Israel, criticado por muertes en Gaza, señala el saldo civil de guerras de EE. UU.
Israel afirma que es imposible derrotar a su enemigo sin matar inocentes, una lección que los estadounidenses y sus aliados deberían comprender. Los reclamos e incluso condenas internacionales no cesan.
Michael Crowley y Edward Wong | The New York Times
Faluya. Mosul. Copenhague. Hiroshima.
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Faluya. Mosul. Copenhague. Hiroshima.
Ante las críticas mundiales por una sangrienta campaña militar en Gaza que ha matado a miles de civiles, las autoridades israelíes han recurrido a la historia en su defensa. Y han pronunciado los nombres de varios lugares infames de muerte y destrucción.
En declaraciones públicas y conversaciones diplomáticas privadas, los funcionarios han citado anteriores acciones militares occidentales en zonas urbanas que datan desde la Segunda Guerra Mundial hasta las guerras contra el terrorismo posteriores al 11 de septiembre. Su objetivo es ayudar a justificar una campaña contra Hamás que está cobrando miles de vidas palestinas.
En esos conflictos anteriores, civiles inocentes pagaron el precio por la derrota de enemigos. En Hiroshima y Nagasaki, hasta 200.000 civiles perecieron después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas para forzar la rendición de Japón. En Irak, cientos de civiles murieron en Faluya cuando las fuerzas estadounidenses luchaban contra los insurgentes iraquíes, y miles fallecieron en Mosul en las batallas iraquíes y estadounidenses contra el Estado Islámico.
Israel insiste en que intenta limitar las pérdidas civiles en una guerra contra un enemigo terrorista, que comenzó cuando Hamás mató a 1400 personas el 7 de octubre en el sur de Israel, la mayoría de las cuales eran civiles.
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Los defensores de los derechos humanos y muchos gobiernos de Europa y Oriente Medio se mofan de ello. Acusan a Israel de cometer crímenes de guerra en las semanas de ataques aéreos que han arrasado manzanas enteras de Gaza, destruyendo escuelas, mezquitas y otros objetivos que no parecen ser militares.
Las autoridades israelíes afirman que no tienen elección: los combatientes de Hamás, que según los cálculos israelíes son unos 30.000, se mezclan entre los 2,2 millones de habitantes de Gaza y almacenan armas en lugares civiles o bajo ellos, desafiando a Israel a lanzar ataques que avivan la indignación. Los funcionarios también afirman que claramente Hamás es culpable de asesinar intencionadamente a civiles israelíes.
El presidente Joe Biden y sus ayudantes se han cuidado de no insinuar siquiera en público que Israel pudiera estar violando alguna ley de guerra. Y el Departamento de Estado sigue aprobando la venta de armas a Israel mientras se abstiene de hacer cualquier valoración de la legalidad de las acciones de Israel. Algunos diplomáticos están incómodos con la situación, sobre todo desde que el departamento se comprometió formalmente ya este año a investigar los episodios de bajas civiles que implican armas de fabricación estadounidense.
Israel afirma que es imposible derrotar a su enemigo sin matar inocentes, una lección que los estadounidenses y sus aliados deberían comprender.
“En 1944, la Fuerza Aérea Real bombardeó el cuartel general de la Gestapo en Copenhague, un objetivo perfectamente legítimo”, dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un discurso a su nación el 30 de octubre. “Pero los pilotos británicos fallaron y, en lugar del cuartel general de la Gestapo, alcanzaron un hospital infantil cercano. Y me parece que 84 niños resultaron heridos y murieron quemados. Eso no es un crimen de guerra. No es algo de lo que se culpe a Gran Bretaña”. (De hecho, el bombardeo sucedió en 1945, afectó una escuela, y se piensa que mató a 86 niños y 18 adultos).
Netanyahu añadió que el ataque “fue un acto de guerra legítimo con las trágicas consecuencias que acompañan a una acción tan legítima. Y no se dijo a los Aliados: ‘No erradiquen el nazismo por esas trágicas consecuencias’”.
