no dudó en llamar dictador a Daniel Ortega, su homólogo nicaragüense, el gobierno de Colombia por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores “registró con repulsión” las acciones en Nicaragua por las cuales más de 300 personas entre opositores y presos políticos fueron despojados de su nacionalidad. Además, de ese grupo, 222 fueron expulsados del país.
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“Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Atanasio Somoza que el sandinismo logró superar”, reza el comunicado difundido por la Cancillería.
Además, también resaltaron la postura del obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien se rehusó salir del país. “Lección para el mundo y para el actual jefe de gobierno de Nicaragua. De contera, la patriótica decisión del señor Obispo, fue respondida con una condena de veintiséis años de prisión”, continúan.
En cuanto a pedidos concretos, el comunicado pide a la comunidad internacional reaccionar ante lo que pasa en Nicaragua, al tiempo que pidieron a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que se pida la autorización respectiva para que se visiten a los opositores que aún siguen apresados.
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“El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional. Al señor Fiscal de la Corte se le pide tomar cartas en tan alarmante asunto”, concluye el comunicado, al tiempo que se reitera la oferta a los nicaragüenses que perdieron su nacionalidad, de hacerse ciudadanos colombianos.
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