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Con el final del Título 42 en Estados Unidos, una política migratoria puesta en marcha en el contexto de la pandemia que ha permitido la expulsión masiva de más de 2,5 millones de personas desde 2020, se espera que el flujo de migrantes aumente en la frontera con México. Ante este temor, el gobierno de Joe Biden desde hace más de un año viene adoptando medidas que buscan contrarrestar la continua llegada de migración irregular a Estados Unidos.
Entre ellas, recientemente se anunció la instalación en territorio colombiano de un centro de procesamiento de migrantes, donde agentes del gobierno estadounidense evaluarán las solicitudes de recepción migratoria de la población venezolana que desee radicarse o reunirse con sus familiares en la potencia del norte. Medida que también fue aceptada por el gobierno de Guatemala.
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Esta decisión, si bien se enmarca entre los objetivos regionales de lograr una migración segura, ordenada y regular expuestos en la pasada Cumbre de las Américas, se adopta en un contexto donde Colombia aún no ha definido una política pública dirigida al creciente número de migrantes que se encuentran en tránsito hacia terceros países, lo que podría aumentar la presión migratoria en el país y generarle pérdida de autonomía en el manejo de la movilidad humana.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el número de migrantes procesados por la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste en marzo de 2023 se redujo en un 23 % respecto al año pasado.
A partir de este dato, puede considerarse que las medidas como la aplicación del Título 42, los acuerdos migratorios pactados con México y la militarización de la frontera han podido desincentivar la migración irregular. Lo que se espera siga sucediendo con el aumento de efectivos de la Guardia Nacional en zonas fronterizas, el funcionamiento de los centros de procesamiento de migrantes en Colombia y Guatemala y el uso del Título 8 que, después del 11 de mayo, sustituye el Titulo 42 e impone castigos más severos a los migrantes como cinco años sin reingreso al país y o el inicio de procesos penales por irregularidad migratoria.
No obstante, la CBP también advierte que entre febrero y marzo de 2023, la cifra de migrantes procesados por la Patrulla Fronteriza creció de 156.138 a 191.900. Este aumento fue de un 38 % para las personas en busca de reunificación familiar, 14 % de niños y niñas y 14 % de adultos solteros. Asimismo, el 53 % de estos migrantes proviene de México y Centro América, el 2,58 % de Venezuela, el 0,26 % de Haití, el 0,13 % de Nicaragua y el 0,12 % de Cuba.
Esto apunta a que más allá de las políticas de contención migratoria que implementen los Estados, la tendencia dominante de la migración regional tiende al aumento. En 2022, según cifras de Migración Panamá, 220 mil personas atravesaron el Tapón del Darién en dirección a Centro y Norte América, duplicando las cifras de 2021, y solo entre enero y febrero de 2023 cruzaron cerca de 49 mil personas. Siendo las migraciones haitiana, venezolana, ecuatoriana y colombiana las de mayor presencia en esta ruta, seguidas por más de 50 nacionalidades provenientes de diversos países de Sur y Centro América, África y Asia.
Igualmente, la migración venezolana a gran escala ha aumentado progresivamente desde 2015 y actualmente mantiene bajas expectativas de disminución o retorno. En marzo de 2023 este flujo alcanzó la cifra de 7.239.957, mostrando un incremento del 30 % con respecto a 2022, según datos de la Plataforma Interagencial R4V. Además, de acuerdo con la firma Consultores 21, 1/3 de los hogares encuestados en diciembre de 2022 en Venezuela, mantuvo deseos de irse del país.
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Por lo tanto, el creciente número de migrantes y refugiados que están en tránsito hacia terceros países presentan a corto y mediano plazo importantes desafíos de carácter humanitario y en materia de integración y desarrollo a los países de las Américas, especialmente, Colombia y Centro América.
En el caso de Colombia, además de ser el receptor del 40 % del total de la migración venezolana con vocación de permanencia y de tener una de las fronteras más dinámicas de la región, departamentos como Norte de Santander, La Guajira, Arauca, César, Nariño, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, entre otros, vienen experimentando el incremento de flujos en tránsito hacia terceros países del sur y norte del continente. Se trata de una migración insegura y de gran incertidumbre, que requiere una respuesta humanitaria de atención inmediata y es de difícil gestión gubernamental tanto a nivel nacional como local.
Ante esta caótica realidad, se esperaría una respuesta regional que desde principios de cooperación y corresponsabilidad articulara a los Estados, por ejemplo, para cubrir los vacíos de la institucionalidad en los territorios, combatir bandas criminales de tráfico y trata de migrantes, coordinar políticas de regularización o circulación y fortalecer la respuesta humanitaria con albergues, alimentación y transporte para las personas en movimiento.
Por lo que la decisión de instalar en territorio colombiano un centro extranjero de procesamiento de migrantes, además de ser una medida que puede resultar ineficaz para frenar la migración irregular que se dirigen a Estados Unidos, complejizará aún más la recepción de migrantes en Colombia y sus rutas de atención.
Esto sin contar que, en términos de soberanía y derechos humanos, se corre el riesgo de que Estados Unidos imponga su política migratoria y condicione la cooperación para el desarrollo con la externalización del control migratorio de sus fronteras en Colombia. Una práctica que busca contener la llegada de migrantes y refugiados a territorio norteamericano, pero que a futuro puede generar en la región una mayor situación de desprotección y vulneración de derechos a esta población.
Los Estados y gobiernos de Colombia y Estados Unidos, son responsables de esta decisión y de su adecuada implementación para evitar que los riesgos anteriormente mencionados puedan llegar a materializarse afectando a un número creciente de migrantes en alto grado de vulnerabilidad.
*María Clara Robayo L. es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
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