Los funcionarios israelíes también han mencionado las batallas estadounidenses contra los insurgentes en la ciudad iraquí de Faluya en 2004, durante la ocupación estadounidense de Irak, y, junto con las fuerzas gubernamentales iraquíes, contra el grupo terrorista Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul entre 2016 y 2017.
Y, en privado, durante las visitas del secretario de Estado Antony Blinken a Israel tras los atentados de Hamás del 7 de octubre, funcionarios israelíes trajeron a colación los bombardeos atómicos estadounidenses de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki.
“En cualquier situación de combate, como cuando Estados Unidos lideró una coalición para sacar al EI de Mosul, hubo bajas civiles”, dijo Mark Regev, portavoz del gobierno israelí, en una entrevista con PBS el 24 de octubre. Según Regev, la “ratio” de Israel de combatientes de Hamás a civiles muertos “se compara muy bien con la OTAN y otras fuerzas occidentales” en campañas militares anteriores.
Es imposible determinar esa ratio con exactitud. En el último mes, más de 10.000 personas han muerto en Gaza, el 40 por ciento de ellas niños, según el Ministerio de Salud de la zona. Se desconoce cuántas podrían haber sido militantes de Hamás.
La batalla de Mosul fue mucho más sangrienta que los combates anteriores en Faluya, y costó hasta 8000 vidas de civiles para matar quizá a varios miles de combatientes del Estado Islámico. Gran parte del centro de la ciudad quedó destruido. De manera similar a las afirmaciones israelíes de ahora, en ese entonces, los funcionarios estadounidenses afirmaron que los combatientes del Estado Islámico utilizaban a civiles como escudos humanos e incluso recibían de buena gana la muerte de civiles como forma de socavar el apoyo a la campaña militar estadounidense-iraquí.
Durante la batalla, que duró meses, los mandos terrestres iraquíes solicitaron a menudo ataques aéreos estadounidenses en zonas densamente pobladas, solicitudes que en algunos casos fueron rechazadas por funcionarios estadounidenses que afirmaron que el ataque podría constituir un crimen de guerra.
Pero las tragedias fueron inevitables. Un ataque aéreo estadounidense de marzo de 2017 dirigido contra un par de francotiradores del Estado Islámico en lo alto de un edificio en Mosul terminó por matar a más de 100 civiles que se refugiaban en su interior, según se descubrió posteriormente. Los investigadores del Pentágono concluyeron que las muertes no fueron causadas por la bomba estadounidense de 227 kilos, sino por las trampas explosivas del Estado Islámico colocadas en el interior, y que el Estado Islámico había atraído el ataque contra el edificio intencionadamente.
‘Ataques desproporcionados’
Las preguntas sobre si Israel está violando las leyes de la guerra se intensificaron la semana pasada después de que aviones de guerra lanzaran al menos dos bombas de 900 kilos —de las mayores del arsenal del país— sobre el barrio de Jabaliya, lo que mató a decenas de personas e hirió a cientos, la mayoría de familias de refugiados. Tras el ataque, el ejército israelí dijo que había intentado matar a un comandante de Hamás que había ayudado a planificar los atentados del 7 de octubre. El ejército volvió a bombardear la zona al día siguiente.
“Que Israel lanzara varias bombas de gran tamaño en medio de un campo de refugiados densamente poblado iba a provocar, completa y previsiblemente, una pérdida significativa y desproporcionada de vidas civiles y, por tanto, un crimen de guerra”, escribió en internet Kenneth Roth, quien fue director ejecutivo de Human Rights Watch y es profesor visitante en la Universidad de Princeton.
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La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que tiene “serias preocupaciones de que se trate de ataques desproporcionados que podrían equivaler a crímenes de guerra”. Jordania retiró a su embajador en Israel, citando una “catástrofe humanitaria sin precedentes” en Gaza.
