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La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.
”Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país”, declaró en un posicionamiento.
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Sus declaraciones se producen después de que la Suprema Corte declaró el martes inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.
El fallo de la SCJN solo invalida el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado del norte del país que establecía hasta tres años de cárcel por aborto voluntario, pero crea un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.
El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.
La Conavim citó que las entidades con más carpetas abiertas por aborto son Estado de México con 93, Nuevo León con 67 y Ciudad de México con 52, pese a que en la capital existe la interrupción legal del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.
”Cabe destacar que estas tres entidades concentran el 49 % de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año”, advirtió la comisión, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
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El organismo también destacó las cifras de Tamaulipas (28 casos), Querétaro (22), Baja California y Guanajuato (con 18 cada uno), Hidalgo (15), Veracruz (14) y Michoacán (13), con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Tras el fallo del martes, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública dispondrá de abogados públicos para defender a las mujeres procesadas por el crimen.
”Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación”, coincidió la Conavim.
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