Ascendió a 46 el número de mujeres muertas tras el incendio ocurrido el martes en una prisión de Támara, al norte de Tegucigalpa. La tragedia, ocurrida a raíz de un enfrentamiento entre pandillas, pone sobre el tapete las políticas de seguridad contra el flagelo de los grupos criminales y las condiciones de detención en el país centroamericano
Con El Salvador y Guatemala, Honduras forma parte del denominado “Triángulo de la muerte”, plagado de pandillas o maras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado.
El martes 20 de junio, 46 presas perdieron la vida luego de que reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando en el edificio donde se ubicaban sus rivales de la Mara Salvatrucha y posteriormente le prendieran fuego.
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Lo ocurrido en Honduras, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria que totaliza más de mil muertos en 20 años, no es algo sorpresivo.
“En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió de los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario y de la entrada de armas, de la falta de seguridad dentro de las prisiones”, explica a RFI César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Hacinamiento
La presidenta Xiomara Castro anunció medidas drásticas, entre ellas destituir al ministro de Seguridad, Ramón Visión, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
Castro ordenó que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) asumiera a partir del 1° de julio el control de todas las cárceles del país.
La decisión fue adoptada por Castro en una reunión con altos funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Defensa, y según un comunicado de la Casa Presidencial, la PMOP ejercerá el control de los penales durante un año.
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En ese año, añade la información oficial, la PMOP deberá “reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)”.
El sistema penitenciario hondureño está conformado por 25 cárceles, en las que permanecen alrededor de 21.000 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada es para unos 15.000 reclusos, según fuentes oficiales.
El Ejecutivo también le solicitó al Poder Judicial conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres privadas de libertad en el Cefas que no están condenadas y las que sufren de enfermedades terminales, y preservar la prisión a las que son consideradas de alto peligro.
La mandataria hondureña le ordenó además a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne, en el Caribe, “como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados”.
La muerte de las 46 mujeres en el Cefas, 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 calcinadas en un incendio, es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.
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Además, Castro decretó tres días de duelo nacional, sin suspensión de labores, “por el cruel y trágico asesinato de mujeres en la Penitenciaría Femenina”.
“Honduras vive una crisis penitenciaria y es necesaria una reforma amplia, no colocar parches”, comenta Muñoz. “Esa reforma tiene que atajar los problemas estructurales del sistema: uno de ellos es el hacinamiento. Hay el doble de personas en el sistema penitenciario hondureño que la capacidad de las prisiones. Los guardas no consiguen mantener la seguridad dentro. Las personas que están detenidas se ven forzadas en la práctica a integrar pandillas para protegerse”, detalla.
“Retomar el control”
Las prisiones son caldo de cultivo para las organizaciones criminales. “El Estado tiene que retomar el control y ofrecer condiciones dignas para que las personas cumplan su pena y para que se puedan reintegrar en la sociedad. Ese es el objetivo del sistema penitenciario”, concluye el portavoz de HRW.
En diciembre pasado, la presidenta hondureña declaró un estado de excepción para enfrentar la violencia pandillera, algo que recuerda las medidas impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año. Las acciones fueron menos espectaculares y no arrojaron claros resultados.
El estado de excepción parcial se ampliará a otras regiones del territorio nacional y se extenderá en el tiempo la vigencia del mismo, indicó la Presidencia de la República.
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