El derecho de los conflictos armados establece que las muertes y daños incidentales a civiles y los daños a bienes no deben exceder la ventaja militar directa que se obtenga. Las Convenciones de Ginebra, la base ampliamente aceptada del derecho humanitario internacional y los códigos de guerra, se adoptaron en 1949 con el objetivo de evitar que los gobiernos infligieran el nivel de bajas masivas de la Segunda Guerra Mundial.
Funcionarios israelíes afirman que ya se les ha acusado falsamente de violaciones a estos acuerdos. En 2009, un grupo de expertos de las Naciones Unidas investigó la invasión israelí de Gaza de ese año y emitió un informe en el que concluía que tanto Israel como Hamás habían cometido crímenes de guerra y que Israel había llevado a cabo “un ataque deliberadamente desproporcionado destinado a castigar, humillar y aterrorizar a la población civil”.
El líder de ese panel, el jurista sudafricano Richard Goldstone, renegó más tarde públicamente de algunas de sus conclusiones centrales sobre Israel, afirmando que a medida que salían a la luz más pruebas había llegado a la conclusión de que “no se dañó intencionadamente a civiles como cuestión de política”.
En su explicación posterior, Goldstone mencionó como ejemplo el caso de una familia de 29 miembros que murió al ser bombardeada su casa. Dijo que el ataque se ordenó basándose en “la interpretación errónea de la imagen de un dron por parte de un comandante israelí”, y que el oficial estaba siendo investigado.
Los funcionarios israelíes afirman que toman amplias medidas para proteger a los civiles, como el lanzamiento de panfletos o la emisión de avisos en radio y televisión e incluso llamadas telefónicas instando a los residentes a abandonar las zonas de peligro antes de algunos ataques.
Pero estas acciones no se llevan a cabo cuando pueden eliminar un elemento de sorpresa necesario, por ejemplo, cuando se ataca a un dirigente de Hamás que podría huir rápidamente, según un alto asesor jurídico de las Fuerzas de Defensa de Israel.
En conversaciones con sus homólogos israelíes, los militares estadounidenses han comentado las lecciones aprendidas de las batallas en Irak y en Raqa, el cuartel general del Estado Islámico en Siria.
En algunos casos, el ejército estadounidense permitió que muchos civiles abandonaran las ciudades mucho antes de los combates.
Antes de la ofensiva de la infantería de marina en Faluya en noviembre de 2004, por ejemplo, muchos civiles iraquíes se fueron a Bagdad o buscaron refugio en una fábrica de hormigón a las afueras de Faluya tras recibir garantías de que podrían regresar. El ejército estadounidense destruyó gran parte de la ciudad, pero la mayoría de los iraquíes muertos eran insurgentes.
“Estados Unidos se esforzó mucho más por evitar bajas civiles en Faluya que los israelíes ahora”, afirmó Josh Paul, quien hace poco dejó su cargo en el Departamento de Estado y que trabajó en Faluya en 2004 y 2005.
Dos millones de habitantes de Gaza no tienen escapatoria.
Y Hamás lleva más de 15 años horadando las infraestructuras de Gaza.
Así, los comandantes israelíes se enfrentan repetidamente a la presencia de civiles en sus objetivos o cerca de ellos. El asesor jurídico militar israelí dijo que, en esos casos, los comandantes utilizan su criterio personal antes de ordenar un ataque, al evaluar el costo probable en vidas y si el objetivo previsto vale la pena.
No existe una fórmula consensuada para realizar cálculos tan macabros. Un punto de referencia que Israel considera relevante fue presentado por una investigación de Naciones Unidas sobre las muertes de civiles durante la campaña de bombardeos de la OTAN sobre Kosovo en 1999, cuyo objetivo era proteger a los albaneses étnicos de los ataques de las fuerzas serbias.
El informe resultante, que no declaró a la OTAN culpable de crímenes de guerra, señalaba que era “improbable que un abogado especializado en derechos humanos y un comandante de combate experimentado asignaran los mismos valores relativos a las ventajas militares y a los daños causados a los no combatientes”, o incluso que diferentes comandantes militares con distinta experiencia estuvieran de acuerdo.
