‘Guacamaya Leaks’: los secretos de la institución más poderosa de México
Un gran ataque cibernético dirigido contra la Secretaría de la Defensa Nacional de México ha revelado muchos detalles sobre las fuerzas armadas, documentando su influencia cada vez mayor sobre el gobierno civil.
Maria Abi-Habib / The New York Times
Un grupo de piratas informáticos se infiltró en la Secretaría de la Defensa Nacional de México y divulgó millones de correos electrónicos que detallan la creciente influencia de las fuerzas armadas sobre el gobierno civil. Fue un gran ataque cibernético dirigido contra la Secretaría de la Defensa Nacional de México que ha revelado muchos detalles sobre la institución más secreta y poderosa del país, documentando su influencia cada vez mayor sobre el gobierno civil, sus intentos de evitar cooperar en una investigación histórica sobre derechos humanos y el uso del software espía Pegasus para espiar a periodistas.
El hackeo detalla las investigaciones internas del ejército y las sospechas de que poderosos funcionarios del gobierno, como los gobernadores estatales y el actual secretario de Gobernación, están vinculados a redes del crimen organizado, incluidos carteles de la droga.
Mientras los periodistas en México investigan los datos divulgados por el ataque, las notas informativas publicadas hasta el momento evidencian el creciente control de las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles y su estrecha relación con el presidente Andrés López Obrador.
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El ejército mexicano tiene un historial de abusos contra los derechos humanos y masacres de civiles, y durante mucho tiempo se ha resistido a la supervisión y la rendición de cuentas. Los correos electrónicos filtrados muestran, en palabras de los oficiales militares, cómo la institución maniobra para eludir al gobierno, empoderarse y proteger a sus miembros, incluso en los rangos más bajos.
Las filtraciones fueron publicadas por un grupo de piratas informáticos conocido como Guacamaya e incluyen unos seis terabytes de datos con más de cuatro millones de correos. En un manifiesto publicado en línea, los atacantes informáticos afirmaron que eran un grupo antiimperialista que buscaba proteger el medioambiente. Se desconoce desde qué país operan, pero se comunicaban en español.
La semana pasada, López Obrador reconoció el hackeo y dijo que “no hay nada que ocultar”. El ejército no respondió a las solicitudes de comentarios.
A pesar de las advertencias de políticos y analistas de que las fuerzas armadas se están volviendo demasiado poderosas con López Obrador, el Senado votó para renovar el papel de las fuerzas armadas como la principal institución de México a cargo de la seguridad pública. El proyecto de ley fue enviado al presidente para su firma.
“Las fuerzas armadas de México son conocidas por ser la institución menos transparente y estas filtraciones se producen en un momento crítico, porque el gobierno mexicano está profundizando la participación de las fuerzas armadas en la vida y las instituciones civiles”, dijo Stephanie Brewer, directora de México en la Oficina de Washington para América Latina, una institución de investigación.
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Los correos electrónicos filtrados revelan que el ejército estaba usando Pegasus, un software espía israelí, para infectar los teléfonos de periodistas y activistas, a pesar de las promesas de López Obrador de que su gobierno no lo usaría para espiar a los ciudadanos mexicanos. The New York Times reveló por primera vez que el gobierno anterior usó Pegasus para espiar a periodistas, activistas y políticos, un escándalo que impacto a esa gestión.
“El poder de los militares frente a las instituciones es motivo de gran preocupación, ya que están recibiendo más presupuesto del gobierno”, dijo Brewer.
El ejército también inició investigaciones y creó archivos sobre funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y sus vínculos con el crimen organizado y los poderosos carteles de la droga de México. Se reporta que Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz, tiene vínculos con un poderoso cartel, acusación que negó esta semana.
En los correos divulgados, funcionarios de la Secretaría de la Defensa acusan a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, de otorgarles altos cargos de seguridad a funcionarios vinculados al crimen organizado cuando se desempeñaba como gobernador del estado de Tabasco. Un portavoz de la Secretaría se negó a comentar.
Las filtraciones también revelan agresiones sexuales generalizadas en las fuerzas armadas, con más de 300 militares acusados de acoso y otras violaciones de derechos, que los altos mandos mantuvieron en secreto durante años.
