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Los últimos 40 años de la historia de Guatemala han sido un relato constante de combates y ofensivas. El país fue escenario de dictaduras y guerras civiles durante el último siglo: personas que querían ostentar el poder y se afianzaban a las estructuras y arcas del Estado. Con el regreso de la democracia, en 1985, Guatemala emprendió una nueva lucha, esta vez contra la corrupción y los desfalcos de dinero que en el 90 % de los casos quedaban impunes.
Faltando horas para definir quién será el nuevo presidente de la economía más fuerte de Centroamérica, Guatemala aún tiene pendiente poner punto final a un problema que no ha podido resolver durante décadas, gobiernos y promesas: la corrupción. Esta es la historia de cómo un referente de la lucha contra el robo público en la región terminó colonizado por los desfalcos y la malversación de dineros.
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Los buenos recuerdos
No es posible comprender el presente de Guatemala sin entender la herencia que las dictaduras y guerras civiles dejaron. Anita Isaacs, profesora de Ciencia Política, explica que mientras los militares eran protagonistas de la escena política, “el Ejército y la élite saquearon al país para maximizar la ganancia de la guerra”. La académica, según acotó para The New York Times, cuenta que durante el conflicto, además de disputar el poder, quienes ostentaban el poder ambicionaban el erario para “establecer un marco de referencia que alimentase perpetuamente su avaricia”.
En 2007, aunque el país llevaba varios años de relativa estabilidad, las amenazas, agresiones y escándalos de corrupción que involucraban a altos funcionarios llegaron a un punto límite. En ese entonces, más del 90 % de las acusaciones y denuncias de malversaciones de fondos quedaban impunes. Por esta razón, el entonces presidente, Óscar Berger, firmó un convenio con las Naciones Unidas para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), “un organismo único en el mundo” para contrarrestar la corrupción en el país, según detalla Associated Press.
Al ser una entidad externa, la CICIG tenía facultad de investigar y presionar a las autoridades locales para que los casos de desfalcos fueran condenados y no permanecieran en la impunidad. Así pues, durante los 12 años que funcionó, este organismo hizo lo que la justicia ordinaria nunca había hecho en la historia guatemalteca: procesar y condenar a los más altos funcionarios del Estado.
En poco más de una década, la Comisión logró llevar a juicio a tres expresidentes por vínculos con estructuras criminales que desfondaron las arcas del país. Entre ellos estuvo Otto Pérez Molina, expresidente que tuvo que abandonar el Ejecutivo en 2015 por haberse enriquecido gracias a una red criminal de contrabando en la aduana de Guatemala. Junto con Pérez, la CICIG logró procesar a su fórmula presidencial y a casi la totalidad de su gabinete político.
Sin embargo, los logros de la Comisión, bajo la dirección de Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa de Colombia, no pararon allí. Durante su estancia en Guatemala, la CICIG desarticuló 70 estructuras criminales, procesó a 670 personas y se calcula que logró recuperar cerca de US$160 millones malversados.
Según el New York Times, Guatemala sirvió como laboratorio de Estados Unidos, la ONU y otras entidades para combatir la corrupción en el resto de la región. De su éxito dependía que se aplicaran fórmulas parecidas en El Salvador, azotado por las “maras”, la Nicaragua de Daniel Ortega y otros países de Latinoamérica.
La función de la CICIG fue aplaudida en el mundo, ya que, aparte de lograr procesos y condenas contra corruptos, ayudó a limpiar el sistema que blindaba a quienes robaban el erario. Por ejemplo, instó al Congreso a aprobar reformas de transparencia y contratación pública, además de lograr 400 sentencias y retirar la inmunidad a 100 funcionarios públicos, que apelaban a esa estrategia para nunca ser investigados mientras robaban.
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La caída del alfil
Los vientos de estabilidad y transparencia dejaron de soplar en Guatemala cuando el entonces presidente Jimmy Morales emprendió una lucha contra la CICIG. En 2017, el mandatario empezó a cuestionar la legitimidad y las facultades que la Comisión tenía en el país cuando varias de las investigaciones denunciaron que su familia estaba involucrada en una red de financiamiento ilícito que, según el organismo, consiguió llevarlo a la Presidencia.
Como la CICIG era una comisión externa, debía ser aceptada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso. Sin embargo, esto no sucedió, pues Morales se negó a renovar el mandato de la entidad, justificando que había “extralimitado sus funciones” en Guatemala.
En la arremetida de Morales contra la CICIG, se declaró a Iván Velásquez, jefe de la Comisión, persona no grata; después se revocaron las visas y los permisos de permanencia de los integrantes. Finalmente, Morales, a través de funcionarios públicos, ordenó retirar armas y equipos al personal. Todo esto torpedeó los últimos meses de mandato de la Comisión, que terminó en 2019.
