Justicia venezolana bloquea juicio parlamentario contra Maduro
Tras acusar al oficialismo de incumplir acuerdos alcanzados, la Mesa de la Unidad Democrática retomó el procedimiento y declaró la "responsabilidad política" del presidente.
AFP
No hay tregua en la guerra de poderes que vive Venezuela: la justicia declaró nulo el juicio parlamentario que estableció la "responsabilidad" del presidente Nicolás Maduro en la grave crisis política y económica del país.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que los actos de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, "resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica", al ratificar que el Legislativo se encuentra en "desacato".
El fallo recordó una decisión previa de la Sala Constitucional -emanada hace un mes- que había ordenado al Parlamento "abstenerse" de continuar el proceso contra Maduro.
El nuevo choque se produce apenas un día después de que el TSJ juramentara a dos rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), tarea que correspondía a los asambleístas, pero que asumió la máxima corte venezolana al alegar que la situación de "desacato" de la cámara les inhabilitaba para ello.
La oposición califica a los poderes judicial y electoral como aliados del chavismo.
La mayoría de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había postergado el juicio legislativo contra Maduro como un gesto en favor del diálogo iniciado con el gobierno el 30 de octubre con acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
Sin embargo, tras congelar las conversaciones acusando al oficialismo de incumplir los acuerdos alcanzados, la bancada de la MUD retomó el procedimiento el martes y declaró la "responsabilidad política" del presidente.
Solicitó igualmente a la Fiscalía que investigue si existen razones para abrir un juicio contra el gobernante socialista que derive en su destitución.
Los diputados del oficialismo se retiraron en bloque de la sesión y denunciaron un intento de "golpe de Estado". El miércoles ejercieron acciones legales contra sus colegas de la oposición.
Conflicto constante
Desde enero pasado, cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional tras ganar las elecciones de diciembre de 2015, la batalla entre poderes ha sido permanente y casi la totalidad de las decisiones legislativas han quedado sin efecto.
Al anular el juicio contra Maduro, el TSJ subrayó que "aún persiste" la situación de desacato del Parlamento, "por no haber sido formalmente desincorporados" tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude presentadas por el chavismo.
Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos por el estado Amazonas (sur), pidieron su exclusión el 15 de noviembre, pero la justicia sostiene que esa solicitud no fue "aprobada o rechazada" en el hemiciclo.
Este jueves, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, manifestó que apenas una de las leyes sancionadas a lo largo del año ha sido ratificada con su publicación en Gaceta Oficial.
Según un balance presentado ante la prensa por Ramos Allup, 17 leyes fueron aprobadas, pero ocho fueron declaradas inconstitucionales por el TSJ y ocho están congeladas por el Ejecutivo a la espera de promulgación.
No hay tregua en la guerra de poderes que vive Venezuela: la justicia declaró nulo el juicio parlamentario que estableció la "responsabilidad" del presidente Nicolás Maduro en la grave crisis política y económica del país.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que los actos de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, "resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica", al ratificar que el Legislativo se encuentra en "desacato".
El fallo recordó una decisión previa de la Sala Constitucional -emanada hace un mes- que había ordenado al Parlamento "abstenerse" de continuar el proceso contra Maduro.
El nuevo choque se produce apenas un día después de que el TSJ juramentara a dos rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), tarea que correspondía a los asambleístas, pero que asumió la máxima corte venezolana al alegar que la situación de "desacato" de la cámara les inhabilitaba para ello.
La oposición califica a los poderes judicial y electoral como aliados del chavismo.
La mayoría de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había postergado el juicio legislativo contra Maduro como un gesto en favor del diálogo iniciado con el gobierno el 30 de octubre con acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
Sin embargo, tras congelar las conversaciones acusando al oficialismo de incumplir los acuerdos alcanzados, la bancada de la MUD retomó el procedimiento el martes y declaró la "responsabilidad política" del presidente.
Solicitó igualmente a la Fiscalía que investigue si existen razones para abrir un juicio contra el gobernante socialista que derive en su destitución.
Los diputados del oficialismo se retiraron en bloque de la sesión y denunciaron un intento de "golpe de Estado". El miércoles ejercieron acciones legales contra sus colegas de la oposición.
Conflicto constante
Desde enero pasado, cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional tras ganar las elecciones de diciembre de 2015, la batalla entre poderes ha sido permanente y casi la totalidad de las decisiones legislativas han quedado sin efecto.
Al anular el juicio contra Maduro, el TSJ subrayó que "aún persiste" la situación de desacato del Parlamento, "por no haber sido formalmente desincorporados" tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude presentadas por el chavismo.
Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos por el estado Amazonas (sur), pidieron su exclusión el 15 de noviembre, pero la justicia sostiene que esa solicitud no fue "aprobada o rechazada" en el hemiciclo.
Este jueves, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, manifestó que apenas una de las leyes sancionadas a lo largo del año ha sido ratificada con su publicación en Gaceta Oficial.
Según un balance presentado ante la prensa por Ramos Allup, 17 leyes fueron aprobadas, pero ocho fueron declaradas inconstitucionales por el TSJ y ocho están congeladas por el Ejecutivo a la espera de promulgación.