En septiembre, López Obrador obtuvo una gran victoria legislativa cuando el Senado votó para trasladar la Guardia Nacional —fuerza de seguridad pública federal de México— al control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En 2019, poco después de que López Obrador llegara al poder, disolvió la Policía Federal y creó la Guardia Nacional, que prometió que permanecería bajo control civil, pero este año anunció planes para incorporarla al ejército.
La expansión del poder militar también se produjo después de que una comisión de la verdad del gobierno dijera, en agosto, que los militares estaban involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una localidad rural.
El hackeo mostró por primera vez hasta qué punto los militares han utilizado su poder y conexiones para protegerse de la supervisión en el caso de Ayotzinapa.
Un correo electrónico detalló una apelación del actual secretario de Defensa al presidente López Obrador, alegando la inocencia de un capitán de bajo rango que es sospechoso de la desaparición de los estudiantes. El secretario parecía apoyar la negativa del capitán a cooperar en la investigación del gobierno.
Otro correo electrónico filtrado, que fue enviado en 2015, también detallaba la solicitud de un general de alto rango al secretario de Defensa de ese momento para “evitar excavaciones” dentro de los cuarteles militares adonde podrían haber sido llevados algunos de los 43 estudiantes. Lo que les sucedió a todos los estudiantes es un misterio, pero se cree que están muertos y se desconoce el paradero de sus cuerpos.
“Lo que los correos electrónicos han dejado en evidencia son las acciones deliberadas de los militares para evitar la supervisión civil, incluso para un capitán de bajo rango”, dijo Cecilia Farfán Méndez, investigadora en temas de seguridad de México en la Universidad de California, en San Diego. “Temen que si abren la puerta y permiten la supervisión civil en un caso, eso abrirá las compuertas en el futuro”.
El conjunto de correos electrónicos pirateados también detalla la expansión de las fuerzas armadas en la economía.
Desde que llegó al poder, en 2018, López Obrador ha dependido de las fuerzas armadas para construir la mayoría de sus gigantescos proyectos de infraestructura, por un total de unos US$45.000 millones, y ha anunciado planes para entregar su operación e ingresos a las fuerzas armadas cuando estén terminados.
El gobierno les ha pagado a las fuerzas armadas para construir una vía de un tren de unos 1.600 kilómetros, un aeropuerto internacional y una refinería de petróleo, en contratos que aún no han sido dados a conocer públicamente.
Pero las ambiciones económicas de la Secretaría de la Defensa Nacional parecen ser más grandes de lo que se sabía. La filtración reveló que la entidad planea crear una agencia nacional de turismo con hoteles, parques, museos e incluso una aerolínea que operarían las fuerzas armadas.
“Las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas”, dijo el presidente esta semana, confirmando la incursión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sector turístico. “Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público”.
El creciente poder de las fuerzas armadas ha desconcertado a muchos políticos y analistas, quienes advierten que podría generar más abusos contra los derechos humanos; por eso, han pedido la creación de una fuerza policial nacional supervisada por el gobierno civil.
Según los expertos, al expandirse a la economía del país, las fuerzas armadas podrían protegerse aún más de la supervisión del gobierno, porque ya no necesitarán depender de los funcionarios electos para aprobar los presupuestos anuales con el fin de mantenerse a flote.
México ha sido una nación relativamente estable durante décadas debido a la capacidad del gobierno civil para ejercer su control sobre el ejército, lo que permitió al país evitar los golpes de Estado liderados por el ejército que sacudieron a gran parte de América Latina durante ese tiempo.
Pero a los militares se les asignó un papel descomunal en la seguridad pública en 2006, bajo el presidente Felipe Calderón, cuando desplegó las fuerzas armadas en todo el país para combatir a los carteles de la droga. El papel y despliegue de las fuerzas armadas iba a ser temporal, porque el gobierno de Calderón estableció y desarrolló la primera fuerza policial federal de México, que se suponía que eventualmente se encargaría de la seguridad pública.
La Policía Federal se estableció en 2010 y enfrentó un comienzo difícil, con acusaciones de abusos contra los derechos humanos y corrupción. Pero, según los analistas, esa organización estaba mejorando.
En 2019, López Obrador disolvió la Policía Federal y creó la Guardia Nacional, que ahora se incorporará al ejército.
