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Han pasado días desde que iniciaron las protestas a favor de Palestina en varias universidades estadounidenses, tras seis meses de la contraofensiva israelí en Gaza, que ha dejado más de 34.000 víctimas mortales, luego del ataque de Hamás contra el Estado judío. En algunas de ellas, como Columbia, en Nueva York, y la Universidad de California, en Los Ángeles, ha entrado la Policía para desmantelar campamentos y llevar a cabo varios arrestos, aproximadamente 2.000. Ante este panorama, el presidente Joe Biden se pronunció al respecto y el Gobierno federal abrió una investigación de derechos civiles por los sucesos ocurridos en el recinto educativo de la Gran Manzana.
El mandatario rompió días de silencio. En una declaración televisada desde la Casa Blanca, condenó enérgicamente a los estudiantes y otros manifestantes que, en su opinión, han llevado demasiado lejos sus quejas sobre la guerra. Pero rechazó los llamados republicanos a desplegar la Guardia Nacional para controlar las universidades: “Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a provocar el caos”. En su intervención agregó: “La gente tiene derecho a recibir una educación, el derecho a obtener un título, el derecho a cruzar el campus de forma segura sin temor a ser atacados”. El antisemitismo, añadió, “no tiene lugar” en Estados Unidos.
El jueves también se dio a conocer que el Gobierno federal abrió una investigación de derechos civiles en la Universidad de Columbia, después de que estudiantes propalestinos dijeran que habían sido objeto de acoso durante varios meses y que la universidad no los protegió. La denuncia fue presentada el mes pasado por Palestina Legal, un grupo de derechos civiles. De hecho, el Departamento de Educación ha abierto más de 60 investigaciones sobre universidades desde el 7 de octubre. Las investigaciones se enmarcan en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional.
Aunque la ola de arrestos se ha visto en varias universidades, otras, como Brown, en Rhode Island, y la Northwestern, en Illinois, tomaron otro camino: llegaron a acuerdos con estudiantes propalestinos para poner fin pacíficamente a sus campamentos. Eso, sin embargo, causó descontento entre la comunidad judía, que criticó esta disposición.
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