Juntos Se Puede pide cambios en salvoconducto para refugiados en Colombia

La directora de la Fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García, le pidió a la Cancillería de Colombia una modificación en el proceso en los salvoconductos que se le otorgan a los refugiados en el país, un recurso temporal que les permite, entre otras cosas, resolver su situación jurídica y migratoria a los solicitantes.

Según un comunicado de la Fundación, Colombia continúa jugando “un papel crucial como refugio para quienes huyen de la persecución política, el acoso a la prensa y la represión cívica en Venezuela”. Tan solo en el último mes, Juntos Se Puede ha recibido a más de 170 perseguidos políticos venezolanos, producto del contexto de violencia política que se genera en ese país: más de 1.700 detenciones arbitrarias, incluyendo menos de edad, 40 desapariciones y 26 asesinatos.

Sin embargo, pese a la alta demanda de solicitudes, “la burocracia vigente en el sistema de protección colombiano impone graves limitaciones a los refugiados en situación de espera”, según la Fundación. El salvoconducto otorgado no permite trabajar legalmente, lo que priva a los solicitantes de generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

Por esta razón, García le dijo al canciller, Luis Gilberto Murillo, a través de un derecho de petición, que se modifiquen las condiciones de este recurso para que sea más inclusivo, y que se le permita a las personas solicitantes contribuir a la sociedad colombiana, a la vez que se respetan sus derechos fundamentales.

“Tenemos 178 personas que están solicitando protección internacional, la condición de refugio y que no pueden trabajar (...) radicamos un derecho de petición para que se revise la solicitud y se permita trabajar con el salvoconducto de forma temporal”, afirmó García, recordando que estas personas que llegaron a la Fundación no pueden suscribir contratos laborales a término definido y de prestación de servicios con el salvoconducto actual.

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Sin embargo, pese a la alta demanda de solicitudes, “la burocracia vigente en el sistema de protección colombiano impone graves limitaciones a los refugiados en situación de espera”, según la Fundación. El salvoconducto otorgado no permite trabajar legalmente, lo que priva a los solicitantes de generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

Por esta razón, García le dijo al canciller, Luis Gilberto Murillo, a través de un derecho de petición, que se modifiquen las condiciones de este recurso para que sea más inclusivo, y que se le permita a las personas solicitantes contribuir a la sociedad colombiana, a la vez que se respetan sus derechos fundamentales.

“Tenemos 178 personas que están solicitando protección internacional, la condición de refugio y que no pueden trabajar (...) radicamos un derecho de petición para que se revise la solicitud y se permita trabajar con el salvoconducto de forma temporal”, afirmó García, recordando que estas personas que llegaron a la Fundación no pueden suscribir contratos laborales a término definido y de prestación de servicios con el salvoconducto actual.

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