“Si bien cada gobierno ha lidiado con cómo mejorar la policía, la verdadera preocupación de este gobierno es que han abandonado el objetivo de desarrollar una fuerza de seguridad pública civil”, dijo Farfán. “En cambio, se les está dando mucho a los militares, y la militarización de México está en pleno desarrollo”.
Óscar López colaboró en este reportaje desde Ciudad de México.
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Un grupo de piratas informáticos se infiltró en la Secretaría de la Defensa Nacional de México y divulgó millones de correos electrónicos que detallan la creciente influencia de las fuerzas armadas sobre el gobierno civil. Fue un gran ataque cibernético dirigido contra la Secretaría de la Defensa Nacional de México que ha revelado muchos detalles sobre la institución más secreta y poderosa del país, documentando su influencia cada vez mayor sobre el gobierno civil, sus intentos de evitar cooperar en una investigación histórica sobre derechos humanos y el uso del software espía Pegasus para espiar a periodistas.
El hackeo detalla las investigaciones internas del ejército y las sospechas de que poderosos funcionarios del gobierno, como los gobernadores estatales y el actual secretario de Gobernación, están vinculados a redes del crimen organizado, incluidos carteles de la droga.
Mientras los periodistas en México investigan los datos divulgados por el ataque, las notas informativas publicadas hasta el momento evidencian el creciente control de las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles y su estrecha relación con el presidente Andrés López Obrador.
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El ejército mexicano tiene un historial de abusos contra los derechos humanos y masacres de civiles, y durante mucho tiempo se ha resistido a la supervisión y la rendición de cuentas. Los correos electrónicos filtrados muestran, en palabras de los oficiales militares, cómo la institución maniobra para eludir al gobierno, empoderarse y proteger a sus miembros, incluso en los rangos más bajos.
Las filtraciones fueron publicadas por un grupo de piratas informáticos conocido como Guacamaya e incluyen unos seis terabytes de datos con más de cuatro millones de correos. En un manifiesto publicado en línea, los atacantes informáticos afirmaron que eran un grupo antiimperialista que buscaba proteger el medioambiente. Se desconoce desde qué país operan, pero se comunicaban en español.
La semana pasada, López Obrador reconoció el hackeo y dijo que “no hay nada que ocultar”. El ejército no respondió a las solicitudes de comentarios.
A pesar de las advertencias de políticos y analistas de que las fuerzas armadas se están volviendo demasiado poderosas con López Obrador, el Senado votó para renovar el papel de las fuerzas armadas como la principal institución de México a cargo de la seguridad pública. El proyecto de ley fue enviado al presidente para su firma.
“Las fuerzas armadas de México son conocidas por ser la institución menos transparente y estas filtraciones se producen en un momento crítico, porque el gobierno mexicano está profundizando la participación de las fuerzas armadas en la vida y las instituciones civiles”, dijo Stephanie Brewer, directora de México en la Oficina de Washington para América Latina, una institución de investigación.
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Los correos electrónicos filtrados revelan que el ejército estaba usando Pegasus, un software espía israelí, para infectar los teléfonos de periodistas y activistas, a pesar de las promesas de López Obrador de que su gobierno no lo usaría para espiar a los ciudadanos mexicanos. The New York Times reveló por primera vez que el gobierno anterior usó Pegasus para espiar a periodistas, activistas y políticos, un escándalo que impacto a esa gestión.
“El poder de los militares frente a las instituciones es motivo de gran preocupación, ya que están recibiendo más presupuesto del gobierno”, dijo Brewer.
El ejército también inició investigaciones y creó archivos sobre funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y sus vínculos con el crimen organizado y los poderosos carteles de la droga de México. Se reporta que Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz, tiene vínculos con un poderoso cartel, acusación que negó esta semana.
En los correos divulgados, funcionarios de la Secretaría de la Defensa acusan a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, de otorgarles altos cargos de seguridad a funcionarios vinculados al crimen organizado cuando se desempeñaba como gobernador del estado de Tabasco. Un portavoz de la Secretaría se negó a comentar.
Las filtraciones también revelan agresiones sexuales generalizadas en las fuerzas armadas, con más de 300 militares acusados de acoso y otras violaciones de derechos, que los altos mandos mantuvieron en secreto durante años.
