Human Rights Watch le pide a Petro que rechace inhabilitación de María C. Machado
En una carta, Juanita Goebertus le pide que aproveche su “acceso” al gobierno de Venezuela para instarlo a que se revoque la inhabilitación arbitraria y le recuerda que él, como alcalde de Bogotá, sufrió algo parecido.
A través de una carta, la directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, Juanita Goebertus, le ha pedido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que privada y públicamente inste al gobierno venezolano a revocar la inhabilitación arbitraria de la principal candidata presidencial opositora, María Corina Machado.
Además, manifiesta su expectativa de que el presidente Petro “pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela”.
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Le recuerda también que en el pasado Gustavo Petro “sufrió procesos abusivos similares cuando era alcalde de Bogotá y se ha expresado públicamente en defensa de candidatos, incluyendo venezolanos, que han sufrido inhabilitaciones”.
La decisión contra María Corina Machado, ganadora de más del 90 % de los 2,4 millones de votos emitidos durante las primarias de octubre del año pasado, se confirmó el pasado viernes, 26 de enero. Asimismo, se confirmó la sanción contra Henrique Capriles.
Aunque la líder opositora fue inicialmente inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la OEA, en donde denunció violaciones a derechos humanos durante las protestas antigobierno que ese año dejaron cerca de 40 muertos, la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado por haber “solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana”.
“Esta decisión viola sus derechos políticos y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres”, expresa Goebertus en la misiva.
“Además, se trata de una determinación que pone en crisis un aspecto central del acuerdo de Barbados, alcanzado entre el gobierno venezolano y la oposición, donde ambas partes se comprometieron a garantizar ‘el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y de acuerdo con mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley’”, añade.
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Se refiere a las garantías electorales que la oposición y los delegados de Nicolás Maduro acordaron en Barbados en octubre pasado, con miras a los comicios presidenciales de este año (que aún no tienen fecha para llevarse a cabo). Fue luego de la firma de dichos acuerdos que Estados Unidos alivió sanciones para el oro, petróleo y gas venezolano, que, no obstante, Washington ya ha avisado que no renovará si no se rectifican decisiones como la que pesa contra Machado.
Romper lo acordado en Barbados, prosigue la directora, “puede poner en riesgo el futuro del diálogo entre el gobierno y la oposición y la posibilidad de una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela”.
La decisión contra Machado, según ella, “ocurre en un contexto de amplias restricciones al derecho a participar en elecciones justas y libres, incluyendo detenciones arbitrarias, acoso y restricciones a la sociedad civil, la prensa independiente y los opositores políticos”. Recuerda que, “eecientemente, mientras el presidente Maduro convocaba a sus seguidores a utilizar la ‘furia bolivariana’, sus partidarios realizaron actos vandálicos en la sedes de partidos políticos de oposición, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y las fuerzas de seguridad detuvieron a coordinadores del partido Vente Venezuela, que lidera Machado”.
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En ese sentido, llama a que Petro, “junto con otros gobiernos latinoamericanos, inste al gobierno de Venezuela a cumplir con las obligaciones del acuerdo de Barbados, incluyendo la revocación de inhabilitaciones arbitrarias, la elaboración de un calendario electoral certero y la realización de elecciones con observación internacional de la Unión Europea”.
Y señala: “Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres”.
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A través de una carta, la directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, Juanita Goebertus, le ha pedido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que privada y públicamente inste al gobierno venezolano a revocar la inhabilitación arbitraria de la principal candidata presidencial opositora, María Corina Machado.
Además, manifiesta su expectativa de que el presidente Petro “pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela”.
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Le recuerda también que en el pasado Gustavo Petro “sufrió procesos abusivos similares cuando era alcalde de Bogotá y se ha expresado públicamente en defensa de candidatos, incluyendo venezolanos, que han sufrido inhabilitaciones”.
La decisión contra María Corina Machado, ganadora de más del 90 % de los 2,4 millones de votos emitidos durante las primarias de octubre del año pasado, se confirmó el pasado viernes, 26 de enero. Asimismo, se confirmó la sanción contra Henrique Capriles.
Aunque la líder opositora fue inicialmente inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la OEA, en donde denunció violaciones a derechos humanos durante las protestas antigobierno que ese año dejaron cerca de 40 muertos, la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado por haber “solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana”.
“Esta decisión viola sus derechos políticos y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres”, expresa Goebertus en la misiva.
“Además, se trata de una determinación que pone en crisis un aspecto central del acuerdo de Barbados, alcanzado entre el gobierno venezolano y la oposición, donde ambas partes se comprometieron a garantizar ‘el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y de acuerdo con mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley’”, añade.
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La decisión contra Machado, según ella, “ocurre en un contexto de amplias restricciones al derecho a participar en elecciones justas y libres, incluyendo detenciones arbitrarias, acoso y restricciones a la sociedad civil, la prensa independiente y los opositores políticos”. Recuerda que, “eecientemente, mientras el presidente Maduro convocaba a sus seguidores a utilizar la ‘furia bolivariana’, sus partidarios realizaron actos vandálicos en la sedes de partidos políticos de oposición, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y las fuerzas de seguridad detuvieron a coordinadores del partido Vente Venezuela, que lidera Machado”.
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Y señala: “Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres”.
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