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Kent Francis es un raizal que fue embajador en Jamaica entre 2003 y 2007. Como en 2002 se cerraron cuatro embajadas en el Caribe (Belice, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana), durante el cuatrienio de su misión diplomática le correspondió atender a todos los países anglos del Caribe desde Jamaica. Durante el juicio entre Nicaragua y Colombia en La Haya, Francis suministró información al equipo defensor colombiano; sin embargo, aclara que jamás habló en nombre de la población raizal ni de los sanandresanos, los verdaderos damnificados del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le otorgó a Nicaragua la soberanía sobre 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe que antes eran de Colombia.
Ahora que el gobierno colombiano está estudiando iniciativas para disminuir los efectos de la sentencia en la población, Francis dice que las medidas más urgentes para ayudar a San Andrés son reducir la densidad de población del archipiélago e incluir a los raizales en redes económicas productivas. Destaca que otro punto importante es que el archipiélago de San Andrés se convierta en un ejemplo de la política descentralizada del Estado colombiano.
¿Durante su gestión como embajador estuvo al tanto del juicio entre Colombia y Nicaragua?
Hemos estado colaborando y fundamentalmente emitiendo información y conceptos sobre las condiciones antropológicas y geográficas y las costumbres marinas de la gente del archipiélago y de la costa nicaragüense de la Mosquitia. Más que todo, a mí me correspondió obtener informaciones en los archivos de Jamaica y Gran Caimán que evidencian la jurisdicción que se ejerció desde épocas coloniales hasta hoy sobre el mar que estaba en disputa. Estaba en contacto permanente con la Cancillería y con Julio Lodoño, suministrándole la información que él me solicitara.
¿La Corte tuvo en cuenta sus recomendaciones?
Fueron fundamentales para demostrar la posesión ejercida sobre todos los territorios marinos que ellos reconocieron como colombianos, que habían sido permanentemente poseídos, usados en la pesca y la vigilancia por Colombia. Eso no tuvo cuestionamientos y fue suficientemente demostrado, por eso todas las porciones marinas de Serranilla, Quitasueño, Serrana, Roncador, Albuquerque y las islas del Este, fueron demostradas como de nuestros pescadores.
Pero la Corte les quitó una buena parte del mar a esos pescadores...
Eso es lo grave. Leyendo las consideraciones que hicieron en la sentencia, en una parte dicen que no se demostró suficientemente cómo constituía ese mar parte fundamental para el sostenimiento, la alimentación y el sustento de los habitantes del archipiélago. Creo que mucho se resquebrajó a partir de 2007, cuando el primer fallo de la Corte fraccionó el archipiélago. Éste siempre ha sido todo un conjunto, incluyendo las islas del Maíz y las islas Miskitos, en el lado occidental del meridiano 82.
Cuando lo consultaban, ¿hablaba en nombre de la población raizal?
No, jamás. Desde que empezó el proceso, en 2001, el entonces representante a la Cámara por el archipiélago, Wálter Jiménez, solicitó en la Comisión Segunda de la Cámara, mediante una proposición que fue aprobada, que en el equipo defensor de Colombia ante La Haya estuviera un raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. Eso jamás fue escuchado. Desde 2001 y en adelante, la comunidad y las autoridades lo pidieron. La relación que tuvimos nosotros (el embajador Ricardo Vargas Taylor y yo) con el embajador Londoño fue de suministrarle la información que pidiera. Lo hacíamos a nombre personal, no a nombre de la población.
¿Entonces los raizales no fueron consultados?
Jamás hubo una interacción que yo conociera con el pueblo raizal, que se sentía excluido y tenía mucho que decir. La verdad es que no fuimos escuchados.
¿Cómo ve la reacción del Gobierno frente al fallo?
Hablan de una política de Estado para atender el problema, pero creo que eso incluye la participación de la comunidad afectada y de la academia. Es en esa diversidad que pueden llegar ideas que a un solo equipo no se le puede ocurrir; pueden familiarizar a una comunidad en un asunto tan trascendental, como el que el equipo defensor tenía entre manos. Esto para que no quede en una forma secreta, como si fueran documentos escondidos. Sé que hasta miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no llegaron a participar verdaderamente de los contenidos y la toma de decisiones fundamentales en cuanto al desarrollo de la defensa colombiana en La Haya.
¿Qué acuerdos deberían buscarse entre Colombia y Nicaragua?
Nosotros nos sentimos como una región cultural que trasciende la frontera nacional. Más que todo con la costa caribe nicaragüense, pero también con Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica y Panamá. Debe haber una política de fronteras abiertas que permita que nos integremos con nuestros semejantes y los otros países para provecho de todos los moradores de la región. Una política que abra puertas y que no sea como un patio trasero con cercas.
En cuanto a la pesca, ¿qué acuerdos son necesarios?
Desde el mismo día del fallo, el presidente Ortega manifestó que lo que ancestralmente ha hecho el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, él lo va a mantener, no lo va a cambiar. Cuando esto se traduzca en acuerdos que tengan a perpetuidad ese tipo de exploraciones económicas, se devolverá la confianza y la seguridad a los isleños.
