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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumplió 100 días al frente del Gobierno. La denuncia de varios casos de corrupción de la administración anterior, así como el intento fallido para que la fiscal general, Consuelo Porras, renunciara, han sido algunos de los momentos que marcaron este periodo.
La principal oferta electoral del presidente, durante la campaña de 2023, fue sanear las instituciones del organismo Ejecutivo que han sido sacudidas por estructuras de corrupción enquistadas en el Estado desde hace tres décadas. Sin embargo, para el analista y politólogo Renzo Rosal, la lucha contra la corrupción de Arévalo de León corre el riesgo de quedar solo como “narrativa y como un conjunto de buenos deseos”, dijo a EFE.
Los “casos presentados por el nuevo gobierno son escasos y parece existir temor de vincular directamente a los expresidentes Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, porque solo han denunciado a funcionarios de segunda o tercera línea”, agregó Rosal.
A pesar de ello, analistas políticos y líderes empresariales e indígenas destacan que su gobierno es “decente”, algo no menor en un país que ocupa el puesto 154 entre 180 países en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional.
Lucha contra la corrupción
Arévalo de León asumió el poder el 14 de enero y desde su primera semana de Gobierno inició revirtiendo y anulando decisiones de su antecesor, como el decreto presidencial con el que Giammattei le había recetado cinco años de carros blindados y agentes de seguridad a los ministros y secretarios de su mandato.
De igual forma, en su primer mes destituyó a 878 personas que tenían plazas fantasma en el Ejecutivo y en su mayoría tenían acusaciones de corrupción.
También el 4 de abril, la Administración del nuevo mandatario denunció penalmente a la exministra de Salud Amelia Flores por un supuesto fraude en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik, que Guatemala no recibió a tiempo durante la pandemia de la covid-19 y que le habría costado al país unos 615 millones de quetzales (79 millones de dólares).
Posteriormente, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, denunció penalmente a dos exfuncionarios por anomalías en el contrato para la construcción de 14 escuelas que quedaron inconclusas durante la administración de Giammattei, en las que el Estado habría invertido 258 millones de quetzales (33,15 millones de dólares).
Aun así, para el constitucionalista Édgar Ortiz, que habló con la AFP, por ahora solo hay “buenas intenciones, falta una estrategia” anticorrupción.
Algo similar opina la analista independiente Marielos Chang: “No hemos visto ni iniciativas de ley ni políticas públicas que demuestren que ya iban con una idea de lo que era necesario reformar para reducir los espacios de corrupción”, comentó también a la AFP.
La pugna del presidente y la fiscal general
La fiscal general, Consuelo Porras, es señalada por bloquear investigaciones judiciales, criminalizar a jueces y fiscales, proteger a políticos corruptos y colaborar con el expresidente Alejandro Giammattei.
En 2023, durante la transición presidencial de Arévalo, la funcionaria emprendió una cruzada contra él, que según el mandatario fue un intento de “golpe de Estado”.
Buscando remover a la fiscal, Arévalo la denunció ante la Corte Suprema por “incumplimiento de deberes”, sin embargo, no lo ha logrado porque “la fiscal general ha sido más astuta en el enfrentamiento político contra el presidente y ha logrado mantener presión en contra del mandatario y su partido”, agregó Rosal.
Aunque el mandatario luego intentó entablar un diálogo con Porras ante la imposibilidad legal de destituirla, la fiscal mantiene su cargo y no hay un panorama de salida anticipada a la vista, ya que su período vence legalmente en 2026.
Según Manfredo Marroquín, de la filial local de Transparencia, el mandatario “convive” con la fiscal, pero resignarse a hacerlo es un “juego de alto riesgo”, pues es como “dormir con el enemigo”.
“La esperanza de Estados Unidos”
El mandatario cuenta con un firme respaldo de Washington: varios altos funcionarios estadounidenses han visitado el país y Arévalo se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca en marzo.
En el país más poblado de Centroamérica, el 60 % de sus casi 18 millones de habitantes vive en la pobreza, lo que incentiva la emigración hacia Estados Unidos.
“Estados Unidos estaba muy preocupado de que Guatemala siguiera gobernada por un grupo de mafiosos”, dijo Marroquín a la AFP.
Los estadounidenses “están cuidando que este nuevo gobierno se consolide, porque, si no, no van a tener un socio confiable” en Centroamérica, agregó.
Según Ortiz, Washington ha perdido influencia en esta región, en especial en Honduras y Nicaragua, por lo que Arévalo “se vuelve la esperanza”.
“Posicionarse como un país presentable ante el exterior y con un presidente confiable, hasta el momento, es posiblemente lo más destacado de este Gobierno”, puntualizó Rosal.
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