El informe proponía un estándar de poca precisión: el juicio del “comando militar razonable”.
Las bombas estadounidenses y el derecho de guerra
La vasta escala de los ataques de Israel —junto con las declaraciones de oficiales militares israelíes que afirman que su intención operativa es causar daños y no busca precisión— ha dejado muchas dudas en todo el mundo. Y los dirigentes israelíes afirman que el objetivo de la campaña en Gaza es erradicar a Hamás, una meta indefinida que algunos funcionarios del gobierno Biden critican en privado.
Dadas estas cuestiones y el hecho de que gran parte del arsenal israelí consiste en armas compradas a Estados Unidos, cada vez hay más peticiones para que los funcionarios estadounidenses determinen si Israel las está utilizando de forma ilegal.
Funcionarios del gobierno Biden dijeron previamente este año que harían más para que los gobiernos que compran armas estadounidenses rindan cuentas al matar civiles. El Departamento de Estado envió en agosto un telegrama a sus embajadas y consulados para anunciar un nuevo programa en el que funcionarios estadounidenses investigarían tales informes.
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Aunque Blinken ha dicho que Israel debe hacer todo lo posible por reducir al mínimo las bajas civiles, el departamento se ha abstenido hasta ahora de investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel.
El 20 de octubre, Blinken dijo que “habrá mucho tiempo para hacer evaluaciones sobre cómo se llevaron a cabo estas operaciones”. El miércoles de la semana pasada, tras las muertes masivas en Jabaliya, Matthew Miller, portavoz del departamento, evitó responder a preguntas sobre si se estaba llevando a cabo un proceso, limitándose a decir: “No es una evaluación que estemos haciendo ahora”.
El Departamento de Estado rechazó las solicitudes de entrevista sobre este tema.
En 2016, la oficina legal del departamento difundió un memorando que decía que los funcionarios estadounidenses podrían ser declarados culpables de crímenes de guerra por vender bombas a Arabia Saudita que estaban siendo utilizadas en su guerra en Yemen, en donde los ataques aéreos de una coalición liderada por Arabia Saudita estaban provocando bajas civiles en masa.
“Los ataques israelíes que hemos visto hasta ahora deberían plantear serias preguntas a la gente del Departamento de Estado sobre cómo se están usando las armas estadounidenses”, dijo Brian Finucane, quien hasta hace poco fue abogado del departamento de Estado y ahora es asesor principal del International Crisis Group.
El Ministerio de Defensa israelí dijo que había arrojado al menos 10.000 municiones hasta el 1 de noviembre, en tres semanas y media de guerra. En cambio, el ejército estadounidense arrojó entre 2000 y 3000 municiones al mes durante las operaciones de combate más intensas contra el Estado Islámico en Irak y Siria entre 2015 y 2017, según un informe de la RAND Corporation. Solo en un mes, en la batalla por Raqa en agosto de 2017, esa cifra alcanzó las 5000.
“El ritmo de los bombardeos en Gaza se sale de lo normal”, afirmó Finucane. “Estados Unidos llevó a cabo intensos bombardeos en Raqa y Mosul. Estaba fuertemente regulado, pero incluso entonces, hubo muchas bajas civiles”.
Paul, el exfuncionario del Departamento de Estado, fue durante mucho tiempo empleado de la oficina político-militar de la agencia, que se ocupa de la venta de armas, hasta el mes pasado, cuando renunció por el apoyo y la ayuda letal de Estados Unidos a los bombardeos de Israel en Gaza, que calificó de inmorales. Paul dijo que no ha habido un debate real dentro del gobierno sobre el uso de armas estadounidenses en los ataques que matan a civiles y no hay manera de influir en la política al respecto desde dentro.
Añadió que “en la práctica y en la interpretación jurídica, no se ha establecido una norma legal sobre lo que constituye un empleo indebido de las armas estadounidenses”.
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