Guillermo Lasso, entre la falta de legitimidad y la destitución en Ecuador

La Asamblea Nacional de Ecuador se reunió desde las 11:09 a.m. para definir sobre el juicio político del presidente Guillermo Lasso. El correísmo, una fuerza opositora del Gobierno, convocó a las personas a manifestarse y la Policía se ubicó a las afueras del Legislativo. Mientras, el oficialismo los acusó de promover un “golpe de Estado parlamentario”. En paralelo, Mireya Pazmiño, una de las proponentes de la medida punitiva, llevó a unos jóvenes de la Federación de Estudiantes Secundarios, y antes de iniciar la sesión aseguró: “Escuchen la voz de ellos, que están pidiendo den paso a la destitución y censura de Guillermo Lasso Mendoza”. Un supuesto peculado tiene al jefe de Estado ecuatoriano cerca de un impeachment, pues es señalado de, presuntamente, haber permitido que en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) se firmara un contrato, a pesar de que habría sabido que era lesivo para el Estado. En la tarde, el Congreso aprobó la iniciativa de llamarlo a juicio.

La Asamblea Nacional de Ecuador se reunió desde las 11:09 a.m. para definir sobre el juicio político del presidente Guillermo Lasso. El correísmo, una fuerza opositora del Gobierno, convocó a las personas a manifestarse y la Policía se ubicó a las afueras del Legislativo. Mientras, el oficialismo los acusó de promover un “golpe de Estado parlamentario”. En paralelo, Mireya Pazmiño, una de las proponentes de la medida punitiva, llevó a unos jóvenes de la Federación de Estudiantes Secundarios, y antes de iniciar la sesión aseguró: “Escuchen la voz de ellos, que están pidiendo den paso a la destitución y censura de Guillermo Lasso Mendoza”. Un supuesto peculado tiene al jefe de Estado ecuatoriano cerca de un impeachment, pues es señalado de, presuntamente, haber permitido que en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) se firmara un contrato, a pesar de que habría sabido que era lesivo para el Estado. En la tarde, el Congreso aprobó la iniciativa de llamarlo a juicio.

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La Corte Constitucional, a finales de marzo, admitió la solicitud de juicio político y dio vía libre a la Asamblea Nacional a que iniciara el proceso de enjuiciar al mandatario. Tan solo el sábado pasado la Comisión de Fiscalización del Legislativo, luego de analizar más de 100 pruebas, votó en contra de un informe que recomendaba no enjuiciar a Lasso. Tras una sesión de casi siete horas, una de las conclusiones al respecto dictaminó que “no existen elementos para establecer responsabilidad política alguna por el delito de peculado”. Acto seguido, el documento, al no ser vinculante, fue enviado al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela.

“El informe fue hecho por los asesores del presidente de la comisión, que es un asambleísta directamente afín a Lasso, controlado por él, entonces, obviamente recomendó que no hubiera juicio”, afirma Franklin Ramírez, profesor del programa de sociología política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador. “El clima es tenso. El Gobierno ha jugado a ensuciar el procedimiento: en el último mes, se ha dedicado a ofrecer cargos a asambleístas, quienes finalmente han terminado desafiliándose de sus partidos, de sus bloques, y eso ha elevado la incertidumbre. Además, ha hablado de un golpe de Estado, que es completamente fuera de lugar, pues el juicio político es una figura parlamentaria que está en la Constitución y que ha pasado por todos los filtros institucionales: primero, el debate en la Asamblea Nacional; luego el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es más bien cercana a Lasso, y, finalmente, el voto en el pleno de la Asamblea”.

A su parecer, hablar de golpe de Estado y de un intento de desestabilización responde al uso de estrategias retóricas que ocultan las denuncias que abrieron este juicio político, que tienen que ver con problemas de corrupción en las altas esferas públicas y con acusaciones de peculado, advertidas por la Contraloría y por el exfuncionario anticorrupción del Gobierno. Es decir, “son casos bien documentados, aunque solo uno de ellos fue el que avaló la Corte Constitucional”, agrega Ramírez, quien reconoce que Ecuador vive una crisis política enorme, tal vez, a su parecer, la más grave desde el retorno democrático, acentuada por problemas económicos (el país, como Venezuela y Surinam, no ha vuelto a los niveles de crecimiento de antes de la pandemia, sobre todo por las medidas de austeridad y recorte de la inversión pública a las que se aferraron Lenín Moreno y Lasso), la exclusión social, el incremento de la desigualdad y el problema de la inseguridad, “que recuerda un poco a la Medellín de los años 90″.

Para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, lo que está sucediendo es muestra de la división que hay entre los legisladores. De hecho, con relación al correísmo, cree que el juicio político no juega del todo a su favor. “Te lo pongo así: Lasso se va, bien sea porque el juicio político lo declare culpable o por muerte cruzada, el problema es que si hay adelanto de elecciones, y las elecciones las gana el correísmo, el correísmo solo va a gobernar lo que resta. Es decir, no va a empezar un nuevo mandato: gobernaría el año y medio que le queda a Lasso y luego se tiene que volver a someter a elecciones. No sé si eso, necesariamente, le convenga. Claro, por razones ideológicas, el bloque de Revolución Ciudadana es de los más intransigentes con él, pero a ellos les convendría más que él siga en este desgaste, creando más nostalgia de lo que fue el gobierno de Correa en materia de seguridad, prosperidad y estabilidad”.

Se esperaba que el Congreso le diera luz verde al impeachment. Según Jaramillo Jassir, más allá de las acusaciones, habría sido muy difícil que ante la ciudadanía el Legislativo absolviera al mandatario. “Si ya llegó hasta este punto, habría perdido más en términos de gobernabilidad”. Y es que en un nuevo intento por destituirlo, entre los 116 asambleístas presentes, 88 votaron para continuar con el proceso. Sobre eso Ramírez concluye: “Hay opción de que se salve, porque las matemáticas de la política juegan así, pero sería mucho más complicado para el país que él permanezca en el poder”. De ser así, además de que hay sectores sociales que han anunciado movilizaciones, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), “quedaría clarísimo que no se queda en el poder por razones virtuosas, sino por la capacidad de compra y extorsión de los diputados, lo cual bajaría aún más su legitimidad”. De continuar en el cargo, la crisis política seguiría. Si sale, el sistema se oxigenaría. Falta por ver si Lasso opta por decretar la muerte cruzada, una medida que le permitiría disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas.

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