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Venezuela presentó este martes su apelación contra la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reanudar las investigaciones por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Nicolás Maduro en 2017.
Caracas había pedido a la corte con sede en La Haya que detuviera su investigación el año pasado sobre la represión gubernamental de las protestas contra Maduro, en las que murieron más de 100 personas, diciendo que haría su propia investigación interna.
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Pero los jueces de la CPI autorizaron en junio al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación, considerando insuficientes los procesos judiciales en el país caribeño.
Los representantes del gobierno de Maduro sostuvieron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era demasiado imprecisa.
Los jueces de la CPI “afirmaron que funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación”, dijo Ben Emmerson, uno de los abogados del gobierno de Venezuela.
Pero “el fiscal nunca ha identificado a ningún funcionario de alto rango sospechoso de algún delito que pretenda investigar”, agregó.
Las acusaciones de la fiscalía eran tan generales que era “imposible en cualquier sentido práctico que Venezuela respondiera como estaba previsto y se requería”, sostuvo el letrado.
Los fiscales respondieron diciendo que no estaban obligados a dar detalles específicos en este momento de su investigación, pero que los documentos proporcionados eran “específicos y significativos” y que Caracas sí podía responder.
Khan inició una investigación formal en noviembre de 2021 y firmó entonces un acuerdo con Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país.
Posteriormente, en abril de 2022, Venezuela dijo que iniciaría sus propias pesquisas y pidió al tribunal que suspendiera la investigación. Pero Khan pidió al tribunal en noviembre pasado que reanudara la investigación.
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Desde 2017, más de 200 miembros de la policía y el ejército han sido acusados o condenados por violaciones de los derechos humanos, anunció Caracas en abril del año pasado.
La oposición afirma que esas acciones se tomaron simplemente para evitar una investigación de la CPI.
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