En septiembre, López Obrador obtuvo una gran victoria legislativa cuando el Senado votó para trasladar la Guardia Nacional —fuerza de seguridad pública federal de México— al control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En 2019, poco después de que López Obrador llegara al poder, disolvió la Policía Federal y creó la Guardia Nacional, que prometió que permanecería bajo control civil, pero este año anunció planes para incorporarla al ejército.
La expansión del poder militar también se produjo después de que una comisión de la verdad del gobierno dijera, en agosto, que los militares estaban involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una localidad rural.
El hackeo mostró por primera vez hasta qué punto los militares han utilizado su poder y conexiones para protegerse de la supervisión en el caso de Ayotzinapa.
Un correo electrónico detalló una apelación del actual secretario de Defensa al presidente López Obrador, alegando la inocencia de un capitán de bajo rango que es sospechoso de la desaparición de los estudiantes. El secretario parecía apoyar la negativa del capitán a cooperar en la investigación del gobierno.
Otro correo electrónico filtrado, que fue enviado en 2015, también detallaba la solicitud de un general de alto rango al secretario de Defensa de ese momento para “evitar excavaciones” dentro de los cuarteles militares adonde podrían haber sido llevados algunos de los 43 estudiantes. Lo que les sucedió a todos los estudiantes es un misterio, pero se cree que están muertos y se desconoce el paradero de sus cuerpos.
“Lo que los correos electrónicos han dejado en evidencia son las acciones deliberadas de los militares para evitar la supervisión civil, incluso para un capitán de bajo rango”, dijo Cecilia Farfán Méndez, investigadora en temas de seguridad de México en la Universidad de California, en San Diego. “Temen que si abren la puerta y permiten la supervisión civil en un caso, eso abrirá las compuertas en el futuro”.
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Desde que llegó al poder, en 2018, López Obrador ha dependido de las fuerzas armadas para construir la mayoría de sus gigantescos proyectos de infraestructura, por un total de unos US$45.000 millones, y ha anunciado planes para entregar su operación e ingresos a las fuerzas armadas cuando estén terminados.
El gobierno les ha pagado a las fuerzas armadas para construir una vía de un tren de unos 1.600 kilómetros, un aeropuerto internacional y una refinería de petróleo, en contratos que aún no han sido dados a conocer públicamente.
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“Las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas”, dijo el presidente esta semana, confirmando la incursión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sector turístico. “Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público”.
El creciente poder de las fuerzas armadas ha desconcertado a muchos políticos y analistas, quienes advierten que podría generar más abusos contra los derechos humanos; por eso, han pedido la creación de una fuerza policial nacional supervisada por el gobierno civil.
Según los expertos, al expandirse a la economía del país, las fuerzas armadas podrían protegerse aún más de la supervisión del gobierno, porque ya no necesitarán depender de los funcionarios electos para aprobar los presupuestos anuales con el fin de mantenerse a flote.
México ha sido una nación relativamente estable durante décadas debido a la capacidad del gobierno civil para ejercer su control sobre el ejército, lo que permitió al país evitar los golpes de Estado liderados por el ejército que sacudieron a gran parte de América Latina durante ese tiempo.
Pero a los militares se les asignó un papel descomunal en la seguridad pública en 2006, bajo el presidente Felipe Calderón, cuando desplegó las fuerzas armadas en todo el país para combatir a los carteles de la droga. El papel y despliegue de las fuerzas armadas iba a ser temporal, porque el gobierno de Calderón estableció y desarrolló la primera fuerza policial federal de México, que se suponía que eventualmente se encargaría de la seguridad pública.
La Policía Federal se estableció en 2010 y enfrentó un comienzo difícil, con acusaciones de abusos contra los derechos humanos y corrupción. Pero, según los analistas, esa organización estaba mejorando.
En 2019, López Obrador disolvió la Policía Federal y creó la Guardia Nacional, que ahora se incorporará al ejército.
“Si bien cada gobierno ha lidiado con cómo mejorar la policía, la verdadera preocupación de este gobierno es que han abandonado el objetivo de desarrollar una fuerza de seguridad pública civil”, dijo Farfán. “En cambio, se les está dando mucho a los militares, y la militarización de México está en pleno desarrollo”.
Óscar López colaboró en este reportaje desde Ciudad de México.
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