El método Bukele ha sido clonado en Honduras. Con un estado de excepción que ya supera los seis meses y la militarización de las cárceles, Xiomara Castro, jefa de Estado hondureña, ha dejado en claro que su política para “retomar el control” del país es seguir los pasos de El Salvador.
Castro, primera presidenta del país, firmó a finales de 2022 un decreto ejecutivo que aceptaba pasar por alto los derechos constitucionales y sumergir a Honduras, considerado hasta hace pocos años como el país más violento del mundo, en un estado de excepción prácticamente igual al que empleó Bukele. En aquel entonces, Castro aseguró que la mejor forma de combatir a las “maras”, que operan en el “Triángulo de la muerte” (Guatemala, Honduras, El Salvador), era suspender garantías legales como libertad de reunión o la captura de personas sin orden judicial.
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Pero la nueva clonación de Castro se observó esta semana cuando autorizó que la Policía Militar pudiera intervenir las 21 cárceles hondureñas para erradicar las extorsiones y el contrabando que desde allí se da. Por ejemplo, este mes, un enfrentamiento en un centro penitenciario femenino cerce de Tegucigalpa dejó más de 40 prisioneras muertas y muchas preguntas sobre cómo las reas tuvieron acceso a armas, teléfonos celulares y otros objetos supuestamente prohibidos dentro de una cárcel.
Lo ocurrido en Honduras, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria, que totaliza más de 1.000 muertos en 20 años, no es algo sorpresivo.
“En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió de los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario y de la entrada de armas, de la falta de seguridad dentro de las prisiones”, explica a RFI César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Con escuadrones militares, perros antinarcóticos y todo un operativo de la fuerza pública, Castro autorizó que durante el próximo año las cárceles estén supervisadas por militares y policías para “intentar retomar el control de nuestros centros penitenciarios”.
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La estrategia del Gobierno de Castro ha sido defendida incluso en instancias internacionales. Como ejemplo está la intervención que hizo Rodolfo Pastor, secretario de la presidencia hondureña ante la ONU, al mencionar que su país, más que sufrir un problema de seguridad, enfrenta “una guerra”.
“No es una guerra convencional, no es abiertamente una guerra civil como tal”, precisó Pastor. Pero el funcionario explicó que desde “las mujeres a los jóvenes están sometidos a unos niveles de violencia, ante los cuales tenemos que actuar con un sentido de absoluta urgencia”, dijo ante la Comisión para la Construcción de la Paz en Nueva York.
Pastor presentó un panorama sombrío del país que se deterioró, según él, desde el golpe institucional de 2009 contra el entonces mandatario Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro.
Una clonación riesgosa
Imitar al pie de la letra el modelo Bukele es una apuesta arriesgada y apresurada, coinciden analistas. Por ejemplo, Guatemala, que está a meses de definir quién será su próximo presidente, fue escenario de al menos tres candidatos que defienden la construcción de megacárceles al estilo Bukele y la militarización del país para enfrentar la corrupción y el crimen.
Valeria Vásquez, analista para Centroamérica de Control Risks, explica que prometer el modelo Bukele en otros países es un arma de doble filo. La experta considera que más que ser una estrategia de seguridad es un arma política que candidatos y políticos tanto de Guatemala como de otros países en el continente quieren aplicar, pues en caso de funcionar, traería muchos réditos políticos.
Vásquez recuerda que Bukele, justo por su medida de seguridad basada en el “control territorial” del país, es el presidente más popular de América, ya que combatió en cuestión de cinco años problemas históricos como los asesinatos y la extorsión que Centroamérica ha heredado por décadas.
Sin embargo, expertos coinciden en que esta estrategia no sería efectiva en todos los países que la apliquen, e incluso, no tendría los resultados prometidos. Por ejemplo, Honduras es un país mucho más grande y extenso que El Salvador, por lo que tomar el control militar y administrativo de un territorio que ha estado marcado por el abandono estatal consistiría en invertir muchos recursos y personal militar.
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Además, ONG de derechos humanos también han emitido alertas por esta medida. Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, explicó para Deustche Welle que lo hecho por Bukele “dista mucho de un modelo a seguir, ni para Honduras, ni para ningún otro Gobierno de la región”.
“Los Gobiernos latinoamericanos no deberían enceguecerse con la actual popularidad de Bukele, porque la historia muestra que las políticas de mano dura, a la larga no sirven para mejorar la inseguridad”, dijo Taraciuk para el medio alemán.
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