Incertidumbre y angustia en familia de opositores detenidos en Nicaragua
Madres, esposas e hijos acuden frecuentemente a cárceles en Nicaragua para visitar a sus familiares detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, los días pasan y todavía no hay noticias sobre cuándo serán liberados.
Familiares de los 19 opositores presos en Nicaragua a menos de cinco meses de las elecciones, denunciaron este jueves vivir en incertidumbre y en varios casos sin conocer el paradero de quienes el gobierno ha calificado de criminales. “Ya han pasado varios días y aún no logramos ver a nuestros familiares. No sabemos exactamente dónde están ni como están. A pesar de llegar diario y varias veces a preguntar por ellos, la Policía no brinda información”, dijeron en un comunicado que fue leído durante una conferencia de prensa por videollamada.
Madres, esposas e hijos acuden a la cárcel policial conocida como “el nuevo Chipote”, en una colina al descampado, al suroeste de Managua, un lugar señalado por organismos de derechos humanos como de tortura. Han tratado llevar alimentos y medicinas, sin éxito.
Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas del presidente Daniel Ortega.
El gobernante manifestó el miércoles que no están juzgando a precandidatos sino a “criminales que han atentado contra el país”, y los acusó de querer darle un “golpe de Estado”, con el apoyo económico de Estados Unidos. “Llevamos 11 días sin ver a mi padre, qué es lo que pasa?, solo permiten que pase agua, no dejan al abogado que lo vea; ¿Es que los tienen golpeados?”, dijo Cristian Tinoco, hija del exguerrillero y exvicecanciller Víctor Tinoco, arrestado el 13 de junio.
Puede leer: Ortega asegura que opositores presos en Nicaragua querían derrocarlo
“No tenemos noticia fidedigna sobre su situación dentro de la cárcel y la preocupación se va convirtiendo en angustia”, sobre todo por su salud, comentó la esposa del exvicecanciller José Pallais, Hilma Herdocia.
Ana Álvarez, pariente de las activistas Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, a quienes no ha visto desde su arresto el 13 de junio, manifestó que durante la captura se allanó sus viviendas con violencia. “Tenemos testimonio de que fueron golpeadas”, agregó.
Álvarez dijo que la “narrativa” de criminalizar a los opositores “no es nueva”, pues el gobierno “criminaliza toda protesta social, a los activistas, líderes barriales y al que se oponga”. Ortega, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
Familiares de los 19 opositores presos en Nicaragua a menos de cinco meses de las elecciones, denunciaron este jueves vivir en incertidumbre y en varios casos sin conocer el paradero de quienes el gobierno ha calificado de criminales. “Ya han pasado varios días y aún no logramos ver a nuestros familiares. No sabemos exactamente dónde están ni como están. A pesar de llegar diario y varias veces a preguntar por ellos, la Policía no brinda información”, dijeron en un comunicado que fue leído durante una conferencia de prensa por videollamada.
Madres, esposas e hijos acuden a la cárcel policial conocida como “el nuevo Chipote”, en una colina al descampado, al suroeste de Managua, un lugar señalado por organismos de derechos humanos como de tortura. Han tratado llevar alimentos y medicinas, sin éxito.
Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas del presidente Daniel Ortega.
El gobernante manifestó el miércoles que no están juzgando a precandidatos sino a “criminales que han atentado contra el país”, y los acusó de querer darle un “golpe de Estado”, con el apoyo económico de Estados Unidos. “Llevamos 11 días sin ver a mi padre, qué es lo que pasa?, solo permiten que pase agua, no dejan al abogado que lo vea; ¿Es que los tienen golpeados?”, dijo Cristian Tinoco, hija del exguerrillero y exvicecanciller Víctor Tinoco, arrestado el 13 de junio.
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“No tenemos noticia fidedigna sobre su situación dentro de la cárcel y la preocupación se va convirtiendo en angustia”, sobre todo por su salud, comentó la esposa del exvicecanciller José Pallais, Hilma Herdocia.
Ana Álvarez, pariente de las activistas Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, a quienes no ha visto desde su arresto el 13 de junio, manifestó que durante la captura se allanó sus viviendas con violencia. “Tenemos testimonio de que fueron golpeadas”, agregó.
Álvarez dijo que la “narrativa” de criminalizar a los opositores “no es nueva”, pues el gobierno “criminaliza toda protesta social, a los activistas, líderes barriales y al que se oponga”. Ortega, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.