Incertidumbre institucional en Ecuador, más allá del juicio contra Guillermo Lasso

“Ecuador, Ecuador” gritaron los correístas. “Viva la democracia”, “juicio ilegal”, “la pelea es peleando” respondieron, entre pancartas, los oficialistas. Así empezó en la Asamblea Nacional el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Mientras los suyos buscan que se quede, como el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que habló del “talante democrático” del mandatario al presentarse ante la legislatura, sus contradictores, como Viviana Veloz, que se refirió a él desde el inicio del encuentro como “presidente saliente” y al día del juicio político como algo histórico, lo quieren fuera.

“Ecuador, Ecuador” gritaron los correístas. “Viva la democracia”, “juicio ilegal”, “la pelea es peleando” respondieron, entre pancartas, los oficialistas. Así empezó en la Asamblea Nacional el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Mientras los suyos buscan que se quede, como el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que habló del “talante democrático” del mandatario al presentarse ante la legislatura, sus contradictores, como Viviana Veloz, que se refirió a él desde el inicio del encuentro como “presidente saliente” y al día del juicio político como algo histórico, lo quieren fuera.

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Un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers para la renta de buques petroleros lo tiene al borde de la destitución, pues, aunque se firmó en la administración anterior, en la de Lenín Moreno, la oposición le reclama que no lo haya finalizado ante reiteradas denuncias sobre irregularidades. Pero este es un eslabón más en la pila de reparos en su contra. La desaprobación alrededor de su mandato se vio, por ejemplo, en las elecciones locales de febrero de este año, en las que no solo el correísmo ganó en varias capitales y ciudades pequeñas, sino que sus cambios propuestos en la Constitución, como la reducción del número de asambleístas y la idea de replantear la designación de autoridades de control del Estado, fueron rechazados. Así, mientras su imagen está debilitada, la oposición, que impulsa su salida, gana espacios.

Para Franklin Ramírez, profesor del programa de sociología política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador, “los juicios políticos, más allá de sus razones sustantivas, tienen que ver con cómo fluctúan los bloques de poder y revelan hasta qué punto el poder político, los presidentes, están dispuestos a rendir cuentas ante el Legislativo”. El docente recuerda, por ejemplo, que esta es la primera vez que Lasso acude a un llamado de la Asamblea, pues en ocasiones anteriores, como cuando le pidieron comparecer por el caso de Pandora Papers, no lo hizo. Reconoce que, en este caso puntual, el que lo vincula con un presunto peculado, se agotaron todas las instancias judiciales (la legislatura y la Corte Constitucional), “lo que prueba las virtudes del diseño institucional”.

“No hay pruebas ni testimonios relevantes, lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”, declaró el mandatario ante el hemiciclo, donde también aseguró que “han creado una situación ficticia” y sacó a relucir el informe de la Comisión de Fiscalización, rechazado recientemente por el Parlamento, que recomienda no llevar a cabo el impeachment en su contra. Si la oposición logra conseguir los 92 votos, entre los 137 asambleístas, el Legislativo se convertirá en el escenario de su muerte política, algo que plantea panoramas complejos para el país: su continuidad en el poder, en medio de una crisis de seguridad (con 4.603 asesinatos en 2022) y de poca legitimidad por su gestión; el ascenso del vicepresidente, Alfredo Borrero, hasta las elecciones de 2025, o la muerte cruzada.

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“Lo de los votos sigue siendo incierto. Tengo la impresión de que el peor escenario sería que Lasso siguiera en el poder: habría presión política y el gobierno quedaría sin margen de maniobra. Con el vicepresidente Borrero se abriría una posibilidad de cierto diálogo, con Lasso no”, agrega el docente. Al respecto, Arturo Torres, director del medio digital Código Vidrio, especializado en la política ecuatoriana, le dijo a BBC Mundo: “Podríamos esperar una presidencia débil, sin grandes logros, en la que el nuevo presidente terminaría su mandato con las dificultades de coyuntura y estructurales que tenemos hasta ahora (…) El Ejecutivo estaría debilitado por toda la crisis y viviríamos una acelerada transición que esperemos sea en calma y en paz, pero también favorecería a la oposición, al correísmo, que se nutre de los errores del gobierno para apuntalar sus tesis políticas”.

Con respecto a la muerte cruzada, que le da el poder al presidente de disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas, se viene especulando desde hace rato que, de haber los votos en su contra, Lasso la usaría. Para Ramírez, aunque eso equivaldría a un suicidio político, dicha movida le daría seis meses de gobierno y el tiempo para que, con cierta sagacidad, pudiera recomponer en algo su imagen. “Ambos recursos, tanto el juicio político como la muerte cruzada, son constitucionales y lo clave aquí es el respeto al Estado de derecho, por encima de las diferencias políticas”. Ahora bien, conforme pasa el tiempo, el docente cree que el mandatario tiene menos condiciones para decretar la muerte cruzada. Además, “el problema no es tanto su suicidio político, sino que Ecuador viviría un proceso electoral a fin de año y otro en febrero de 2025. Es decir, en más o menos 15 meses atravesaría por dos comicios generales, y eso es un escenario de mayor incertidumbre institucional”.

El escenario no es fácil. En su editorial de este martes, el diario El Expreso de Ecuador menciona que si se disuelve la Asamblea, como algunos anticipan, lo que sigue para el país son seis meses de incertidumbre, que ahuyentarían la inversión y el empleo, y plantea otra salida: “Una cuarta opción aparece en el camino del presidente que hoy se ve sometido al banquillo de la Asamblea Nacional. Una que luce difusa, pero puede ser la vía que más le conviene no al presidente, ni a su gobierno, ni a los asambleístas, pero sí a los ciudadanos: la renuncia al cargo”.

Ecuador, otro país que está profundamente dividido. El periódico El Comercio recuerda que, de darse, esta sería la “cuarta defenestración en menos de tres décadas”. “El país nada ganó con la ruptura del orden constitucional en tres ocasiones anteriores. Los indígenas, los trabajadores y los desempleados no mejoraron su nivel de vida. Los empresarios, grandes y pequeños, no tuvieron mejores oportunidades para invertir. El país no consiguió mejor educación, mejor salud ni seguridad ante el crimen organizado. Lo único que se logró fue dividirnos más entre ecuatorianos, aun sabiendo que el odio no sirve para construir y el resentimiento no ayuda a progresar”.

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