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La aventura golpista de Pedro Castillo en Perú no resultó nada bien para él. Horas después de anunciar que disolvería el Congreso, mediante una maniobra inconstitucional, el Legislativo lo destituyó y efectivos de la Policía Nacional del Perú lo detuvieron a bordo de una camioneta y lo trasladaron a la Prefectura, en la Avenida España. Medios locales aseguran que se dirigía a la Embajada de México en Perú, con el objetivo de recibir asilo político. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que su país estaba dispuesto a ofrecerle asilo al político caído en desgracia.
A Castillo se le dictó prisión preventiva de 10 días por los delitos de presunta sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, encabezaron la diligencia. Así, el exmandatario golpista sumó más cargos a su ya considerable lista de problemas judiciales. Recordemos que Castillo enfrenta seis investigaciones penales por corrupción:
📄 Puente Tarata III: se acusa a Castillo de encabezar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El expresidente habría intercedido en las adjudicaciones de contratos del Ministerio para beneficiar a amigos y familiares.
- 📄 Ascensos en las Fuerzas Armadas: se acusa a Castillo de favorecer a algunos oficiales, afines al gobierno, en el proceso anual de ascensos en las Fuerzas Militares.
- 📄 Fuga de funcionarios cercanos a su gobierno: se acusa a Castillo de encubrir a familiares y personas cercanas que hoy son investigadas por la justicia.
- 📄 Caso PetroPerú: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita.
- 📄 Licitaciones en Chota-Cajamarca: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita en las provincias Chota-Cajamarca.
- 📄 Licitaciones en las provincias Cajatambo-Lima: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita en las provincias Cajatambo-Lima.
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A todas estas investigaciones habría que sumarle entonces los delitos leídos hoy en la Prefactura. Según el artículo 346 del Código Penal de Perú, que regula el delito de rebelión, Castillo enfrenta entre 10 y 20 años de prisión por su accionar del miércoles, sin contar las penas que puede recibir en caso de que sea encontrado culpable de los casos de corrupción mencionados anteriormente.
“(Quien) se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”, señala el artículo 346 de la Constitución de Perú.
El abogado constitucionalista Erick Urbina refirió en RPP que Castillo cometió “un delito en flagrancia” y una “infracción constitucional por la cual debe ser inhabilitado hasta por 10 años”, por lo que “corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos. Como mínimo, no solo es usurpación de funciones y un desacato flagrante por el cual deberá responder ante las autoridades”.
La Fiscalía no ha entregado más detalles sobre cómo procederá ante el caso de Castillo. Mientras tanto, el país se prepara pasa sacudirse de la jornada de la caótica jornada del miércoles bajo la dirección de su nueva presidenta, Dina Boluarte.
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