En todo caso, hay pescadores industriales y artesanales que ven amenazada su subsistencia económica. ¿Qué alternativas hay para ellos?
Tenemos que aprender que las fronteras no son un muro de Berlín; deben ser ventanas y puertas abiertas para generar una integración en poblaciones que somos similares de lado y lado de las fronteras. Debemos procurar una integración que favorezca cultural y socialmente a los pobladores, que han estado en estos sitios desde antes de las divisiones entre los países. También hay otras técnicas que se pueden incorporar, tanto en agricultura como en maricultura, para proveer alimentación. Hay una cantidad de cosas que debemos aprender, que ya las hacen en otras partes del mundo, sobre todo en países asiáticos.
La emergencia económica y social que el presidente Santos planea consiste, entre otras cosas, en entregar subsidios y exenciones tributarias. ¿Cómo ve estas medidas?
Tenemos gran preocupación porque se tomen medidas que sean paliativos como para ir preparándonos para la decisión que va a tomar el país con respecto a lo que ya es un hecho, que es lo que la Corte sentenció. Lo que necesitamos es claridad y que se nos cambie el rumbo que han tenido históricamente los más autóctonos del pueblo raizal en el archipiélago, y que se tomen medidas que den seguridad de que el pueblo raizal no siga en este camino de extinción económica, política y cultural, sino que se pueda garantizar su sobrevivencia en forma digna. Las medidas deben poner otra vez al isleño en las redes económicas productivas.
Hay algo que nos afecta mucho y es el sobrepoblamiento del archipiélago, que puede ser tres veces más población de lo que debería tener. Con una política de Estado en forma permanente y bien financiada, se podrían buscar maneras para que se pueda localizar a personas y familias del archipiélago en otras partes del país. Así podríamos ordenar el archipiélago.
¿Cómo debería ser el Plan San Andrés que el Gobierno quiere llevar a la isla?
Creemos que puede ser una gran oportunidad para atender una serie de necesidades de reorientación. Hay una comunidad raizal que, como se han desarrollado las cosas, está en peligro de extinción. Eso sí ha sido una política de Estado: generar cosas sobre el archipiélago que nos han puesto en una forma exagerada de sobrepoblación, que produce daños en el ambiente y descomposición social y no satisface las necesidades básicas. En este momento el archipiélago tiene, comparado con cualquier otra isla oceánica, una población exagerada que va en su detrimento y en detrimento del pueblo raizal.
Ya desde 1912 San Andrés, Providencia y las islas del archipiélago eran el territorio más densamente poblado de Colombia: teníamos aproximadamente 6.000 habitantes en 48 km². Desde 1912, el Gobierno empezó a estimular la llegada de personas de otras partes del país, y cuando llegó el puerto libre se hizo sin planificación ni ordenamiento. Ésto ha explotado de una manera que va en contra de la existencia del pueblo raizal.
¿Medidas como la emergencia económica y el Plan San Andrés han sido suficientemente socializadas con la población?
Se han hecho mesas de trabajo, pero hace falta una comunicación de doble vía para que la gente entienda y sobre todo exprese sus necesidades, sus aspiraciones. Falta que internamente podamos dimensionar lo que debe ser un desarrollo sostenible en el archipiélago. Hay que garantizar que esto tenga un desarrollo orientado a la preservación ambiental, que logre captar la atención de muchos habitantes.
Hay un grupo de raizales trabajando en un estatus político propio para crear un gobierno autónomo...
Si hay algo que impacta en todo el país es la exagerada concentración política con que se maneja el Estado colombiano, y eso ha sido histórico. Cuando hemos intentado darles poder a las regiones no hemos obtenido el resultado esperado y hay una manifiesta desconfianza desde el centro hacia las regiones, una manipulación para mantener todos los poderes concentrados en Bogotá. Creo que San Andrés como región insular debería ser un ejemplo de descentralización, dándole a un conglomerado autonomía para establecer su crecimiento de la forma más adecuada. Los errores son innumerables en cuanto a cómo se diseñan y se imponen, para una región insular, políticas que son apropiadas para la Región Andina pero inadecuadas para las islas. No podemos seguir bajo la orientación de una concentración de poder en la capital.
Hay un grupo (Amen SD) que lleva las banderas independentistas, pero fundamentalmente todos estamos de acuerdo en que ahora es adecuado discutir la concentración que se hace desde la capital, que se nos ha cerrado y no nos permite ser protagonistas de nuestro orden económico, social y cultural. Es adecuado que ahora se escuche el anhelo que tenemos los pobladores del archipiélago.
¿La salida del Pacto de Bogotá va ayudar en algo?
No veo cómo pueda ayudar. Nos puede colocar en un terreno de diálogos bilaterales interminables y ante eso no vamos a tener ningún tipo de solución mediante un organismo como una corte, que podría restablecer la convivencia. Tenemos la experiencia con nuestros vecinos de Venezuela; llevamos 40 años hablando y no hay acuerdo.