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Una de las últimas solicitudes que le hizo el gobierno de Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra viviendo en la embajada de ese país en Londres desde 2012, es que cuidara mejor de su gato si no quería perderlo. La petición, calificada como inusual por parte de su círculo, puede parecer un chiste, pero en caso de incumplirla el activista pondría en riesgo su libertad.
A partir de este mes, el gobierno ecuatoriano activó un riguroso protocolo que regula la estadía de Assange en la embajada. El documento limita drásticamente los pronunciamientos, las visitas, las comunicaciones y los controles médicos del activista en la embajada ecuatoriana en Londres. Este documento, emitido por el gobierno ecuatoriano, rige desde el 13 de octubre, cuando le fue notificado al australiano de 47 años. En caso de incumplir las nuevas reglas, Assange perderá el asilo y deberá, por lo tanto, abandonar la embajada y someterse a las autoridades del Reino Unido.
Las nuevas reglas de juego no le gustaron a Assange, quien en dos años pasó de vivir en una buena habitación a un cuarto de 19 metros cuadrados con un baño exterior y un área pequeña adaptada para la cocina. El fundador de Wikileaks anunció que demandará a la Embajada ecuatoriana por “violar sus derechos fundamentales”, según dijo su abogado en Quito, Carlos Poveda, al diario The Guardian. “Este nuevo régimen va contra su dignidad humana más básica como asilado”, dijo el defensor sobre el protocolo.
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El extenso protocolo, de 10 páginas, detalla paso a paso las reglas que Assange tendrá que cumplir para no perder su condición de asilado. Para empezar, toda persona ajena a la Embajada o al gobierno ecuatoriano que desee visitarlo, sin excepción, tendrá que solicitar previamente una autorización por escrito al embajador, con al menos tres días de anticipación.
Sin embargo, si alguien quiere visitarlo los fines de semana o los días festivos, no podrá hacerlo, pues el protocolo permite únicamente visitas en días y horas laborales. Solo se podrán entrevistar con Assange si “el asilado lo requiere, con una justificación al efecto, y con el acompañamiento de un miembro de la Embajada”.
La diplomacia ecuatoriana le notificó a Assange que, a partir del 1º de diciembre de 2018, la Embajada no se hará cargo de los gastos de lavandería, aseo ni comida, y todo esto tendrá que asumirlo el activista. Asimismo le pide que mantenga limpios su habitación y el baño que utiliza, que cuide y alimente a su mascota y que cada tres meses deberá hacerse chequeos médicos, que también tendrán que ser cubiertos con el dinero del fundador de Wikileaks.
Sin embargo, la regla más significativa es que, si quiere acceder a internet, solo podrá hacerlo a través de su teléfono móvil o su computador personal. Una medida que provocó, entre otras cosas, que Wikileaks emitiera un comunicado informando que “ante la detención arbitraria” de Assange, la organización nombró a un editor en jefe encargado.
(Ver más: Puede leer: ¿Por qué Ecuador no logra deshacerse de Julian Assange?)
Un cambio drástico
La puesta en marcha del “protocolo especial” para Julian Assange es el último capítulo de una serie de desencuentros entre el gobierno de Ecuador y el fundador de Wikileaks, que comenzaron poco después de que el actual presidente, Lenín Moreno, sucediera a Rafael Correa, que fue quien le ofreció protección en 2012 para evitar que fuera extraditado a Suecia, en donde la justicia lo requería por una denuncia de un supuesto abuso sexual.
Antes de la llegada de Moreno, Assange hizo de la embajada de Ecuador su centro de operaciones. El activista australiano, que ingresó a la sede diplomática disfrazado y en medio de un operativo de sus acólitos digno de una novela de espías, tenía completo acceso a todas las facilidades de la embajada ecuatoriana: internet ilimitado, comida tres veces al día y hasta servicio de aseo y lavandería. Además podía recibir invitados todos los días, sin mayores restricciones.
“El asilo de Assange fue parte de la estrategia de Rafael Correa para insertarse dentro de las grandes ligas de la política internacional”, explica Fermín Vaca, editor de la revista investigativa Plan V, de Ecuador. “Con Assange, el gobierno ecuatoriano buscaba mostrarse como un Estado defensor de la libertad de expresión, así como lo hicieron con el activista estadounidense Edward Snowden”, dice.
Pero las cosas con Lenín Moreno cambiaron drásticamente. El quiebre de las relaciones entre el actual presidente de Ecuador y su predecesor, Rafael Correa, coincidió, sin tener relación lo uno con lo otro, con unas declaraciones de Assange en marzo de 2017, en las que se pronunció a favor de la independencia de Cataluña y se reunió con líderes separatistas españoles en la embajada. A modo de castigo, la Embajada de Ecuador le bloqueó el acceso a internet por seis meses.
Fue a partir de ese momento que la estadía de Assange se convirtió en un verdadero problema para Lenín Moreno. El mandatario, que ha tratado de acercarse al gobierno de Estados Unidos, lo ha intentado todo, incluso otorgarle la nacionalidad y darle inmunidad diplomática para enviarlo a Moscú, con el objetivo de evitarse problemas con Washington y de paso zafarse del incómodo huésped que heredó. Sin embargo, los intentos han sido en vano por la negativa del gobierno del Reino Unido de otorgarle el estatus diplomático.
De hecho, ante el fracaso de esta estrategia, en la que el gobierno de Ecuador buscaba darle ese estatus para evitar su captura y poderlo enviar a Moscú, el diario británico The Guardian reveló un supuesto plan para extraerlo de la embajada, orquestado por las autoridades rusas con el supuesto apoyo de funcionarios ecuatorianos. El plan debía ejecutarse la noche de Navidad, pero fue abortado por complicaciones de último momento.
“En este momento, Assange se ha convertido en un problema, en un gasto para el gobierno ecuatoriano”, cuenta Vaca, quien dice que las presiones de Estados Unidos al gobierno de Moreno se han intensificado por la posible participación de Assange en el supuesto entramado ruso que saboteó las elecciones estadounidenses de 2016.
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De hecho, de acuerdo con una investigación hecha por Plan V y The Guardian, Assange recibió a más de 80 visitantes en las siete semanas previas a la publicación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, entre ellos varios funcionarios rusos. El gobierno de Rafael Correa habría encubierto los libros de visita como parte de la denominada operación Hotel, en la que se garantizaba la seguridad para el fundador de Wikileaks.
Estas visitas han sido objeto de una intensa especulación, pues investigaciones en curso apuntan a que espías rusos le habrían suministrado esta información a Wikileaks en un intento de ayudar a elegir a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pero aunque todo esto es, por ahora, una especulación, lo único cierto es que Assange recibió los correos de Clinton mientras estaba bajo el techo de la embajada ecuatoriana.
Sin embargo, según Vaca, más allá del lío diplomático de mantener al fundador de Wikileaks asilado, el caso de Assange se ha vuelto también un tema político dentro de su país. Según el periodista, el asilo y los costos de la estadía del activista en Ecuador (cerca de US$66.000 mensuales) se han politizado, pues son el ejemplo perfecto para Lenín Moreno en su afán de “demostrar los excesos de su antecesor, Rafael Correa”.