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Un juez federal estadounidense reafirmó hoy su orden al Gobierno de Donald Trump de reactivar por completo el programa para jóvenes indocumentados DACA con la admisión de nuevos solicitantes conocidos como "soñadores" o "dreamers".
El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, rechazó así el recurso del Ejecutivo a su decisión inicial del 24 de abril.
En ese fallo, consideró "inexplicada" la derogación del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) ordenada por Trump en septiembre del año pasado y, por lo tanto, concluyó que fue "ilegal".
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Bates, nombrado en el cargo por el expresidente George W. Bush (2001-2009), dijo que la suspensión fue "arbitraria y caprichosa" al no dar el Gobierno una "explicación racional" para ella, algo que reiteró hoy.
El magistrado, no obstante, congeló nuevamente la aplicación de su fallo hasta el 23 de agosto, para dar margen al Ejecutivo a decidir si recurrirá a una instancia superior y si solicitará una suspensión temporal.
"El tribunal no sostuvo en su opinión previa, y no lo mantiene hoy, que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) carezca de autoridad legal o constitucional para rescindir el programa DACA", argumentó el juez.
"Por el contrario, el tribunal simplemente sostiene que si el DHS desea rescindir el programa o tomar cualquier otra medida, debe dar una explicación racional de su decisión", añadió.
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La suspensión del DACA ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.
De hecho, en enero, otro juez federal ya ordenó la reactivación parcial del DACA con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.
Ese fallo, a diferencia del de Bates, ya se ha puesto en práctica.
El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690.000 jóvenes, que llegaron al país sin papeles cuando eran menores y a los que se conoce como "soñadores".
En sus planes para combatir la inmigración, el Gobierno de Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, una decisión que hubiese dejado a esos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación.
La decisión de Trump ha sido desafiada en diferentes cortes del país, por lo que es posible que el caso termine sobre la mesa del Tribunal Supremo en los próximos meses.