Este lunes el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que va a investigar una campaña de Google contra un proyecto de ley titulado “PL de las fake news”, que tramita en el Congreso, para fortalecer la regulación y supervisión de las plataformas digitales, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los motores de búsqueda.
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Fue el ministro de Justicia, Flávio Dino, quien anunció a través de su cuenta de Twitter que solicitó a la Secretaría Nacional del Consumidor adelantar investigaciones en contra de la compañía por emitir “propaganda engañosa” sobre la propuesta legislativa.
“Elevo el asunto a análisis de la Secretaría Nacional del Consumidor, organismo del Ministerio de Justicia, ante la posibilidad de configuración de prácticas abusivas por parte de las empresas (haciendo referencia también a Twitter)”, escribió el funcionario.
Estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. https://t.co/amkQe57ffc
— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 1, 2023
Esta disputa entre Google y el gobierno brasileño surgió a raíz de la denuncia que realizó la organización Sleeping Giants Brasil, en la que acusó al motor de búsqueda de usar la plataforma para atacar el proyecto “PL de las fake news”, ya que este mismo lunes, el buscador fijó en la versión brasileña, un enlace que llevaba a un artículo titulado: “El PL de las fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil”.
Dicho texto está firmado por el director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Brasil, Marcelo Lacerda, quien expone una serie de objeciones contra el citado proyecto de ley, que se tramita en el Parlamento desde 2020 y podría ser votado este martes en la Cámara de Diputados con régimen de urgencia.
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“Una de las consecuencias no deseadas, por ejemplo, es que el PL acaba protegiendo a quienes producen desinformación, lo que da lugar a la creación de más desinformación”, asegura Lacerda en el artículo.
Por otro lado, el senador Randolfe Rodrigues, uno de los portavoces del Gobierno de Lula en el Congreso, comunicó este lunes que solicitará al órgano antimonopolios brasileño la apertura de una investigación administrativa por una posible “infracción contra el orden económico por abuso de posición dominante” de Google.
“Pediré, de forma cautelar, la retirada del artículo” publicado en el buscador y “la fijación de una multa por un valor máximo del 20 % de los ingresos brutos, además del bloqueo cautelar de las cuentas bancarias de Google”, indicó Rodrigues en sus redes sociales.
“El PL de las fake news”, un controvertido proyecto de ley
El PL de las fake news busca implementar nuevas medidas para moderar los contenidos por parte de las plataformas digitales. Así, la iniciativa prevé endurecer el control hacia las redes sociales y ampliar la lista de contenidos que deben ser eliminados antes del dictamen judicial.
Las compañías de internet y redes sociales que permitan la circulación de discursos de odio, noticias falsas, extorsión y demás actividades ilegales dentro del ecosistema digital, podrían ser sancionadas con elevadas multas. De acuerdo con el documento, se establece una multa de hasta el 10% de los ingresos del grupo económico en Brasil, en caso de incumplimiento de la ley.
Este proyecto de ley está inspirado en la “Ley de Servicios Digitales”, adoptada por la Unión Europea; sin embargo, la principal motivación recae en los ataques por parte de los partidarios del exmandatario, Jair Bolsonaro, que invadieron las redes sociales con contenido ofensivo en contra del actual gobierno.
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Según señala la BBC de Brasil, los defensores de la propuesta dicen que esta ley permitirá hacer del entorno digital, un lugar más seguro. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, están los opositores que señalan los riesgos de las nuevas reglas, que, aseguran, representan una amenaza para la libertad de expresión.
Por ejemplo, preocupa que no se ha definido cuál organismo será el encargado de supervisar la aplicación de la ley, ya que los críticos temen algún tipo de censura.