La Policía Nacional Nicaragüense confirmó la destitución y baja deshonrosa del jefe de escolta presidencial de Daniel Ortega, comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés. Según Confidencial, “la caída de Acuña Avilés, ordenada por Murillo (la copresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo), se produjo después de que tuviera una discusión con la vicepresidente el 24 de julio”, indicó el periódico.
Después de 25 años de servicio, Acuña es señalado de desobedecer “flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana”, según la nota de prensa policial.
“En consecuencia y de conformidad a lo establecido en la Ley 872 (Ley de la Policía Nacional) y sus reformas, se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”, agregó.
Acuña Avilés tuvo una carrera de larga data en la institución. Era parte del equipo policial de seguridad de Ortega desde los años 90, y desde el 10 enero de 2007 se convirtió en el jefe de la escolta presidencial. En 2014, fue ascendido al grado de comisionado general a través del Acuerdo Presidencial 160-2014, el máximo reconocimiento para un oficial en la Policía Nacional.
De acuerdo con el medio nicaragüense, un exfuncionario del Gobierno de Ortega describió al comisionado general Acuña como “un oficial muy profesional, de trato educado y respetuoso, con dedicación total a él, no a ella (la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo)”.
Fuentes vinculadas a la Policía Nacional y confirmadas por el medio revelaron que en los últimos meses eran visibles las “relaciones de tensión” entre Murillo y el comisionado general Acuña.
La misma noche de su destitución, Acuña fue internado en el Hospital Carlos Roberto Huembes, que atiende a la Policía Nacional, “para que lo estabilizaran, porque se le había subido la presión”. Desde entonces permanece incomunicado en el hospital, custodiado por oficiales de la Policía Nacional.
Para el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, el exiliado Arturo McFields, la baja de Acuña Avilés “debería abrir los ojos a miles de agentes policiales” en el país. “Ortega los abraza, los promociona, les pide que maten en su nombre, hasta que llega el día en que ya no le son útiles y los tira a la basura. Los dictadores no tienen amigos. Acuña lo entendió demasiado tarde”, agregó.
Por su parte, un miembro del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos nicaragüenses en Costa Rica apuntó que “si este es un hecho que fue conocido públicamente. ¿Cuántos más no son de reconocimiento público?”.
La destitución del comisionado general Acuña se considera una de las purgas en las instituciones de gobierno que adelanta la vicepresidenta Murillo. En el último año se ha ordenado el retiro de decenas de altos funcionarios sandinistas, incluida la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos o el exjefe del Ejército y crítico del gobierno izquierdista de Daniel Ortega, su hermano, Humberto Ortega.
A mediados de mayo, Humberto Ortega fue detenido en su casa y quedó incomunicado. Esto ocurrió luego de que en una entrevista con el medio argentino Infobae, este dijera que su hermano, de 78 años, carece de sucesores y su poder no resistirá a un eventual fallecimiento. Horas después la Policía Nacional irrumpió en la vivienda de Humberto Ortega y le confiscaron sus celulares y computadoras.
El 21 de mayo, la institución policial emitió un comunicado asegurando que personal del Ministerio de Salud se instaló en las afueras de la casa del exjefe del Ejército para velar por su salud, confirmando la medida de casa de cárcel de facto.
Su retención fue interpretada como una detención domiciliaria por opositores en el exilio.
Además, el pasado 29 de mayo, el presidente de Nicaragua dijo en un acto público que quien ejercía como jefe del Ejército en 1992, es decir Humberto Ortega, cometió un acto de “traición a la patria” al haber condecorado en ese entonces a un militar de Estados Unidos.
Los dos hermanos formaron parte de la guerrilla sandinista que combatió a la dictadura de la familia Somoza, que gobernó con mano de hierro el país centroamericano durante más de cuatro décadas (1936-1979). Tras el triunfo de la revolución en 1979, Humberto Ortega se convirtió en jefe del Ejército hasta 1995, mientras que su hermano Daniel tomó las riendas del gobierno, y luego fue derrotado en elecciones en 1990.
De acuerdo con El País, la destitución de funcionarios (muchos por supuestos casos de corrupción) se debe a un “reordenamiento, reestructuración y rediseño” en las diferentes instituciones gubernamentales anunciada desde la Presidencia. Algo que ha generado diversas interpretaciones.
La primera es que la “barrida” masiva de funcionarios estaría en sintonía con una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la deuda pública. “Otra hipótesis es que las finanzas estatales están en crisis o que la Presidencia pretende ejercer un mayor control en las ejecuciones presupuestarias debidos a los supuestos casos de corrupción denunciados extraoficialmente”, detalló el medio español.
En el comunicado oficial sobre “la compactación del Estado”, el Gobierno alega “ahorro y eficiencia en el gasto y la gestión pública”. Sin embargo, los críticos analizan que la decisión podría tratarse de una limpieza entre “las planillas de funcionarios públicos que no han demostrado suficiente lealtad al proyecto de sucesión dinástica que empuja la pareja presidencial, en especial Murillo”, de acuerdo con El País.
Se espera que su hijo, Laureano Ortega Murillo, sea el sucesor.
Daniel Ortega volvió al poder en 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en comicios cuestionados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
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