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El gobierno del presidente Bernardo Arévalo pidió a la máxima corte de justicia de Guatemala su aval para remover a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, informó un alto funcionario.
Considerada “corrupta” por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), Porras puso en jaque la transición presidencial al emprender en 2023 una persecución judicial contra Arévalo y su partido, Semilla. Desde que asumió el poder en enero, el mandatario busca que Porras deje su cargo, pero carece de facultad legal para removerla.
“Acudimos ante esta Corte [de Constitucionalidad] a presentar la correspondiente opinión consultiva para cuestionar si Consuelo Porras cumple el requisito de honorabilidad que ordena” la Constitución, dijo el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero.
“¿Puede constituir causa justificada para la revocatoria del nombramiento de fiscal general [...] la pérdida del requisito constitucional de honorabilidad?”, señaló el funcionario a periodistas.
Guerrero aseguró que el gobierno considera que Porras carece de honorabilidad porque “no está comprometida en la lucha contra la corrupción” y “consintió en un intento de ruptura del orden constitucional” con su cruzada contra Arévalo.
Mientras era presidente electo, Arévalo tildó las acciones de Porras como intento de “golpe de Estado”.
Ya en el gobierno, a finales de febrero, pidió a la Corte Suprema que le retire la inmunidad a la fiscal por supuesto incumplimiento de deberes. El tribunal no se ha pronunciado.
“Queremos dejar claro que el gobierno continúa haciendo uso de los mecanismos legales y políticos adecuados para la sustitución de la fiscal general”, indicó Guerrero.
La fiscal general, de 70 años, fue sancionada en 2021 por Estados Unidos, que la agregó a un listado de personas “corruptas” y “antidemocráticas” que tienen prohibición de ingresar a ese país. La UE también la sancionó el pasado 2 de febrero.
Arévalo y su lucha contra la corrupción
Un día antes, el presidente Arévalo destituyó, luego de menos de tres meses en el cargo, a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María Iturbide, por “mal uso de recursos” del Estado.
El mandatario tomó la decisión de “destituir a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales” para “evitar cualquier duda sobre el compromiso de su administración y la tolerancia cero al mal uso de recursos del Estado y a la corrupción”, señaló en un comunicado el secretario general de la Presidencia.
Iturbide fue destituida luego que saliera a luz pública que una hija suya presuntamente utilizaba un vehículo y elementos de seguridad del Estado para actividades personales, según informó la prensa local.
Según el comunicado, Arévalo a instruido a la Comisión Nacional contra la Corrupción “a crear directrices” para el uso de vehículos oficiales “garantizando su uso responsable”.
Iturbide se convierte en la primera baja en el gabinete de Arévalo, que asumió el poder a mediados de enero pasado.
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