De acuerdo con Insight Crime, la salida de la CICIG causó un ecosistema en que aparecieron “élites corruptas y bloques criminales” cuyo propósito era “revertir los procesos judiciales y las reformas legales” de la Comisión. Esto, a su vez, explica la organización, creó un “carrusel en donde todos pagan por jugar [...] consolidar y ampliar sus intereses, debilitando a sus rivales y garantizando la impunidad”.
Cuando la corrupción es ley
Desde aquel entonces mucho ha cambiado en Guatemala, pues al no haber un organismo independiente que investigue, procese o condene la corrupción, el sistema se ha visto invadido de desfalcos y malversaciones. Por ejemplo, Transparencia Internacional alertó que, en 2022, el país que antaño fue referente de combatir los robos públicos se convirtió en el 27° país más corrupto del mundo.
Valeria Vásquez, analista para Centroamérica de Control Risks, explica que la colonización de un sistema corrupto en Guatemala no es un fenómeno nuevo, sino un modelo que viene desde hace años. Aunque la experta acepta que la CICIG tuvo muy buenos resultados en el país, considera que hace falta voluntad política para solucionar este problema.
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Por ejemplo, mientras la CICIG estuvo en Guatemala, AP asegura que “el Estado no invirtió un solo centavo” para investigar y procesar desfalcos, pues la “Comisión fue financiada por la Unión Europea, Suecia y Estados Unidos”.
Aparte de la falta de voluntad política, Vásquez reconoce que en la actualidad se ha llegado a un mundo en donde todos los poderes están cooptados o bajo alguna influencia del “sistema” que perpetúa la corrupción. La analista cuenta que este fenómeno en que, al menos desde 2019, anualmente deja pérdidas de más de US$13.000 millones, no es algo propio del Gobierno de turno, sino del funcionamiento que ha adoptado el Estado.
“Con el actual presidente Giammattei la corrupción llegó a su punto más bajo”, dice Vásquez, que explica que la persecución a periodistas, fiscales y críticos se ha intensificado, lo que quita garantías a cualquier disenso, pues “entre más ocultos estén los vínculos de la corrupción, mejor”.
Uno de los casos más notables es la condena que recibió José Rubén Zamora, director del diario El Periódico. El reportero, considerado como uno de los fundadores de la prensa crítica en Guatemala, la semana pasada fue sentenciado a seis años de cárcel por “lavado de dinero”; un proceso sin garantías ni fundamento, según cuenta Vásquez.
La analista opina que el establecimiento se ha fortalecido desde la salida de la CICIG, debido a que “no hay legitimidad en el poder electoral, tampoco independencia en la rama Judicial”, ya que por más evidencias de corrupción o delitos cometidos por funcionarios públicos, la impunidad ha regresado al país. Un ejemplo que cuenta Vásquez son los candidatos a las nuevas elecciones presidenciales.
“Hay más de 22 candidatos, pero solo cuatro tenían posibilidades reales. De esos cuatro, Carlos Pineda era el único que prometía combatir al establishment, pero su candidatura fue anulada. Los tres candidatos restantes tienen un pasado o relaciones con delitos o escándalos de corrupción”, acota Vásquez.
Pero hay otro factor decisivo: las narrativas que desde los círculos de poder se ofrecen, opina la integrante de Control Risks. Vásquez aclara que desde la salida de la CICIG, el Gobierno y las instituciones de justicia han empleado un discurso en el que se ataca los logros anticorrupción, como por ejemplo, el desempeño de Iván Velásquez, investigado según el Ministerio Público por haber participado con Odebrecht, o el desempeño de Miguel Ángel Gálvez, exjuez que tuvo que exiliarse tras recibir amenazas y persecuciones por fallar en contra de altos funcionarios.
“El sistema ha empleado un tinte para disuadir cualquier tipo de crítica, ya sea de forma legal o a manera de acoso”, aclara Vásquez.
La analista explica que el resultado de este domingo, cuando se define toda la estructura de poder de Guatemala (presidente, legisladores, alcaldes) probablemente no afectará el statu quo que existe, ya que “cualquiera que sea el presidente, es poco probable que emprenda la lucha contra la corrupción”.
La analista pronostica que el encarcelamiento de altos miembros del círculo de poder en Guatemala es un avance, pero se debe tener en cuenta que, como aseguró Insight Crime, se debe atacar a los grupos que están detrás de las decisiones. De otra manera, el sistema de corrupción continuará perpetuándose y desviándose en cuestiones secundarias de la vida política, como temas económicos, de seguridad o el debate sobre si aplicar o no el “método Bukele” en Guatemala, asegura.
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