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La candidata correísta Luisa González, quien ganó la primera vuelta presidencial en Ecuador y disputará el balotaje del 15 de octubre, denunció este viernes que está amenazada de muerte y aceptó recibir protección militar en medio de una campaña electoral ensombrecida por el asesinato de un candidato.
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“Hoy recibí amenazas contra mi vida al ser la candidata más opcionada para ganar la Presidencia”, expresó la aspirante en un comunicado de su movimiento Revolución Ciudadana, afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017).
González se ubicó primera en la elección presidencial extraordinaria del 20 de agosto con 34 % de los votos válidos y disputará la segunda vuelta con el derechista Daniel Noboa, segundo con 23 %, de acuerdo a los resultados oficiales.
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El candidato de centro Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros el 9 de agosto cuando salía de un mitin en Quito. El experiodista de investigación era uno de los favoritos para los comicios.
Según González, la fiscalía investiga a una persona que “habría asegurado poseer bombas para atentar” contra su vida, por lo que deberá fortalecer su esquema de seguridad.
“Les tengo que dar una triste noticia. Estoy usando chaleco antibalas”, expresó la correísta de acuerdo al boletín. Además, aceptó el ofrecimiento del gobierno que se comprometió a dar protección militar a los candidatos finalistas, añadió.
Hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, Noboa tuvo un sorpresivo resultado en las elecciones del 20 agosto. Tras el homicidio de Villavicencio, el derechista dijo haber recibido amenazas y apareció con chaleco antibalas en el debate presidencial del 13 de agosto, lo que según analistas lo catapultó al balotaje.
Ecuador afronta un embate de la violencia vinculada al narcotráfico, que controla cárceles y se disputa el mercado de la droga a sangre y fuego.
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Entre el miércoles y jueves estallaron dos carros bomba en Quito, sin dejar víctimas, en acciones dirigidas contra el organismo rector de las prisiones.
El nuevo presidente completará el actual período de cuatro años (hasta mayo de 2025) luego de que el gobernante derechista Guillermo Lasso disolviera el Congreso de mayoría opositora en mayo como salida a una grave crisis política, lo que dio paso a elecciones generales anticipadas.
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