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Prueba de fuego al gobierno de Dina Boluarte, bajo mayor escrutinio en Perú

En medio de la investigación por enriquecimiento ilícito de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el gabinete ministerial busca el voto de confianza ante el Parlamento. Las pesquisas contra la mandataria han sido ampliadas, mientras que una segunda moción de destitución ha sido presentada en el Legislativo.

03 de abril de 2024 - 02:55 p. m.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó este lunes su gabinete al cambiar a seis ministros, cuando se encuentra inmersa en plena crisis por el caso de los relojes de lujo Rolex, por el que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó este lunes su gabinete al cambiar a seis ministros, cuando se encuentra inmersa en plena crisis por el caso de los relojes de lujo Rolex, por el que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.
Foto: EFE/Presidencia del Perú - Presidencia del Perú
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El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, asiste este miércoles al Congreso para pedir el voto de confianza por el nuevo gabinete al Parlamento, un procedimiento obligatorio en ese país.

Cabe recordar que hace dos días hubo seis cambios repentinos en el gabinete, en medio de investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito.

Adrianzén fue nombrado presidente del Consejo de Ministros el pasado 6 de marzo y la Constitución peruana obliga a que, en los siguientes 30 días, acuda al Congreso para pedir el voto de confianza de los parlamentarios.

Para recibir la luz verde es necesario que obtenga una mayoría simple en la votación.

En caso de no recibir el apoyo, deberá renunciar al cargo y la presidenta Boluarte tendrá que nombrar un nuevo gabinete. Si este es rechazado en una segunda ocasión, la presidenta puede cerrar el Congreso.

El nuevo primer ministro acude al Congreso en plena crisis desatada por la apertura de una investigación a la mandataria por la adquisición de varios relojes de lujo de la marca Rolex que no ha declarado, y justo un día después de que otra moción de destitución contra Boluarte, la segunda en menos de una semana, haya sido presentada.

Por el caso en cuestión, la Fiscalía allanó en la madrugada del 29 de marzo el domicilio de Boluarte y el Palacio de Gobierno.

La Fiscalía de la Nación anunció el 2 de abril que ha ampliado la investigación preliminar para incluir depósitos bancarios de procedencia aún no explicada, así como otras joyas valiosas.

Durante una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Carlos Villena, el fiscal general interino de Perú, remarcó que esta investigación “es reservada”, pero informó que el pasado 1 de abril “se dispuso ampliar el marco fáctico de la imputación, ya no solo por los tres relojes Rolex”.

Indicó que ahora se ha incluido unas declaraciones juradas en los que aparece un incremento patrimonial de 432.000 soles (119.400 dólares o 111.000 euros) “en el plazo de dos años” y por la posesión de una pulsera de lujo de la gobernante que, “según una fuente abierta”, tiene un valor de 56.000 dólares y otras joyas con un valor que superaría los 500.000 dólares.

Agregó que también existen “depósitos de origen desconocido” por más de 1,1 millones de soles en cuentas bancarias de la gobernante, quien ha señalado en los últimos días que ese dinero no es propio, sino que pertenece al Club Departamental Apurímac (una asociación de migrantes de esa región en Lima), que presidió hasta antes de integrar, en 2021, el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

Ante las denuncias del Gobierno por el allanamiento del domicilio de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y al Palacio de Gobierno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó que procedimiento cumplió con la ley y no fue inconstitucional.

“Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros, la Policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada, se ha llevado adelante un procedimiento y se siguió”, dijo Arévalo a medios de comunicación.

Añadió que fue la Fiscalía quien hizo la petición de allanar el domicilio y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación por un caso de corrupción, y que el juez autorizó el descerraje de la puerta. “Todos han actuado de acuerdo a la ley. Yo no veo ningún aspecto de inconstitucionalidad”, afirmó.

Sostuvo que las decisiones judiciales se tienen que cumplir, “gusten o no” y que estas “no tienen que estar respaldadas por el presidente, lo que el presidente respalda es el cumplimiento”.

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